Cardenal ordena a Anticorrupción que no investigue al ministro Piqué sin su permiso

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha ordenado al fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que no adopte ninguna iniciativa ni solicite diligencias al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Piqué sin someterlo previamente a su autorización, informaron ayer fuentes fiscales. Tal imposición, sin precedentes sobre un fiscal de la cúpula de la carrera, coincide con el traslado forzoso del fiscal Bartolomé Vargas, que propugnó imputar al hoy ministro de Exteriores ante el Supremo y se adopta justo antes de que Piqué declare en la Audiencia Nacional como testigo por la venta de Ertoil.

El relevo y traslado forzoso del fiscal Bartolomé Vargas, las restricciones impuestas a Anticorrupción para actuar ante la Audiencia Nacional antes de que Piqué declare 'como testigo' y la entrega del sumario al fiscal jefe José Aranda, ferviente partidario de archivarlo, conforman la secuencia de acontecimientos que ayer convulsionaron a buena parte del ministerio fiscal.

Según fuentes fiscales, Cardenal ha enviado una carta dirigida al fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, en la que le ordena no adoptar iniciativas ni solicitar diligencias del Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional sin contar previamente con su autorización. Un portavoz de la fiscalía del Estado dijo desconocer el asunto, dado que Cardenal se encuentra esta semana de vacaciones.

La medida, aunque dirigida directamente a Jiménez Villarejo, afecta también, según fuentes fiscales, a la labor del fiscal adscrito al caso Ercros -investigación de un supuesto alzamiento de bienes en la venta de Ertoil- en la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, que es quien actúa directamente por delegación de Villarejo ante al Audiencia. González Mota realizó un informe sobre la venta de Ertoil que corrobora en líneas generales todas las investigaciones del fiscal Vargas, aunque reduce de 40.000 a 20.000 millones de pesetas el dinero no localizado en la venta circular de la petrolera.

Las fuentes consultadas destacaron que, al menos de momento, la fiscalía general no ha impuesto las mismas limitaciones al fiscal jefe de Barcelona, José María Mena, pese a que en una parte del sumario por las irregularidades detectadas en la venta de la petrolera Ertoil por su sociedad matriz, Ercros, se llevan en el juzgado de instrucción 5 de la capital catalana. El acuerdo de la Junta de Fiscales de Sala el pasado 10 de julio se refiere a que Piqué y todo el consejo de administración de Ercros declaren como testigos ante la Audiencia Nacional, pero no prevé ninguna declaración en el juzgado de Barcelona.

Entretanto, el fiscal Bartolomé Vargas, que propugnó la imputación del ministro Josep Piqué por el Tribunal Supremo, recibió ayer el decreto que ordena su traslado a otra subsección de la Sala de lo Penal, en unas dependencias del propio edificio de la Fiscalía del Estado, a dos manzanas de su actual despacho del Tribunal Supremo, y a la órdenes del fiscal Eduardo Torres-Dulce.

El decreto de traslado va firmado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón, si bien las fuentes consultadas subrayaron que estatutariamente es Cardenal, como jefe de la fiscalía, el auténtico responsable del traslado.

El decreto de traslado, de dos folios de extensión, justifica la medida en las 'reiteradas diferencias de criterio' entre el fiscal jefe de lo Penal del Supremo, José Aranda, y Bartolomé Vargas, cuyo proyecto de imputar a Piqué fue respaldado por 12 votos frente a dos en la junta de los fiscales de su sección.

Luzón se refiere después a 'situaciones tensas y difíciles' expuestas por Aranda, que 'muestran una clara incompatibilidad con éste. Según Luzón, Vargas puso de relieve su 'disgusto, aunque no resentimiento', por lo que entendió como 'descalificación de su trabajo por su jefe, no obstante su respeto y personal aprecio por el mismo'..

Luzón termina justificando el traslado forzoso del fiscal del caso Piqué en que la adscripción a una u otra sección de lo penal 'es variable discrecionalmente en cualquier momento' y en que así lo aconseja 'el interés del servicio'.