El yate de Franco, comprado por un empresario en 4,6 millones para chatarra

Uno de los símbolos más conocidos del poder de Francisco Franco, el yate Azor, acabará convertido en chatarra tras venderse ayer en poco más de 4,5 millones de pesetas. Ése fue el precio que pagó por el barco, habitual lugar de reposo del general, Lázaro González González, un empresario de Burgos. González suscribió la única oferta presentada en la segunda subasta del buque, que ayer se celebró en, Ferrol.Al Ministerio de Defensa le ha costado trabajo deshacerse del yate, que hasta 1990 desempeñó labores de vigilancia y control para la Marina de Guerra. Tras la muerte de Franco, participó en alguna! maniobras militares y un verano fue utilizado para sus vacaciones por el presidente del Gobierno, Felipe González, quien tuvo que soportar un fuerte escándalo por este gesto.

La Armada decidió sacarlo a subasta con la condición de que su comprador se comprometiese a desguazarlo. Se intentaba evitar que el yate fuese explotado comercialmente, con el reclamo de presentarlo como una parte de la historia de España, según fuentes de la Capitanía General de la Zona Marítima del Cantábrico.

El pasado 10 de marzo se celebró la primera subasta pública en el arsenal militar de Ferrol con un precio de salida bastante módico: 5.494.124 pesetas. Nadie concurrió a la puja. No fue sólo la obligación de desguazarlo lo que ahuyentó a los potenciales compradores, porque tampoco aparecieron los chatarreros que suelen acudir a las subastas de material de desecho de la Armada. No hubo más remedio que convocar una nueva puja y rebajar el precio de licitación.

Por fin ayer, al segundo intento, apareció un comprador. Es un empresario burgalés, Lázaro González González, del que las autoridades de Marina no han facilitado más datos. Este tendrá que pagar 4.670.124 pesetas por la chatarra del buque, un yate de recreo que, por otra parte, se ha quedado bastante anticuado y que no alcanzaba una velocidad superior a los 10 nudos.

La operación de venta del yate Azor es provisional, ya que preceptivamente debe abrirse un periodo de alegaciones hasta que la adjudicación pueda declararse definitiva.