El fiscal pide 60 años de cárcel y las acusaciones 190

El subcomisario de policía José Amedo Fouce y el inspector Michel Domínguez se sientan hoy en el banquillo de la Audiencia Nacional para ser juzgados por tres atentados cometidos por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Los dos policías serán juzgados por cinco asesinatos frustrados en el ametrallamiento indiscriminado al bar Batzoki, el atentado contra Juan Ramón Basáñez en el bar La Consolation y el asesinato del refugiado Juan Carlos García Goena.

El comienzo de este proceso, que constituye el máximo exponente punitivo en la guerra sucia contra ETA, se ha visto precedido por tres años de tortuosa instrucción sumarial a cargo del juez Baltasar Garzón, que ha tenido que sortear las múltiples cortapisas impuestas desde la Administración hasta conseguir sentar a los policías en el banquillo.El peso de la acusación correrá a cargo de los abogados de la acción popular Fernando Salas y José Galán, verdaderos impulsores de un proceso en el que han tenido que actuar en solitario y muy por delante de la desganada actuación del Ministerio Fiscal y la absoluta inanición de las demás acusaciones.

La acción popular pide para cada uno de los policías penas que rondan los 190 años de prisión por integración en banda armada en calidad de dirigentes, seis delitos de asesinato frustrado, el asesinato consumado de García Goena, tenencia de explosivos, estragos y otros delitos de menor entidad relativos a falsificación de documentos y uso de nombre supuesto. El abogado Javier Calderón, representante de la familia García Goena y el letrado de Herri Batasuna Miguel Castells, ejercerán las acusaciones particulares y solicitan penas similares a las de la acción popular para los policías.

El Ministerio Fiscal estará representado por José Leopoldo Aranda, el nuevo fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que se estrena con una calificación heredada de su predecesor en el cargo, Eladio Escusol. Éste presentó al tribunal unas conclusiones provisionales en las que tipifica cada atentado como una "acción penal única", primera vez que se sostiene tal pretensión ante la Audiencia Nacional en causas por terrorismo. El fiscal Aranda apenas ha dispuesto de dos semanas para preparar su actuación, aunque cuenta con una amplia experiencia como fiscal del Tribunal Supremo.

Así, mientras el fiscal pide por la "acción penal única" del atentado al Batzoki 25 años de reclusión para cada asesinato, las demás acusaciones tipifican ese mismo hecho como cinco asesinatos frustrados, por cada uno de los cuales solicitan penas de 20 años, que suman un centenar. En suma, el fiscal pide por ese mismo atentado la cuarta parte de condena que las demás acusaciones. La petición fiscal totaliza 60 años para cada procesado y en la mismas no se incluye el asesinato del refugiado García Goena, que el fiscal no considera imputable a Amedo y Domínguez.

Casado pide la absolución

La defensa correrá a cargo del abogado Gonzalo Casado Herce, quien asumió la representación de los policías en sustitución de Jorge Argote. La dirección letrada de Gonzalo Casado ha puesto el contrapunto de la profesionalidad a las deterioradas relaciones del anterior abogado con el juzgado instructor y con los medios informativos. Casado Herce mantiene en conclusiones provisionales la solicitud de absolución.

El abogado del Estado actuará frente a las solicitudes de indemnización , ya que el Estado ha sido provisionalmente declarado responsable civil subsidiario, al haber actuado Amedo y Domínguez en el ejericio de sus funciones.

Los interrogatorios de Amedo y Domínguez se prolongarán desde mañana hasta el día 17, en que dará comienzo la prueba testifical, a la que están convocados 120 testigos. Las previsiones del tribunal apuntan a una fecha próxima al 20 de julio para la Finalización del proceso, y tras el intervalo veraniego, la sentencia se dará a conocer hacia mediados de septiembre.