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Editorial:

Adios al 'poll tax'

MARGARET THATCHER presentó el poll tax -tributo local que obligaba a los ciudadanos a contribuir por igual, independientemente de su nivel de ingresos y de la zona en que residieran- como el buque insignia de su tercera legislatura, en cuyos inicios se sintió capaz de poner en marcha un proyecto de reforma de la fiscalidad local acariciado desde antes de llegar por primera vez a Downing Street. La capitana se hundió antes que el navío en las procelosas aguas levantadas a su paso y el desarbolado barco naufragó definitivamente esta semana, aunque sus restos seguirán todavía durante un par de años flotando a la deriva como recordatorio a la clase política de la fragilidad, riesgos y miserias de su condición. La calle se levantó contra esta contribución regresiva con fuerza y violencia de escasos precedentes y ni aun así la ex primera ministra pestañeó. Está bien que el poll tax quede en la memoria colectiva como un monumento a la arrogancia.La sustitución de este tributo local era cuestión de vida o muerte política, y el sucesor de la Thatcher, John Major, se ha apresurado a quitarlo de en medio. Y en esta tarea no le ha faltado la entusiasta colaboración de Michael Heseltine, que ya hace años advirtió de los peligros que suponía y que hizo de la revisión del poll tax la causa central de su fallida campaña por el liderazgo conservador en noviembre pasado, idea en la que le secundó el hoy primer ministro.

Del futuro impuesto, que ha de sustituir al odiado poll tax, sólo se sabe que estará basado en las circunstancias -tipo y dimensiones- de la propiedad y que tendrá en cuenta el número de adultos que viven en ella. Todo lo demás -desde cómo se evalúa la propiedad a cómo y cuánto se tasa, pasando por consideraciones regionales y hasta el propio nombre- está por definir en un proceso que no será fácil y que supone una nueva diferencia con el viejo régimen, en el que la palabra consenso era anatema y la negociación tenida por deplorable muestra de debilidad.

La ideología thatcheriana concibió este impuesto con el doble objetivo de extraer una contribución a todo beneficiarlo de los servicios municipales y de usarlo como palanca para desalojar del poder local a los laboristas, más propensos a ofrecer servicios públicos y, por tanto, más onerosos. Vota laborista y paga, era la consigna. En su obcecación, Thatcher creó un poll tax que hacía caso omiso de los principios elementales que deben sostener a todo tributo -fundamentalmente, su relación con la capacidad de pago del contribuyente y su fácil cobro- y a ellos pretenden volver Heseltine y Major.

La reforma del impuesto está relacionada con la de la Administración local, a la que el thatcherismo trató con desdén. Los británicos tienen en alto aprecio la descentralización del poder, ejercida localmente a través de entidades -el condado y el distrito y varias áreas metropolitanas- que desafían la comprensión de la mentalidad continental europea (Londres carece de alcalde y, a efectos de Administración local, la ciudad está dividida en 32 boroughs o municipalidades independientes) y en las que Heseltine quiere reducir duplicidades innecesarias en un proceso de estrecha consulta con todos los afectados.

El presupuesto presentado el pasado martes y la eliminación del poll tax anunciada el jueves subrayan el distanciamiento de Major de las políticas más impopulares de su predecesora y hace patente su propósito de responder a lo que los ciudadanos piden en vez de forzarles a ingerir lo que ellos, en su ignorancia, no saben que es bueno. Es un cambio que el hombre de la calle agradece y que Major confía en capitalizar en las urnas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 24 de marzo de 1991