Un tribunal anula un registro sin mandamiento judicial en el primer juicio sobre la "ley Corcuera"

La aplicación de la ley Corcuera no ha pasado el examen de los tribunales en su primera sentencia, dictada por la Audiencia de Madrid. La policía entró sin orden judicial en un piso de dos guineanos, tras intervenir ocho papelinas de heroína a uno de ellos, y encontró más droga en el domicilio. Según la sentencia, el registro vulneró el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio. En consecuencia, los jueces absuelven a los detenidos por la droga encontrada en el piso y ordenan la devolución a los guineanos de una balanza de precisión y 106.000 pesetas encontradas en el registro.

La sentencia no eleva cuestión de inconstituclonalidad al Tribunal Constitucional sobre la Ley de Seguridad Ciudadana porque el abogado defensor de los guineanos no lo solicitó formalmente y únicamente "hizo referencia a tal posibilidad" durante el juicio, dicen los magistrados. Aunque el tribunal podía haberlo hecho de oficio, ha entendido que el fallo no dependía de la validez de la ley.El 8 de abril de 1982, la policía detuvo en Madrid a los guineanos, "ante la sospecha de que el primero de ellos, Ansumane Sumare, al que solamente conocían por haberle visto transitar por la zona centro y en lugares donde existía tráfico de estupefacientes, hubiera subido a su vivienda para proveerse de droga".

Ante la sospecha -"únicamente cimentada por la ocupación de la droga"- de que en el apartamento pudiera haber más estupefacientes, los policías optaron por no solicitar mandamiento judicial de entrada y registro. Pidieron las llaves al conserje y franquearon la puerta con éste y otro testigo. Allí encontraron 50,2 gramos de heroína entre otros efectos.

Delito flagrante

La sentencia de la que ha sido ponente el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia, Pedro Javier Rodríguez González, parte de la idea de que los supuestos de la Ley Corcuera "constituyen una excepción" y el mismo concepto de "delito flagrante" debe ser objeto de interpretación restrictiva.

El tribunal explica que delito flagrante es aquel en que se sorprende al delincuente "con, el objeto, efectos o instrumentos del delito". Según el Tribunal Supremo, para que el delito sea flagrante debe estarse cometiendo o haberse cometido instantes antes (inmediatez temporal), el delincuente debe encontrarse presente y estar relacionado con los instrumentoS del delito (inmediatez personal) y la intervención policial debe impedir la prolongación del mal que la infracción penal acarrea (necesidad urgente).

Trasladando la doctrina al caso enjuiciado, los magistrados aprecian que sólo se cumple el primero de los requisitos., "toda vez que la posesión de la droga que se incautó a Ansumane Sumare constituye un delito permanente". En cambio., falta la inmediatez personal porque la droga hallada en el apartamento "no era materialmente poseída por los acusados en el momento de su detención".

El tribunal analiza después la "necesidad urgente" de la intervención policial y recuerda que el "régimen normal" de las entradas en el domicilio ajeno sin consentimiento del titular requiere la autorización Judicial. Si la policía estima que en un domicilio de un particular se encuentra algún delincuente "deberá establecerse la vigilancia necesaria para evitar la huída". Para el tribunal, los delitos de consumación instantánea, como los que se cometen por tenencia de drogas, "desde el momento en que quedaron consumados por su tenencia ilegal ya no requieren normalmente una intervención urgente de la policía". El análisis judicial concluye que "no existía delito flagrante que se estuviera cometiendo por los acusados en el apartamento registrado".

Tampoco aparece justificado que la policía "tuviera un conocimiento fundado" que les llevara a la constancia de que en dicho apartamento pudiera existir droga. "No puede equipararse el conocimiento fundado a las meras sospechas, que por sí mimas no pueden ni deben justificar una entrada y registro de un particular" añade el tribunal.

La aprehensión de la droga en el apartamento, concluye el tribunal, "se realizó con violación del articulo 18.2 de la Constitución, que se refiere a la inviolabilidad del domicilio.

El abogado defensor de los guineanos, Francisco Javier Díaz, afirmó que la sentencia deja "inutilizable" la ley Corcuera, informa Europa Press.

Por otra parte, el subsecretario del Interior, Santiago Varela, afirmaba ayer en Huelva, sin referirse a la sentencia dictada ayer por la Audiencia de Madrid, que con la aprobación de la ley corcuera ha habido un "aumento espectacular" de las autorizaciones judiciales para entrar en domicilios, informa Efe.