El Congreso aprueba la Ley de Extranjería con el rechazo general al recorte de derechos

El Gobierno logró ayer que el Congreso aprobara la reforma de la Ley de Extranjería, pero tuvo que soportar el chaparrón de toda la oposición, incluidos sus tradicionales socios catalanes y canarios, por haber prohibido a los inmigrantes sin papeles el ejercicio de los derechos de sindicación, asociación, huelga y manifestación. El PSOE votó no a la reforma alegando que el recorte de los derechos es contrario a la Constitución y a los derechos humanos, lo que motivó una dura réplica del PP, que acusó a los socialistas de oportunismo político y de buscar la confrontación.

Los grupos parlamentarios llegaron al debate en pleno de la Ley de Extranjería con el voto en la recámara, aunque la votación final confirmó todos los vaticinios. El PP sumó a sus diputados los de CiU y Coalición Canaria, pero cosechó el no del resto de los grupos parlamentarios, a pesar de que todos reconocieron que la negociaciones con el Gobierno habían suavizado la reforma. La ley fue aprobada por 187 votos a favor y 117 en contra.Como estaba previsto, el recorte de los derechos de inmigrantes se convirtió en la clave del debate y en motivo de un rifirrafe entre el PP y el PSOE. La Ley de Extranjería vigente, la 4/2000, reconoce los derechos de reunión, manifestación y asociación a todos los extranjeros que se encuentren en España y los de sindicación y huelga "a los trabajadores extranjeros que se encuentren en España". La reforma limita el ejercicio de esos derechos sólo a los inmigrantes que tengan papeles.

Por ello, Grupo Mixto, IU y el PNV advirtieron al Gobierno y al PP de que la norma puede ser inconstitucional porque no reconoce derechos de los que cualquier ser humano debe poder disfrutar por el mero hecho de serlo, al tiempo que subrayaron que la redacción de la ley supone "un absurdo jurídico".

CiU y CC mantuvieron sus enmiendas a los artículos de los derechos y cifraron en el trámite de la ley en el Senado sus esperanzas de un cambio de postura del Gobierno. Carles Campuzano, de CiU, llegó a reconocer que a su grupo apoyaba la ley en conjunto a pesar del "mal sabor de boca" que le dejaba el recorte de los derechos.

La argumentación del no socialista por parte de Consuelo Rumi y Diego López Garrido irritó al PP y al delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, que estaba en la tribuna de invitados. Los socialistas acusaron al PP falta de generosidad, obcecación, de buscar réditos políticos con la reforma y de romper el consenso sobre un asunto considerado de Estado. "Su postura es injusta e innecesaria", sentenció Rumi, poco antes que López Garrido cuestionase la constitucionalidad de la ley.

La diputada popular Ángeles Muñoz no sólo rechazó las críticas, sino que replicó por elevación: "En el PSOE, a José Luis Rodríguez Zapatero y a Consuelo Rumi les han ganado los que piden más contundencia contra el Gobierno; así no van a lograr una oposición seria y se desacreditan como alternativa de Gobierno. Es puro oportunismo político". La réplica levantó una batalla de abucheos y pataleos contra aplausos y jaleos.

Ya en los pasillos, Fernández-Miranda remachó esta andanada reprochando a los socialistas el haber elegido para la confrontación política un tema sensible como la inmigración y haber mantenido durante la negociación una postura de un paso adelante y dos hacia atrás. La reforma aprobada ayer ha cosechado el rechazo generalizado de sindicatos y asociaciones de inmigrantes, y también de la Conferencia Episcopal, que pidió que el Senado se asegure que los inmigrantes puedan disfrutar de sus derechos fundamentales.