Los afectados de Ardystil esperan el inicio del juicio ocho años después
"En este octavo año del síndrome Ardystil, creemos haberlo dicho todo, haberlo escrito todo y también haberlo reivindicado todo". Con este tono de pesimismo, la comisión de afectados por el síndrome Ardystil ha llegado al octavo aniversario del fallecimiento de la primera víctima de la enfermedad, Isabel Miró, una contestana de 28 años y trabajadora de la empresa de aerografía textil Ardystil.A consecuencia de esta muerte y otras cinco más, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcoy abrió diligencias en 1992 por un delito de imprudencia contra la seguridad en el trabajo. La causa sigue abierta, y a la espera de juicio. El proceso enfrenta a los familiares de las víctimas y a un centenar de afectados por fibrosis pulmonar y otras secuelas neurológicas derivadas del síndrome, contra ocho empresas de aerografía textil de Cocentaina y Alcoy en las que se desarrolló la enfermedad.
La Administración autonómica decretó el cierre de este tipo de industrias, que seguían el método de estampación por pistola, en octubre de 1992. La fiscalía y las acusaciones particulares han solicitado indemnizaciones de hasta 20 millones de pesetas por cada muerte, y pensiones vitalicias para los afectados entre las que destaca una de 400.000 pesetas mensuales para Susana Javaloyes, única afectada a la que le fue practicado un trasplante bipulmonar.
Multinacionales
También se ha pedido el procesamiento de un inspector de trabajo, por no denunciar los hechos, y de tres multinacionales productoras de los químicos que se manipularon en las aerografías. Se trata de Bayer Hispania Industrial SA, Ici España, SA, y Solvai, SA, a las que el pasado mes de mayo el juez instructor les atribuyó la responsabilidad civil subsidiaria. No obstante, ningún estudio, ni siquiera el que el Consell encargó en 1993 al Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (NIOSH), ha logrado demostrar cuál fue el agente causal de las muertes y la enfermedad en la que derivó el síndrome Ardystil. Únicamente el juzgado de Alcoy admitió la presencia de un mismo disolvente tóxico, el tricloroetano, en todas la aerografías.
"En estos momentos nos encontramos con el proceso judicial estancado. Pedimos a la Administración que acelere los trámites", reclama Amparo Pascual, presidenta de la comisión de afectados. Pero para este tramite aún quedan por concluir las calificaciones de las defensas, que podrían demorar un año más la celebración de la vista oral. "Reconocemos que se ha hecho mucho trabajo pero tanto cambio de juez lo está retrasando todo", añadió la portavoz de los afectados. Desde que comenzó la instrucción del denominado caso Ardystil, la documentación de las siete piezas principales y complementarias del sumario han pasado ya por tres jueces.
