Los que sobramos, ¿adónde vamos?

Se pretende aquí aclarar la idea completa para evitar, en la medida de lo posible, utilizaciones espúreas que se desvanecen cuando se lee el discurso entero y no sólo una parte del mismo. Con ello, no sólo se procura centrar la discusión sobre la agricultura española y sus problemas, sino también evitar que voces interesadas lleven miedo e inquietud a nuestros agricultores.La modernización de la agricultura española es un proceso complejo que entraña reforma de las estructuras, incremento en la rentabilidad y eficiencia de las explotaciones, adecuada política de investigación y uso de la tecnología, mejora en la comercialización y en general, todo un conjunto de medidas que provocan como consecuencia la reducción de la población activa.

La reducción de la población activa agraria como porcentaje del total de la población activa no es pues un objetivo a conseguir, sino una realidad que se está produciendo y se va a seguir produciendo como consecuencia de la evolución de las cosas. Tampoco es una realidad nueva: no hace falta irse a la década de los sesenta (en el periodo 196466 abandonaron el campo español más de 600.000 trabajadores) para observar que del l7,8'Yo de porcentaje de población activa agraria que teníamos en 1980 hemos pasado al ll,2% en 1990.

Sin embargo, y a pesar de ello, no sólo seguimos muy lejos de la media comunitaria (entorno al 7%), sino que la evolución previsible del contexto internacional en que se desenvuelve nuestra agricultura permite asegurar que en el plazo de una década el porcentaje global de población activa agraria en España, se irá aproximando a esa media comunitaria.

Como se ve, hemos introducido ya tres matizaciones importantes sobre la afirmación inicial tal y como la presentan algunos: no es tanto un objetivo como una realidad; se piensa en términos de una década; se habla de porcentajes globales dada la disparidad tan enorme que hay en las comunidades autónomas que ya están por el entorno del 5% y otras que están en el 25%), o lo que es lo mismo, en unas zonas puede sobrar gente mientras en otras hay auténticos problemas para encontrar agricultores en determinadas épocas del año.

Vientos competitivos

Pero además de una predicción así matizada, es también la expresión de una necesidad, de algo que debe formar parte del necesario proceso de modernización de nuestra agricultura si queremos que ésta pueda hacer frente con éxito a los vientos competitivos que soplan en la Comunidad Europea.

Una Comunidad Europea que se está viendo presionada por tres fuerzas potentes, hacia una profunda revisión de la Política Agrícola Común (PAC) en la que el mercado y la competencia van a jugar un papel más importante que en el pasado.

La primera de estas fuerzas es la propia crisis presupuestaria de la PAC que, a pesar de las correcciones introducidas en los últimos años, se muestra incapaz de hacer frente a los gastos generados por algunas de sus organizaciones comunes de mercados.

La segunda es una presión interna procedente de países, como el nuestro, que ven injusta y desigual la actual distribución del gasto agrícola comunitario que favorece, fundamentalmente, a muy pocos productos de muy pocos países.

La tercera, deriva de los compromisos negociadores de la Comunidad en la Ronda Uruguay del GATT donde el proteccionismo agrícola y la subvención vía precios que caracteriza a la PAC está siendo objeto de fuertes críticas por EE UU y otros países de América y Asia, por entender que distorsionan artificialmente los mercados internacionales.

Todo ello, como es conocido, ha llevado a la comisión de la CE ha presentar el llamado informe MeSharry de reforma de la PAC basado en la filosofía de que la agricultura eficiente no necesita de tantos apoyos y protecciones como existen hoy y para la no eficiente hay que introducir esquemas de ayuda directa a la renta del agricultor y no distorsionar los mercados vía precios.

Y es para esta reforma de la PAC, en el contexto de una mayor competencia internacional de productos agrícolas, para lo que debemos poner a punto nuestra agricultura, todavía lastrada por algunas rémoras históricas entre las que destacamos: envejecimiento preocupante de su población (el 52% de nuestros agricultores tienen 45 años o más), predominio de la pequeña propiedad familiar con un tamaño medio reducido de las explotaciones (las de menos de cinco hectáreas representan la mitad del total) y con un rendimiento más bajo que la media de la CE.

Tras la política de modernización de nuestra agricultura que incluye desde apoyo Financiero, hasta desarrollo tecnológico, mejora de estructuras, fomento del asociacionism0 y atención especial a las fases de distribución e industrialización, subyace una absoluta confianza en las posibilidades de la misma que lejos de enfrentarse a un futuro de quiebra por derribo, lo hace a uno con grandes posibilidades de éxito si es capaz precisamente de adecuarse al nuevo entorno más competitivo.

Y una de las necesidades conexas a esa modernización es reducir el porcentaje de población activa que se dedica exclusivamente al campo. No hay novedad en esta afirmación. Así ha sido desde al menos, los comienzos de la industrialización a mediados del siglo XIX, conforme se incrementaba paralelamente la productividad agrícola.

Búsqueda de alternativas

Lo que sí es novedoso es el interés de que este proceso, inevitable si queremos salvar a nuestra agricultura, se produzca de forma ordenada y racional evitando dramas humanos y conflictos sociales, buscando alternativas de ingreso, condiciones de vida dignas para todos y la estabilización de la población rural aunque no toda viva en el campo. Y, sobre todo, la garantía de que el proceso se incentivará adecuadamente de tal forma que nadie que no quiera abandonar la actividad agrícola se vea forzado a hacerlo.

Pero intentar ocultar el hecho de que la población activa agraria está disminuyendo y va a seguir haciéndolo en el futuro, de que ya hay muchos que se están yendo, es la mejor forma de no buscar soluciones para los que se van, con el resultado de que esa ida va a ser más dura, difícil y no puede dejar amplias zonas del país despobladas y al borde de la desertificación.

Plantearlo claramente, es buscar soluciones entre todos que pasan tanto por la potenciación de programas ya en marcha como la de jubilación anticipadas, turismo rural y, en general, de desarrollo del medio rural, como por la reforma y desarrollo de otros como las indemnizaciones compensatorias, el apoyo: recto a rentas, política de prestación, etc.

Porque de lo que se trata es de que los que se van de la agricultura como actividad principal no se vayan del medio rural y encuentren en él otra forma de vida digna. Es decir, la preocupación es la búsqueda de alternativa s económicas y de vida para la población que abandona la actividad agraria como principal.

Todo ello debe formar parte de un programa global de desarrollo del medio rural, previsto en la reforma de la PAC que, si bien prevé subvenciones cuando sean necesarias, debe intentar fomentar la diversificación de ingresos provenientes del trabajo rural y no exclusivamente de la agricultura, siendo conscientes de que, en algunas zonas del país, la magnitud del problema es tal que sólo puede encontrar solución en el marco de una política de desarrollo regional.

Programa que no puede ser exhaustivo y detallado por cuanto debe pactarse tanto con las comunidades autónomas como con las organizaciones profesionales agrarias para recoger no sólo el impulso del Gobierno, sino del conjunto de la sociedad y adecuarse a las particularidades de cada zona y parte de nuestras diversas agriculturas.

Si la falsa polémica sobre la reducción de la población activa agraria sirve para concienciar a nuestra sociedad de este problema y a nuestras fuerzas políticas y sociales sobre las soluciones, bienvenida sea. Si son otros los Fines perseguidos, habremos perdido otra oportunidad para consensuar la necesaria modernización de nuestra agricultura.

es director del gabinete del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.