Justicia permitirá a los registradores que exijan un pago a cuenta

El Ministerio de Justicia ha preparado un real decreto según el cual los registradores de la propiedad podrán cobrar un pago adelantado a cuenta de todas sus operaciones. Esta medida acompaña a un proyecto más amplio que el Consejo de Ministros tiene previsto estudiar mañana y cuyo objetivo es adaptar los aranceles de notarios y registradores al nuevo régimen fiscal sobre fondos propios de entidades no residentes en España, lo que supone una reducción de costes en ampliaciones de capital o en constitución de sociedades.

El departamento que encabeza Margarita Mariscal de Gante quiere "aprovechar la reforma de los aranceles de notarios y registradores mercantiles en relación a las entidades de valores extranjeros para dar regulación a otros extremos de los aranceles de los registradores de la propiedad insuficientemente regulados, como es la posibilidad de que éstos, como profesionales ejercientes de funciones públicas, pidan provisión de fondos a cuenta de los honorarios que se devenguen por las operaciones que se vayan efectuando". Es decir, según este proyecto, los registradores podrán exigir un pago a cuenta a sus clientes. Hasta la fecha, los registradores no piden pago adelantado alguno.Esta novedad ha sido acogida con críticas por algunos profesionales que han conocido el texto "por tratarse de una actividad sujeta a un mercado cautivo que habitualmente no permite el cambio de registrador ni la competencia entre ellos".

El proyecto forma parte de un real decreto que ha elaborado la Dirección General de los Registros y del Notariado, que ocupa Luis María Cabello de los Cobos, de profesión registrador. La parte principal de este real decreto recoge la rebaja de aranceles que cobran registradores y notarios a las sociedades que gestionan valores representativos de fondos propios de entidades no residentes en territorio español, siempre que representen un porcentaje de participación directo o indirecto igual o superior al 5%. Esta reducción está ligada al nuevo régimen fiscal de sociedades. El objetivo del proyecto es "que los costes de transacción no desvirtúen el régimen fiscal especial de estas sociedades".

Otra de las críticas recibidas es que el citado real decreto, que también debe firmar el ministro de Economía, introduce un cambio en la impugnación de minutas. Hasta la fecha, éstas se hacen a la Dirección General de Registros, y según el proyecto podrán presentarse ante el Colegio de Registradores.