La juez Palacios archiva el 'caso Macosa' y lo atribuye a las extorsiones urdidas por Estevill

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha archivado el caso Macosa, que implicaba al ex subsecretario de Industria Eduardo Santos, en el que se investigaba un supuesto fraude en la operación de venta de unos terrenos de Macosa cuando Santos era su presidente. El archivo se fundamenta en un informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que se describen irregularidades "que sugieren que el procedimiento fue urdido con la maliciosa intención de extorsionar a los denunciados" asunto que investiga el Tribunal Superior de Cataluña en el caso Estevill.

La magistrada ha adoptado esta decisión tras recibir un informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que se estima procedente el archivo al no apreciarse infracción penal en los hechos investigados.El informe de la Fiscalía Anticorrupción descubre sospechosos fallos e irregularidades en la instrucción, que corrió a cargo del ex juez Luis Pascual Estevill, actualmente en prisión.

También expone el informe que el denunciante, el alemán Wilhem Richard Lumb, "mantenía y mantiene estrechas relaciones con otros querellantes y con el despacho que se hizo cargo de la defensa de los consejeros de Macosa", que es el del penalista Joan Piqué Vidal.

En este caso se investigaba un supuesto fraude en la venta a la multinacional norteamericana Kepro, por 12.000 millones de pesetas, de unos terrenos de Macosa junto a la Villa Olímpica de Barcelona poco después de que Eduardo Santos y Federico Albiñana, ex presidente y ex consejero delegado de Macosa, respectivamente, abandonaran la empresa.

El denunciante había adquirido 500.000 pesetas en acciones de Macosa 24 horas antes de presentar la querella con fondos prestados por un alto directivo de la Asociación de Defensa del Accionista (ADA). Estevill admitió la querella y, curiosamente, a pesar de no recibir informes policiales que había reclamado, dictó auto de prisión contra Santos.

Eduardo Santos declaró a la juez Palacios que la obtención de beneficios por revalorización de los terrenos fue explicada a los accionistas de la empresa en una carta adjunta a la memoria anual. Además, estas revalorizaciones se hicieron al amparo de la ley de fusiones. También señaló que la revalorización se hizo de acuerdo con los datos aprobados por Hacienda, que concedió exenciones fiscales por el 99% de esas plusvalías.

.Otros consejeros de Macosa, como Pedro Nueno, afirmaron que la revalorización de activos "era necesaria para reflejar adecuadamente el valor de los activos en beneficio de los accionistas". Las declaraciones de los querellados coinciden en que las cuentas de Macosa fueron aprobadas por su consejo.

La operación con los terrenos se hizo a través de la sociedad Unión Soto Cien, controlada por Santos y Albiñana,por la que Macosa pagó más de 500 millones de pesetas. Este pago se realizó mediante cesión de una participación minoritaria (7,5%), "pero teniendo en cuenta el momento y el contenido de los acuerdos no parece que pueda considerarse un supuesto de contratación ilícita", afirma la Fiscalía Anticorrupción.

Eduardo Santos ha calificado "de auténtica conspiración delictiva de una mafia" la tramitación de la querella contra el equipo de Macosa, en declaraciones a este diario. "Me conminaban a pagar y tenían a Federico Albiñana [ex consejero delegado de Macosa] en prisión como si fuera un rehén", resume Santos. El ex presidente de Macosa aportó pruebas a los juzgados de que conocía de antemano la fianza que le impondría Estevill (10 millones) y varias grabaciones de llamadas a su domicilio en Estados Unidos para extorsionarle.Conspiración

Santos manifestó ayer: "Todo esto no podía haber prosperado si no fuera por las mentiras publicadas por El Mundo, a pesar de que mi esposa les explicó todos los detalles de la operación de Macosa, pero la mentira no necesita detalles, sólo titulares". Fuentes judiciales señalan que el caso Macosa no ha sido archivado antes por la actitud del juez Miguel Moreiras, quien lo instruyó hasta que fue partado de la Audiencia Naional. Moreiras se apoyaba en os informes contrarios del fiscal Ignacio Gordillo.

Durante la instrucción del caso, Luis Pascual Estevill llamó a declarar como testigo a Alfonso Escámez, ex presidente el Banco Central, con el que Estevill se entrevistó poco antes e su declaración en el hotel Ritz de Barcelona. La eléctrica Fecsa, presidida por un hombre de confianza de Escámez, pagó 50 millones y los directivos de Macosa otros 21 millones exigidos por el ex juez.