Un edil del PP, imputado por la venta del estadio de Los Cármenes
La venta del viejo estadio de Los Cármenes de Granada fue un inmenso y enrevesado fraude en el que están implicados directivos, compradores y vendedores. Así se desprenden del auto dictado por el juzgado de instrucción número 6 de Granada que exige al que fuera presidente del club de fútbol, Cándido Gómez Álvarez, que pague una fianza de 75 millones pesetas como garantía de la responsabilidad civil, y requiere a otros dos directivos, Luis Rivas y Antonio Lasso, a que depositen, por el mismo motivo, 20 y 10 millones de pesetas, respectivamente. El juez ha declarado como imputado en los delitos societario, de maquinación para alterar el precio de la cosas, estafa y contra la Hacienda Pública al concejal electo del PP de Granada, Francisco Pertíñez, que fue asesor legal del club deportivo. También constan como imputados el registrador de la propiedad Manuel Moreno Torres y el notario Ignacio Braquehais, entre otros. El estadio de Los Cármenes fue vendido en mayo de 1996 por el Granada Club de Fútbol a la inmobiliaria Lazasur a cambio de 200 millones y de que asumiera las deudas del club que se elevaban, según dos informes económicos elaborados a petición de Cándido Gómez, a 2.000 millones. El juez sostiene que en la asamblea que aprobó la venta del estadio no se fijó el precio Cálculos contables El ex directivo Alfonso Suárez recurrió el pasado mes de junio a los tribunales, ya que a su juicio los "calculos contables estaban falsificados y la deuda era mucho menor". Según la querella, Lazasur pagó a Cándido Gómez el 25 de junio de 1996, cuatro meses antes de que se otorgara la escritura de compraventa, 97 millones para "saldar una deuda de 69.800.000 pesetas". El juez, en el auto, hablar de "deudas reales, fingidas, infladas, incobrables y las de los dirigentes del club". Lazasur justificó el retraso en liquidar la deuda auténtica en que antes era menester comprobar el montante verdadero. En efecto, varios organismos, empresas y particulares que aparecían en la relación de pagos pendientes negaron que el club les debiera dinero. El juez Miguel Ángel del Arco, tras una minuciosa investigación, cree que tampoco los representantes de Lazasur actuaron honestamente. "¿Acaso no conocían [cuando compraron el estadio] que las deudas estaban por cuantificar? ¿Acaso no se pretendía reducir con negociaciones dichos créditos? ¿Acaso no se quiere olvidar los riesgos siempre inherentes en toda operación comercial? ¿Acaso no se pretendió en su día conseguir mayor edificabilidad?", se pregunta el magistrado. En la querella presentada por Alfonso Suárez hace un año se sostenía que la dilatación del pago de la deuda por Lazasur teníacomo objetivo que el Ayuntamiento aumentara el volumen edificable de la parcela.
