Las operadoras se quejan a Bruselas de las trabas del Gobierno a la sociedad de la información

El desarrollo de la sociedad de la información, basada en el uso de Internet y las nuevas tecnologías, es un asunto prioritario en la agenda del presidente del Gobierno, José María Aznar, para los próximos meses. En La Moncloa pretenden que Aznar luzca el esfuerzo realizado por su gabinete en la promoción de las nuevas tecnologías durante la presidencia española de la UE en el primer semestre de 2002. El presidente, sin embargo, no las tiene todas consigo.

El documento, realizado a petición de la propia Comisión para elaborar el séptimo Informe anual sobre el marco regulatorio de las telecomunicciones en la UE, destaca los esfuerzos que ha hecho España para abrir el sector a la competencia desde 1998 -más de un centenar de empresas han solicitado licencias de operador-, pero subraya que 'en numerosas ocasiones las medidas tomadas han sido poco acertadas y han provocado un marco altamente inestable'.

Aniel, patronal que representa en torno al 95% de las empresas de producción de electrónica y telecomunicaciones y de la actividad de prestación de servicios, achaca al Gobierno del PP el haber puesto en peligro la inversión a largo plazo y la creación de empleo con decisiones cambiantes que han generado una enorme incertidumbre en los planes de negocio y en el desarrollo de la competencia.

'El proceso regulatorio ha revelado desde el inicio una inestabilidad importante del modelo de liberalización, modificando de forma continuada el escenario de negocio', afirma el informe, consensuado en el consejo de Aniel del pasado 4 de julio. Ante ese panorama, 'el sector demanda mayor seguridad jurídica para evitar los constantes cambios en las reglas de juego, que generan una incertidumbre añadida a la del propio negocio', asegura el texto que ya ha sido enviado a Bruselas. La Comisión Europea tiene prevista una reunión el próximo 2 de octubre para analizar el texto y trasladar las informaciones recabadas en Aniel, la secretaría de Estado de Telecomunicaciones y el operador dominante (Telefónica) a su documento sobre liberalización en diciembre próximo.

Confusión

En su informe, las empresas han destacado la 'confusión' creada con el reparto de competencias aprobado en abril de 2000, al inicio de la segunda legislatura del PP. A juicio del sector, la dispersión de competencias entre distintas carteras ministeriales, no siempre bien coordinadas, impide la rápida resolución de conflictos y crea barreras al desarrollo de la sociedad de la información.

Recuerdan, en ese sentido, que tienen poderes en materia de telecomunicaciones: la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), adscrita al Ministerio de Economía; el propio departamento de Rodrigo Rato; los Ministerio de Ciencia y Tecnologíala Comisión delegada de Asuntos Económicos del Gobierno; la dirección general de coordinación con las haciendas locales; el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Entidad pública Red.es, adscrita a la cartera de Anna Birulés.

Entre las barreras, el informe cita: la tasa sobre la telefonía móvil, que ha experimentado un incremento hasta 147.000 millones de pesetas en 2001 y se pretende rebajar en los próximos años en conversaciones con Economía, Hacienda y Ciencia y Tecnología; la falta de homogeneidad en las condiciones y requisitos de las licencias para prestar servicios; el establecimiento de un régimen de precios máximos que ha estrechado los márgenes de modo 'excesivo' y el 'largo y farragoso' proceso que tienen que salvar las empresas para tender sus redes de móvil o cable como consecuencia de la 'discrecionalidad en la fijación de exigencias por parte de los ayuntamientos'.