Teletrabajo y economía sumergida
Vivimos hoy en día una época de sangrante desvinculación de las empresas con los trabajadores; la temporalidad de los contratos alcanza unos valores que me permito calificar de inmorales; la subcontratación de los trabajos, con la precarización laboral que supone, parece ser el camino a seguir por toda empresa que se precie. La aspiración de las empresas es reducir al mínimo el coste laboral.
En esta coyuntura aparece, de la mano del auge de Internet y las telecomunicaciones, una nueva forma de relación laboral: el teletrabajo. La principal novedad en esta fórmula de empleo es el hecho de no estar necesariamente sujetos a un lugar específico para poder realizar el trabajo. Parece obvio que esto añade ciertas ventajas, de hecho, debe ser una fórmula ventajosa cuando la Junta de Andalucía está empleando dinero del Fondo Social Europeo en subvencionar cursos de teletrabajo; pero desde mi punto de vista también supone un gran riesgo para los derechos de los trabajadores. ¿Quién garantiza que la relación entre empresa y empleado se va a formalizar mediante un contrato? ¿Tiene medios la Inspección de Trabajo para detectar las infracciones que se produzcan?
Mucho me temo que estamos ante una nueva fórmula de economía sumergida, que, camuflada bajo una imagen de modernidad y vanguardia, se suma a los atentados que sufren los derechos laborales y viene a añadir más desregularización a éste ya de por sí precarizado mercado laboral.
No nos dejemos engañar, por mucho ordenador, módem, Internet, RDSI y demás parafernalias tecnológicas que usemos para realizar nuestro trabajo, como trabajadores existen unos derechos esenciales que debemos exigir, y uno de ellos es el de contar con un contrato de trabajo.
