Los 21 mercenarios extranjeros del GAL, citados como testigos, no acudirán al juicio contra Amedo

Ninguno de los mercenarios extranjeros de los GAL, citados como testigos de cargo contra los policías José Amedo y Michel Domínguez ha dado garantías de que comparecerá al juicio que comienza hoy en la Audiencia Nacional. Los cinco sicarios presos en Portugal algunos de los cuales habían implicado a los dos policías españoles como organizadores de los atentados de los GAL ya han confirmado que no estarán presentes en la vista. Al inicio del juicio las autoridades francesas no habían respondido a las requisitorias para que testifiquen 16 mercenarios presos en Francia. El único gal disponible es Daniel Fernández Aceña, preso en España.

Ayer tampoco habían llegado a la sede de la Audiencia Nacional las respuestas a las cuatro preguntas que el tribunal ha aceptado que se formulen al presidente del Gobierno Felipe González, ni las seis que deberá responder el ministro del Interior, José Luis Corcuera. El secretario del tribunal, que confirmó estos extremos, señaló que el plazo de que disponen ambos miembros del Gobierno para entregar susrespuestas finaliza a las 10.30 horas del día 17, fecha en que se iniciará la prueba testifical.

Los cinco mercenarios presos en Portugal Antonio Wolfango Pereira de Macedo, Mario Correia da Cunha, Rogerio Carvalho da Silva, Antonio Ferreira Cisneros y Jean Philippe Labade, este último de nacionalidad francesa, comunicaron ayer por fax su negativa a ser trasladados a España para testificar en el juicio contra los agentes. Los cuatro portugueses citados habían identificado a José Amedo y Michel Domínguez como las personas que les reclutaron y trasladaron a Francia para cometer varios atentados que luego fueron reivindicados por los GAL. Posteriormente tres de ellos se desdijeron al enviar sendas cartas al juez, en el episodio conocido como las cartas portuguesas. Sin embargo, el juez Garzón se trasladó a Lisboa y confirmó los reconocimientos.

16 activistas

Las comisiones rogatorias cursadas a Francia para que acudan a testimoniar 16 activistas presos por su participación en crímenes de los GAL no han obtenido respuesta a pocas horas del inicio del juicio. Las peticiones fueron remitidas hace más de un mes, lo que en fuentes de las acusaciones se interpreta como una desestimación a la demanda española.

El tribunal se reunió ayer con todas las partes del proceso: fiscal, acusaciones, defensa y abogado del Estado para darles instrucciones y cambiar impresiones sobre la vista.

Al término de la reunión, los abogados de la acción popular, Fernando Salas y José Luis Galán consideraron que el juicio no permitirá despejar la incognita de quién está detrás de Amedo y Domínguez, responsables de la creación de los GAL. Los letrados insistieron en que el juicio está "descafeinado", ya que no se ha podido investigar si fondos reservados del Ministerio del Interior fueron desviados para financiar las actividades terroristas de los GAL, no se ha conseguido procesar a los superiores jerárquicos de Amedo y los mercenarios, que identificaron a los dos policías, no vienen a declarar".

El defensor de los agentes, Gonzalo Casado, dijo que el juicio puede acreditar la inocencia de sus clientes y que en su opinión se podría reformar la legislación sobre los fondos reservados. "Mi postura", afirmó, "es buscar una fórmula de equilibrio que garantice por un lado la tutela judicial y por otro el derecho-deber del Gobierno de garantizar la seguridad del Estado.

El tribunal que juzgará a los dos policías estará integrado por: José Antonio Jiménez Alfaro, de 59 años, presidente, de talante conservador y que cuenta con experiencia en macroprocesos al haber presidido el juicio de la colza; Agustín Pedro Lobejón, de 42 años, ponente (redactor de la sentencia); y José Antonio Marañón, de 59 años.

Sala blindada

El juicio se celebrará en la denominada Sala Antiterrorista de la Audiencia Nacional (ver gráfico de la página 21), aunque los policías no ocuparán la cabina de cristal blindado en la que habitualmente se han sentado los miembros de ETA, GRAPO y demás organizaciones terroristas. En esa sala sólo tendrán cabida 16 informadores.

El resto de los 300 periodistas y técnicos acreditados -de los que sólo podrán acceder un centenar- seguirán el juicio desde otra sala situada en la planta superior. El proceso será retransmitido a esa sala por circuito cerrado de televisión, a través de dos cámaras que no ofrecerán planos frontales de los procesados al estar situadas a sus espaldas.

El Ministerio de Justicia se hizo cargo el pasado viernes de la contratación de los equipos de transmisión de imagen y sonido, ante la renuncia del Ministerio del Interior para evitar "malas interpretaciones", según dijeron fuentes de la Audiencia Nacional. En la sala de seguimiento informativo se instaló ayer una pantalla gigante y seis monitores de televisión. Técnicos de Telefónica comenzaron a su vez a extender líneas microfónicas y teléfonos.

Un centenar y medio de policías uniformados custodiarán la Audiencia Nacional en un dispositivo especial de refuerzo de la seguridad del edificio y sus alrededores. Esta fuerza estará integrada por agentes de la Reserva General (antidisturbios) y una unidad de intervención policial. La Brigada de Subsuelo, encargada de revisar las conducciones subterráneas y perros y especialistas en detección de explosivos con perros completarán el dispositivo.