El perito dice que Gil alteró las cuentas del Atlético para evitar la quiebra
El alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil, alteró las cuentas del club de fútbol mediante una serie de "operaciones de naturaleza irregular" para evitar su quiebra, según ha certificado un informe pericial de la Intervención General del Estado. El juez ha aplazado las comparecencias de los 13 imputados en el caso del presunto desvío de dinero del Ayuntamiento de Marbella al Atlético de Madrid que había convocado hoy y mañana para interrogarles sobre el contenido de este dictamen.
"Del análisis de la memoria de las cuentas anuales, de los informes de auditoría de la firma CGN Auditores y de los papeles de trabajo del auditor de las temporadas 1991-92 a 96-97, se ha puesto de manifiesto que el club Atlético de Madrid ha registrado determinadas operaciones próximas al cierre del ejercicio, cuya naturaleza irregular hace pensar a este perito que se han llevado a cabo con el objetivo de modificar los estados financieros del club". Así concluye el informe pericial de la Intervención General del Estado. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que en junio de 1993 el patrimonio neto del club no llegaba al 50% del capital social -2062 millones de pesetas-, por lo que incurría en uno de los supuestos legales de disolución, extremo confirmado por el citado informe pericial. Una de estas operaciones fue, según la acusación, incluir los supuestos contratos de publicidad de Marbella en las camisetas del Atlético de Madrid por 450 millones de pesetas en las temporadas 1991-92 y 1992-93. El informe pericial certifica que los contratos no aparecen en las auditorías al Atlético de Madrid de esos años, ni aparece referencia alguna en la contabilidad ni del club ni del Ayuntamiento. Sólo hay una carta fechada el 13 de julio de 1993 en la que el entonces primer teniente de alcalde de Marbella, Pedro Román, asegura que el Ayuntamiento debe 450 millones de pesetas al Atlético de Madrid. Sin embargo, 15 días antes estos contratos no aparecían incluidos en el cuadro que recogía los detalles de todos los contratos de publicidad dinámica y estática firmados por el Atlético de Madrid.
Los contratos tienen fecha de 14 de julio de 1992 y 24 de julio de 1993, pero según la acusación fueron fingidos después de 1993 para dar apariencia de legalidad al trasvase de dinero público. El esclarecimiento de este extremo está pendiente de un informe pericial caligráfico.
La portavoz del PSOE en Marbella y denunciante del caso, Isabel García Marcos, aseveró que este informe demuestra que Gil es un "mal empresario, que ha provocado la quiebra de todas sus empresas" y "que enjuga las pérdidas con dinero público".
La defensa de Gil sostiene que los contratos existieron y que si no se incluyeron en la contabilidad fue porque el club hubiera estado entonces obligado a pagar el IVA cuando aún no había cobrado al Ayuntamiento. Cuando lo hizo, en 1995, tuvo que abonar un recargo del 70%.
