El Gobierno fija los días 8 y 9 para el debate de la nación

El Gobierno desveló ayer la fecha del debate sobre el estado de la nación. Será los días 8 y 9 de febrero. Lo comunicó con cierta solemnidad el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, al finalizar la Junta de Portavoces del Congreso. Aclaré que acudió a la reunión con la propuesta preparada y la comunicación del Gobierno escrita. Es la fórmula elegida por el Gobierno, una vez descartada la cuestión de confianza, para tratar de atajar la crisis política, de la que el lunes se hicieron eco, insólitamente patronal y sindicatos.

La pretensión del Gobierno es reafirmar su estabilidad parlamentaria y ofrecer un horizonte que, según recalcó Pérez Rubalcaba, no es otro que agotar la legislatura. La presidencia española en la UE en el segundo semestre del año es la meta más inmediata, con un clima de diálogo social mejor que en 1994.

La comunicación que el Gobierno ha enviada la Cámara -que será la base del discurso del presidente Felipe González- destaca, en primer lugar, la superación de la crisis económica y subraya dos hechos: "la solidez de la recuperación, manifestada en la industria, la construcción y los servicios" y "su sincronía con la de las economías de la UE". La creación de mil empleos diarios durante 1995 y él mantenimiento de la línea de reformas estructurales -suelo, vivienda, colegios profesionales- son dos de las principales metas del Gobierno. El acuerdo sobre telecomunicaciones y una política industrial activa completan las medidas económicas.

La lucha contra la corrupción abarca el segundo paquete de medidas. El Gobierno establece como objetivos imnediatos la reforma de la legislación de los partidos y su financiación y control de la misma a través del Tribunal de Cuentas. Echando la vista atrás, destaca como logros la provisión de vacantes institucionales, la modificación de la Ley Electoral para disminuir campañas y gastos, y la actualización permanente del censo.

En materia autonómica fija como objetivos el avance de transferencias, la simplificación de la administración periférica del Estado, la presencia de las autonomías en Europa y la financiación de las comúnidades.

La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico integran el cuarto paquete: de medidas que adquiere: mayor relieve tras el asesinato por ETA del dirigente vasco del PP, Gregorio Ordóñez. La comunicación del Gobierno se hace: eco de cómo "los terroristas tratan de abrir nuevos frentes en su criminal estrategia". El Gobierno no se refiere a los GAL. Se limita a reafirmar el respeto del Gobierno a los instrumentos que otorga el Estado de derecho para combatir el terrorismo.