Ibi, Monòver, Benifaió y Paterna se niegan a pagar los 280 millones de multa por contaminar
Los cuatro se niegan a pagar las multas. Ibi debería pagar 90.491.478 pesetas a los ministerios de Hacienda y de Medio Ambiente por contaminar con sus vertidos urbanos la rambla de la Gavarnera, que desemboca en el río Monnegre y de ahí al embalse de Tibi. 50 millones y una peseta es la multa impuesta a Ibi por permitir que las aguas residuales que vierte tengan contaminantes industriales. El resto es la indemnización por el daño causado por unos vertidos con alto contenido en metales pesados. El alcalde se niega a pagar y recurrirá la sanción hasta donde haga falta, al igual que harán en Paterna, Benifaió y Monòver, que afrontan sanciones similares. Entre los cuatro, de casi 280 millones.
Estos cuatro municipios son los únicos de la Comunidad Valenciana, y según datos del Ministerio de Medio Ambiente, también los únicos de España a los que se les ha sancionado entre 1997 y 1998 por una infracción calificada como muy grave. Las faltas muy graves, tal y como especifica la ley de Aguas de 1985 y el reglamento del Dominio Público Hidráulico de 1986, se castigan con multas de entre 50 y 100 millones de pesetas, que cobra Hacienda. A los cuatro consistorios se les ha puesto la multa más pequeña posible: 50.000.001 pesetas. Además, tienen que afrontar las indemnizaciones -que cobra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), del Ministerio de Medio Ambiente- calculadas para solventar el daño causado. Ibi, con 40,5 millones es el municipio más penalizado. Monòver (con 15,6), Benifaio (14,3) y Paterna (8,9) le siguen. Hay más multas millonarias para otros consistorios. Cuando la cuantía de los daños no supera los 7,5 millones, la ley considera la infracción como falta grave. Entonces la multa oscila entre los 5 y los 50 millones. La CHJ ha impuesto en los dos últimos años multas mínimas (5.000.001 pesetas) por falta grave en cuatro ocasiones. Villanueva de Castellón, La Vall d"Uixó y Alzira, por dos veces (alcantarillado local y polígono de Albalat), son los consistorios castigados. "En el caso de estos municipios", explica el comisario de aguas de la CHJ, Pedro Carmona, "resulta que hay una serie de industrias que están conectadas a las redes de saneamiento municipal y el Ayuntamiento tiene la obligación de controlar todos los vertidos al alcantarillado para que no lleguen los más tóxicos". Muchos municipios vierten residuos urbanos sin depurar porque todavía no tienen depuradora. Las competencias para construirlas corresponden al ministerio y al Consell, y los ayuntamientos, por así decirlo, están en la lista de espera del Plan Director de Saneamiento hasta que les toque en suerte una planta. Y mientras llega, el real decreto de 1995 sobre la Regulación de Vertidos les exime de toda culpa en los vertidos domésticos. "Ni un duro" No están de acuerdo los municipios, que se sienten especialmente represaliados. "No pienso pagar ni un duro; voy a recurrir aunque sea al Supremo", explica tajante Francisco Borruey, alcalde socialista de Paterna. La causa de la multa no está en los residuos domésticos de la población, que están correctamente depurados, sino en los vertidos industriales del polígono de la Fuente del Jarro, que, a pesar de dar servicio a 700 empresas, carece de una depuradora especial. Borruey, que asegura no haber recibido la notificación de la multa del CHJ, explica que ya en 1996 se aprobó en el pleno municipal la construcción de una depuradora físico-química que costaría 1.500 pesetas, sufragados por el Consell. Ahora asegura que sólo falta comprar la parcela, acabar el proyecto antes de 1999 y, con suerte, comenzar la depuradora en primavera. Ibi, por contra, no tiene depuración biológica (para residuos domésticos) pero sí cuenta con una planta físico-química (para industriales), "la primera de la Comunidad", según el alcalde, el socialista Vicente García Pascual. Sin embargo, el análisis de sus vertidos ha detectado metales pesados y hasta uno de los compuestos más peligrosos para el medio ambiente, cromo VI. El regidor tampoco piensa pagar. Va a recurrir porque a su juicio, el decreto del Consell sobre el Plan Director de Saneamiento y Depuración (norma autonómica, no estatal) da a los ayuntamientos un plazo (31 de diciembre de 1998) para limpiar sus vertidos. "La multa es una verdadera barbaridad, nosotros trabajamos con el horizonte de esa fecha", dice García Pascual, "y la mayoría de las industrias ya cumplen". Según explica, sólo a partir del 1 de enero obligará a las contaminantes. "Tendrán que almacenar sus vertidos o enviarlos a depuradoras específicas", explica el regidor mientras espera la depuradora orgánica. En Benifaió, sancionados en 1997, dicen que todo está solucionado. "Se vertía a una acequia desde hace más de 100 años pero todas las industrias han puesto ya su depuradora", explica el alcalde, Vicente Fort, del PP, que tampoco piensa pagar. La multa más reciente corresponde a Monòver, donde se han detectados vertidos con "una carga orgánica tremenda". El alcalde, el socialista José Ginés, dice que todo es un error: "No tenemos industrias contaminantes ni ganadería, nuestros vertidos son normales". Asegura que no va a pagar, que la multa ("sin base jurídica") está recurrida y que la calidad de sus vertidos será óptima cuando se inaugure una depuradora que está casi concluida.
