El Consejo de Estado reclama un aplazamiento de la entrada en vigor de las nuevas retenciones
El decreto que regula las nuevas retenciones del IRPF y del impuesto de sociedades ha recibido fuertes críticas del Consejo de Estado.En el informe aprobado ayer por esta institución se rechaza la retención del 20% para los fondos de inversión, se pide que en el caso de los seguros ésta sea del 18% (en lugar del 25% previsto) y se señala que la comprobación de los datos aportados por los trabajadores a la empresa no corresponde a ésta sino a Hacienda. El Consejo de Estado subraya la complejidad del decreto que hoy tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros y pide aplazar su aplicación.Las críticas del Consejo de Estado se unen a las formuladas anteayer por el Consejo Económico y Social (CES) sobre el polémico decreto que regula las retenciones. El Consejo de Estado es un organismo oficial por el que deben pasar necesariamente las normas que aprueba el Gobierno. Su dictamen no tiene carácter vinculante, pero sí representa una opinión de calidad a la hora de determinar si se respeta el marco jurídico.
La principal queja que recoge el dictamen enviado ayer al Gobierno hace referencia a la complejidad de la norma y la conveniencia de retrasar su aplicación. Como crítica general, dice que ya ha "reiterado" en "numerosas ocasiones la dispersión normativa, singularmente apreciable en el ámbito tributario", lo que "dificulta su aplicación" por sus principales destinatarios (los contribuyentes). Además, argumenta para pedir el aplazamiento la coincidencia con la introducción del euro, lo que va a exigir "un especial esfuerzo" por parte de las empresas. Añade que los contribuyentes deben contar con un periodo de aprendizaje.
Por otro lado, añade, "no se desconoce que éste es un ejercicio de transición y que en este marco uno de los objetivos perseguidos con la norma proyectada es asegurar una suficiente recaudación para el año 1999, en el que coinciden una menor recaudación por la plausible rebaja fiscal y la necesidad de atender las frecuentemente excesivas devoluciones que el anterior sistema generaba".
Periodo vacacional
Así, el Consejo pone de relieve el alto coste recaudatorio que la rebaja de las retenciones va a tener el año que viene (776.000 millones de pesetas, según Hacienda), un efecto todavía más grave si se tiene en cuenta que en la segunda mitad de 1999 todavía habrá fuertes devoluciones. En este periodo, Hacienda debe devolver lo solicitado por los contribuyentes en la declaración que presentarán en junio de 1999 sobre los ingresos de 1998. Esta cantidad rondará el billón de pesetas, cifra similar a la de este año, ya que el impuesto se liquidará por última vez con la anterior normativa del IRPF.Sobre las retenciones del trabajo, el Consejo pide que se respete, al menos, el periodo vacacional, pero sobre los fondos de inversión, señala la conveniencia de un aplazamiento de seis meses. Fuentes de Hacienda estudiaban ayer incluir este aplazamiento hasta junio de 1999 en el decreto que tiene previsto aprobar el Gobierno.
Los fondos de inversión tendrán una nueva retención del 20%, que el Consejo también rechaza.Argumenta que esta retención "puede hacer especialmente frágiles a los mercados en momentos de crisis". Añade que "no es frecuente" este pago a cuenta en los demás países, lo que "puede generar una peor situación competitiva de las empresas españolas y estimular la salida de ahorro nacional". Otra razón es que puede implicar la desaparición de nuevas figuras de fondos, como los fondos de fondos o los fondos subordinados, regulados este año en la Ley del Mercado de Valores.
En cuanto a los seguros, señala que "lo correcto" sería aplicar una retención del 18% y no del 25% como prevé el decreto. De esta forma se equipararía la retención a la de los depósitos bancarios, lo que "podría garantizar un tratamiento fiscal similar y equilibrado".
No entra en la polémica sobre si la aportación de datos por parte de los trabajadores a sus empresas para calcular la retención vulnera el derecho a la intimidad. Únicamente subraya que la comprobación de la veracidad de estos datos ha de corresponder a Hacienda, y no a la empresa como parece deducirse de la norma analizada ayer. Las fuentes de Hacienda señalaron que esta recomendación se recogerá en el real-decreto.
