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Los interventores judiciales de Huarte proponen a la empresa una regulación temporal de empleo

Los interventores judiciales de Huarte están decididos a que la empresa salga adelante y reanude las 200 obras que tiene adjudicadas. Para ello, elaborarán esta semana un presupuesto de tesorería que pasa por una regulación temporal de empleo, que los bancos aporten financiación y que la Administración agilice sus pagos. Se comprometen también a que su dictamen esté listo "en un tiempo récord" antes del próximo verano, para preservar el patrimonio de la empresa, en suspensión de pagos desde el pasado mes de marzo. Los interventores denunciaron ayer los intentos de "voladura controlada" de Huarte por parte de otras empresas constructoras de la competencia.

Javier Escobosa, José Javier Jara y Antonio Moreno, los interventores judiciales de la suspensión de pagos de Huarte, dejaron ayer claro que la empresa no está en un proceso de liquidación. "únicamente ha pedido tiempo muerto para poder afrontar sus deudas", afirmó uno de ellos. "Nuestro objetivo", añadió, "es defender que el barco se mantenga a flote". Denunciaron los intentos de "voladura controlada" de Huarte por parte de empresas de la competencia.Su plan de trabajo pasa, esta misma semana, por acordar con la dirección de Huarte un presupuesto de tesorería que permita reanudar las 200 obras que la empresa tiene adjudicadas por valor de unos 135.000 millones de pesetas. En su opinión, este plan exige un redimensionamiento de la empresa que cuenta en la actualidad con 1.300 empleados fijos y otros 3.000 para la realización de obras. La regulación temporal de empleo, todavía no cuantificada, sería una de las medidas que debe adoptar de forma inmediata. El comité de empresa hizo saber anoche que está dispuesto a aceptar la regulación siempre que no se pierdan puestos de trabajo.Plan de viabilidad

La ejecución de estas obras requiere también que la banca aporte nuevas líneas de descuento y que la Administración, como principal cliente de Huarte, no rescinda contratos y agilice sus pagos. Si se dan estas condiciones, se podrá asegurar a los subcontratistas el cobro de las deudas nuevas contraídas con la constructora. El plan de trabajo de los interventores judiciales es resolver la crisis en un tiempo récord, antes del verano, cuando en otras suspensiones de pagos se ha tardado hasta dos años en presentar el correspondiente dictamen. Sobre la base de este dictamen, se presentará después el convenio con los acreedores.Los interventores no entraron a valorar el plan de viabilidad presentado por la empresa aunque admitieron que éste puede desarrollarse de forma paralela al procedimiento judicial. No obstante, adviertieron que un convenio judicial da más seguridad en un plazo corto, porque en él "se sabe exactamente cuál es el pasivo de la empresa y se garantiza una igualdad de trato a todos los acreedores".Tampoco valoraron si las cifras presentadas hasta el momento por la empresa son las correctas y si existe o no algún tipo de irregularidad contable. 'Tísicamente, aún no hemos visto los balances", aseguraron.Por su parte, el sindicato UGT anunció ayer que asistirá hoy como observador a la asamblea general de subcontratistas, en la que más de 1.500 representantes de las 14.000 empresas acreedoras conocerán detalladamente el plan de viabilidad y decidirán si lo aceptan o no. Los bancos acreedores celebraron, en la tarde de ayer, otra reunión con el mismo objetivo. Los representantes de los bancos recibieno con pesimismo la nueva propuesta de viabilidad, debido a las importantes quitas que solicita para la deuda bancaria, según fuentes de las entidades financieras. De todas formas, los bancos no darán a conocer su opinión hasta analizar con mayor detalle la propuesta.

Fuentes del sector cifraron ayer en 150 las pequeñas empresas constructoras subcontratadas por Huarte que podrían verse abocadas al cierre al no poder resistir el impago de la deuda que mantenía con ellas esa compañía antes de suspender pagos, informa Efe.

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