La convergencia plantea conflictos en toda Europa

Cuatro meses después de la cumbre de Maastricht, los Gobiernos de las países de la CE y sus ciudadanos, están empezando a comprobar que la convergencia de las economías de los Doce traerá más problemas de los previstos. Una cosa son los grandes acuerdos, y otra muy distinta la puesta en práctica de los programas concretos. El rechazo social al plan español -sin duda, el más llamativo hasta la fecha- se está encontrando con polémicas similares en otros Estados comunitarios. Grecia, Portugal e Italia tendrán que realizar un esfuerzo mayor que España, e incluso algunos países ricos, como el Reino Unido y Alemania, se enfrentarán a serios ajustes económicos hasta 1997.

El clima de conflictividad y rechazo social que se ha creado en España en las últimas semanas se extenderá por buena parte de los países europeos a medida que vayan sellando sus compromisos de convergencia en la Comisión Europea. Ésa es, al menos, la opinión de los expertos económicos consultados por este periódico sobre el esfuerzo que deberán realizar los Doce de aquí a 1997 para lograr cumplir los compromisos de Maastricht. Hasta la fecha, Bruselas tan sólo ha recibido tres programas de convergencia -Irlanda, Portugal e Italia-, además de un plan de saneamiento de Grecia y los primeros anuncios de reformas del Reino Unido y España. De ellos, tan sólo Irlanda ha presentado un programa negociado con los partidos políticos, sindicatos y empresarios.Los planes de convergencia conocidos hasta el momento sólo tienen un elemento en común: no se parecen en nada. Cada país ha adaptado esta exigencia de la cumbre de Maastricht a sus propias necesidades y conveniencias y lo está planteando de acuerdo a sus especiales circunstancias políticas y sociales. El año 1992 es un año electoral en los cuatro países ricos de la CE -Francia, Alemania, el Reino Unido e Italia-, y los comicios han afectado al calendario y a los propios planteamientos de sus políticas económicas. Además, el retraso del proyecto de cohesión endurece aún más el proceso de adaptación de los Estados más pobres, que necesitan esos fondos para suplir los recortes del gasto público. Es precisamente en los Estados del sur de Europa -junto a Bélgica y otros países que deben afrontar un duro ajuste en el sector público- en donde los expertos prevén mayor conflictividad social.

Ante estas perspectivas -y ayudado por el propio clima de tensión de largos meses de enfrentamiento-, el plan de convergencia presentado en días pasados por Carlos Solchaga se ha encontrado con la oposición frontal de los sindicatos y de la mayoría de las fuerzas políticas españolas. Aparentemente, ese rechazo se ha producido sólo en nuestro país. Sin embargo, la mayoría de los Estados que tienen que realizar duros ajustes estructurales de aquí a 1997 han empezado a registrar ya enfrentamientos de diverso signo. Las fuerzas sociales no han intervenido todavía en el resto de la CE, pero sí los partidos políticos, que están forzando la negociación previa a la presentación de los planes respectivos.

Irlanda es el país que mejor está cumpliendo sus compromisos europeos. Su "programa de progreso económico y social" recoge en un centenar de folios hasta los más mínimos detalles de lo que será su política económica en la década de los noventa. El plan irlandés lo tiene todo, incluso un duro pacto de rentas por el que los sindicatos se comprometen a negociar subidas salariales inferiores al 4% hasta 1994. El plan especifica desde qué se hará con los homeless (mendigos) hasta cuál es la línea a seguir en la reforma penal. Es, más allá de un plan de convergencia para lograr los cuatro requisitos de Maastricht, un detallado programa de gobierno consensuado con el Parlamento y las fuerzas sociales. Irlanda es, por ahora, el único país comunitario -excluidos los que ya cumplen los requisitos de Maastricht- que se ha asegurado una evolución pacífica hacia la convergencia.

Por su parte, Italia carece de un verdadero plan y resulta difícil vaticinar cuándo llegará a tenerlo, ya que los fragmentados

resultados de las elecciones generales del pasado domingo han dejado al país sin un calendario político preciso, informa Peru Egurbide. Sin embargo, Italia es, junto a Grecia y Portugal, el país que más se desvía de los cinco mandamientos de Maastricht. Por eso quizá, el ministro del Tesoro, Guido Carli, presentó el pasado mes de octubre en Bruselas un programa que se refiere sólo al periodo 1992-1994 y es anterior a la formulación de los cinco mandamientos comunitarios. El plan como tal no ha sido discutido por el Parlamento, más que indirectamente en la medida que ha inspirado ya la redacción de los presupuestos de este año.Carli, el único ministro que se angustia con el problema, ni siquiera ha salido elegido diputados en estas elecciones, lo que, unido a su ya elevada edad, parece indicar que no tendrá un nuevo mandato. No obstante, la prensa asegura que trabaja intensamente en el plan de convergencia que el nuevo Parlamento deberá discutir junto con los acuerdos de Maastricht, aún no ratificados. Un debate que promete ser conflictivo a la vista del descalabro electoral del pentapartido.

Cavaco no tiene oposición

El plan de Portugal es una combinación de políticas económicas y estructurales para modernizar la economía portuguesa. Aníbal Cavaco Silva aprovechó la crisis política de los partidos de la oposición portuguesa para presentar su plan sin consenso -ni siquiera consulta-, e incluso para entrar en el Sistema Monetario Europeo (SME). Como primera medida, el Gobierno portugués se ha garantizado, en su plan de convergencia, la posibilidad de adoptar medidas correctoras cada vez que el gasto público se desvíe de lo presupuestado. Otra medida de gasto público prevista en el plan es la redistribución de éste a favor de educación y sanidad, con el coste de recortar en otras áreas. El plan portugués también apuesta por una redistribución del gasto del Gobierno central hacia la Seguridad Social y los gobiernos locales.

El grado de autoexigencia portugués, sin embargo, no pasa por la fijación de un cuadro macro para los próximos años. El Gobierno del país vecino ha optado por la exposición de cuál puede ser la evolución media de la economía en ese periodo, quizá porque es preferible acertar aproximadamente que equivocarse en todo.

El Reino Unido, por último, se mantiene en su estilo especial al afirmar que su política económica interna cumple de sobra los objetivos de convergencia. Después, para dar pistas, añade que las políticas básicas serán la estabilidad cambiarla dentro del Sistema Monetario Europeo, el control de la cantidad de dinero en circulación y una política fiscal que persiga el equilibrio presupuestario a medio plazo. Antes de su éxito electoral, el primer ministro británico, John Major, planteó su programa dentro de los presupuestos y sin contar con la opinión de la oposición nide los sindicatos, a los que los conservadores han infligido un duro castigo durante las dos últimas décadas. Los laboristas sí anunciaron durante la campaña electoral un cambio en la política comunitaria y es previsible que se enfrenten a los planteamientos de convergencia de Major.