Un objetivo poco menos que revolucionario

Durante bastantes decenios, una parte significativa del movimiento sindical sostuvimos que los pactos sociales resultaban negativos para los objetivos de transformación inherentes al movimiento obrero. Se consideraba que el intercambio producido a través de dichos pactos no era más que obtener algunas migajas en materia salarial, social y sindical al precio de no cuestionar ni el sistema capitalista ni las relaciones de poder que permiten su supervivencia. Los pactos sociales eran, por antonomasia, expresión de la claudicación de la socialdemocracia ante el sisterma y fruto de la naturaleza reformista de este gran componente de la izquierda. El término reformismo se utilizaba en su acepción más peyorativa.En los tiempos que hoy corren, muy en particular tras la crisis terminal del movimiento comunista, no es ocioso preguntarse si los pactos sociales, precisamente por su acepción reformista, son algo de muy dificil consecución. Porque el impulso que en el pasado tuvieron en Europa no puede disociarse del contexto económico y, sobre todo, político que prefiguró la existencia de los dos grandes bloques y la guerra fría. Sin minimizar el factor favorable del notable crecimiento económico habido desde finales de la II Guerra Mundial hasta comienzos de los años setenta; sin restar trascendencia a la lucha de los trabajadores y sus organizaciones, es evidente que funcionaba algo así como un sobreentendido político general, según el cual, el peligro comunista obligaba a una especial sensibilidad hacia los sindicatos y hacia la izquierda no comunista. Sin exagerar su importancia, algo tuvo que ver todo esto con la consolidación del Estado de bienestar y con la creciente influencia del movimiento sindical y de los partidos socialistas y socialdemócratas. El panorama actual ya sabemos cuál es. La crisis comunista ha dejado irreversiblemente fuera de juego a uno de los dos grandes polos de referencia política e ideológica de la izquierda. En cuanto a los partidos socialistas y socialdemócratas, atraviesan una de las peores etapas de su historia. Las causas en este caso obedecen a errores y carencias propias, pero también conectan con una nueva situación donde los anteriores equilibrios de poder entre izquierda y derecha dejan de servir para algunas de las funciones que desarrollaron durante la guerra f'ría.

Reajuste político

En esta nueva etapa ha pasado a primerísimo plano el nunca abandonado propósito de influyentes fuerzas económicas, orientado a conseguir un reajuste político y social más favorable a sus intereses. Con todo lo que quiera responsabilizarse a socialistas y socialdemócratas de su preocupante situación y perspectivas, no puede ser fruto de la casualidad que en poco tiempo y en paralelo a la debacle comunista sufran una sistemática deslegitimación que incluye, por ejemplo, presentar a sus partidos como corroídos por corruptelas y corrupciones cuando ejercen el poder. No deja de ser curioso que por existir formas irregulares de financiación, problema viejo y endémico en todos los partidos, pero consustancial a la naturaleza de los de la derecha, ocurra que, empezando por Papandreu, siguiendo por Craxi, continuando por Fabius y terminando de momento con Felipe González -al que Aznar está buscando el modo de llevar a los tribunales-, frente a una derecha medularmente corrupta, quien esté cargando con el muerto sean los socialistas. No hay que ser un lince para ver que detrás de quienes más jalean el asunto no está precisamente la sana intención de moralizar la vida pública. Para esas fuerzas económicas -que, entre otras muchas cosas, controlan el grueso de la información y de los medios de comunicación social-, las prioridades son otras. Por ejemplo, sacudirse cuanto antes la rémora que, según su punto de vista, constituye un Estado de bienestar como el europeo, por lo que comporta. de notable gasto público, por lo que condiciona la disponibilidad de capital para el sector privado de la economía y por lo que implica cara a la competencia frente a EE UU y Japón, que carecen de un modelo equivalente. También consideran una rémora otros derechos sociales y sindicales, incluidos los clásicos convenios colectivos de trabajo, a los que en la propia OIT han comenzado a ponerles la proa. En suma, su concepción de la competitividad pasa por mayor desregulación -que no flexibilidad- de las relaciones industriales, el recorte de derechos sociales y sindicales y la disminución del gasto soc¡al público. Por eso consideran que ha llegado la ocasión para socavar al máximo posible los instrumentos de representación política y social con mayor peso entre los trabajadores. De ahí que los sindicatos hayamos de tener claro que, si se salieran con la suya, correríamos en poco tiempo parecida suerte que la izquierda política.

No hace falta decir que en este contexto el pacto social tradicional, reformista, les resulte abiertamente indeseable.

Tras lo expuesto, puede parecer contradictorio que en España sean los sindicatos quienes plantean mayores reservas hacia las propuestas de pacto social que se les hacen. Sin embargo, es una contradicción relativa, y no sólo porque tales propuestas tengan mucho de continuismo y poco de reformismo. Gravitan, además, algunas experiencias frustrantes del pasado, el deterioro que se arrastra en las relaciones con el Gobierno y el temor de que en un marco de recesión económica los contenidos de un pacto semejante resulten muy poco atractivos para los trabajadores.

Año electoral

Pero yendo un poco más allá, la dificultad de fondo es que las citadas fuerzas económicas, cuya cabeza más visible entre nosotros está en la CEOE, no consentirían suscribir un acuerdo que reforzara, siquiera relativamente, a los sindicatos y supusiera un respiro político para el partido en el Gobierno.

Que estas y otras razones hagan poco verosímil la realización de un pacto social no debiera ofuscarnos a la hora de argumentar sindicalmente nuestras resistencias. Por ejemplo, es inadecuado, salvo para la oposición política, decir que uno de los principales obstáculos es el año electoral. Y no porque sea irrelevante la duda sobre el tipo de Gobierno que se formará dentro de ocho meses, sino porque para los sindicatos es mucho más relevante encontrar un marco en el que participar, llevar propuestas, contrastarlas con otras, negociar posibles soluciones y comprometernos en la parte que nos toque en resolver ciertos problemas de fondo de la economía de nuestro país, sin cuya solución resultan inviables serios y duraderos avances sociales. En todo caso, nos interesa retener que dentro de ocho meses, salvo cambios de momento impensables del panorama político, el interlocutor gubernamental o bien estará más lastrado por la derecha o incluso podría ser de derechas. En cuanto a otro de los argumentos en contra, el de la política económica del Gobierno, no por ser real debe hacernos creer que con los previsibles futuros Gobiernos nos iba a ir mejor, ni mucho menos. Si a todo ello añadimos que, con recesión económica y paro creciente, lo que a los sindicatos nos viene es mayor desgaste, comprenderemos que es precisamente una de nuestras bazas de presente estar en año electoral y tener al PSOE gobernando todavía en solitario. Otra cosa es que no dependa básicamente de nosotros aprovechar esa baza, aunque en el bien entendido de que tampoco depende en exclusiva de los demás.

1993 puede ser un año significativo para el futuro de los partidos socialistas. Para el movimiento sindical podría suponer un cambio depreciación, en el sentido de que si ahora los pactos sociales reformistas parecen poco menos que inviables, en el futuro nos pueden parecer un objetivo poco menos que revolucionario.

es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras.