Condenado a siete meses un ex alcalde por fraude al PER tras un acuerdo con el fiscal

El ex alcalde de Láchar (Granada), Luis Pérez Funes, de Izquierda Unida, será condenado a siete meses de prisión y 50.000 pesetas de multa por un delito de falsedad en documento público después de haber llegado a un acuerdo con el fiscal para que le rebajase la pena en el juicio que comenzó y concluyó ayer sobre fraude al Plan de Empleo Rural (PER). La condena, que será dictada por la Audiencia Provincial de Granada, no supondrá la cárcel para el ex alcalde.Pérez Funes compareció ayer ante el tribunal arropado por medio centenar de vecinos de su pueblo, entre ellos los 24 jornaleros que habían sido imputados anteriormente y a quienes luego el fiscal retiró los cargos en aplicación del nuevo Código Penal.

El ex alcalde, para quien el ministerio público había solicitado una pena inicial de nueve años de prisión y siete de inhabilitación por delito de estafa y otros dos años y cuatro meses de prisión por un delito de falsedad, llegó a un acuerdo con el fiscal para declararse culpable a cambio de que se retirase la acusación de estafa y se rebajase la pena por el delito de falsedad. Eso dejó el juicio en un puro trámite.

No obstante, el fiscal sostuvo durante el juicio que Pérez Funes había ejecutado un "plan preconcebido" para firmar 22.000 peonadas falsas con el objeto de que algunos vecinos de su pueblo pudieran acreditar los 60 jornales necesarios para percibir el subsidio agrario que contemplaba el Plan de Empleo Rural.

De las 27.000 peonadas que se firmaron, la Inspección de Trabajo sólo reconoció como validas y realmente realizadas 4.600. El resto, según sostuvo el fiscal, habían sido jornadas no trabajadas en realidad. Las 22.600 restantes no pudieron ser justificadas.

Pérez Funes explicó su actitud en el estado de necesidad que sufrían los habitantes de su pueblo acogidos al subsidio agrario y en el problema social que suponía el paro en el campo. El ex alcalde defendió en todo momento que ninguna de sus actuaciones iba encaminada a obtener un provecho propio.

Los 24 jornaleros que fueron imputados en el comienzo de este proceso quedaron fuera del mismo una vez que entró en aplicación el nuevo Código Penal, que establece como delito el cobro de más de 10 millones de pesetas. Como ellos, en total, apenas habían llegado a los seis millones de pesetas, sólo podían ser considerados como autores de una infracción.

A su salida del juicio, Pérez Funes manifestó que una cuarta parte de Láchar, un pueblo situado a 30 kilómetros al oeste de Granada, "está muy necesitada" y era prioridad para el Ayuntamiento encontrar una fórmula de ayuda.