Los campesinos rompen su silencio

En menos de dos meses, los campesinos andaluces, después de cinco años de silencio y conformismo, optaron por la huelga, y los piquetes aún recorren la provincia de Sevilla. En Granada y en otros lugares se suceden encierros y paros generales para protestar contra el sistema que regula el cobro del subsidio agrario, que ha permitido toda clase de corruptelas y ha supuesto la incoación de sumarios judiciales contra braceros y alcaldes.

Hay quien sostiene que las seculares protestas campesinas .han renacido y que los herederos de los peones miserables y hambrientos que se alzaron a finales del siglo pasado han vuelto a los caminos. Sin embargo, las movilizaciones agrarias no son fruto de una fulminante revelación de la conciencia de clase, sino de una coincidencia de olvidos y dejaciones, a la que no son ajenos los propios sindicatos.Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda (Sevilla), encabeza la fila de coches repletos de braceros que recorre a diario las carreteras secundarias y bordea las grandes extensiones de olivos, con los frutos intactos, para impedir que los patronos recojan por sí solos la aceituna y rompan de este modo la huelga vigente en toda la provincia desde el pasado 8 de enero. Gordillo, como le llaman familiar mente los braceros y hasta los guardias civiles que vigilan la conducta de los piquetes, anima la procesión de vehículos gritando a través de un megáfono.

A la salida de la Puebla de Cazalla, Gordillo ordena a la caravana que se detenga y los jornaleros salen de los coches y se reúnen en torno al líder y forman una peculiar estampa con su aspecto rural y airado que recuerda las litografías antiguas a no ser por los automóviles detenidos uno detrás de otro que se pierden calle arriba. Gordillo propone la suspensión del periplo y luego invita a los jornaleros a una asamblea que se celebrará esa misma tarde en Marchena.

Encierro en Pinos Puente

En Pinos Puente (Granada) unas 15 personas permanecen encerradas en las habitaciones del primer piso del Ayuntamiento para exigir que los desempleados cobren el subsidio agrario sin necesidad de reunir las 60 peonadas preceptivas.La investigación abierta por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para depurar las supuestas responsabilidades en que incurrieron los alcaldes y los jornaleros por la firma de peonadas ficticias desencadenó la protesta. Los conflictos surgidos en Granada y Sevilla no guardan relación entre sí, aunque habitualmente son entremezclados, por interés o ignorancia, y dan una falsa imagen de cohesión entre los braceros de toda Andalucía. Las diferencias entre el agro de cada una de las provincias son sensibles.

En Pedrera, localidad de unos 4.700 habitantes de donde partió la huelga que luego se extendió por toda Sevilla, un jornalero del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), Enrique Priego, que permanece en una dependencia municipal empapelada con recortes de prensa, reconoce que todos los braceros de la comarca de la Sierra Sur reúnen sin dificultad las 60 peonadas prescritas para el cobro del subsidio, aunque para ello viajen a la Sierra de Yeguas a recoger espárragos, o a Campillos. Sin embargo, en las ocho poblaciones granadinas investigadas por el fiscal, y en otras de Málaga, Jaén y Cádiz, los trabajos de temporada y las ocupaciones financiadas por el Plan de Empleo Rural (PER) no son suficientes y cotidianamente se ha recurrido a la firma de peonadas de favor por parte de los alcaldes.

Noticias apáticas

Enrique Priego admite que la huelga de Pedrera, sin la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación, hace tiempo que hubiera sido suspendida. ¿A qué se debe tan inusitado interés por un conflicto laboral tan circunscrito? "Vivíamos un momento en que las noticias que se daban en el país eran apáticas y, entre ellas, la de Pedrera concitó simpatía. Si en los medios no nos hubieran dado tan buen tratamiento nos hubiéramos desmoralizado", argumenta Enrique. Otra trabajadora interviene en la conversación y asegura que el interés mostrado por la opinión pública hacia el conflicto del olivar es por la escasa cuantía de las reivindicaciones. Los jornaleros exigen un jornal de 3.500 pesetas diarias, frente a las 2.865 pesetas de ahora.Esta cantidad, que difiere en cada provincia, es orientativa y casi siempre se supera. Los braceros pactan con el patrón el jornal teniendo en cuenta la extensión de la finca y el tiempo aproximado que durará el tajo. Los jornaleros explican con dificultad la oportunidad de la protesta.

Los de Pedrera creen que era el momento propicio después de cinco años sin convenio o con subidas ridículas, como la de 1989, de apenas 100 pesetas, pero no concretan las causas de la aparente cohesión de los braceros. Priego cree que el carácter romántico que los medios de difusión han supuesto a la protesta, comparándola a los levantamientos decimonónicos de los campesinos, ha influido.

Leocadio Marín, consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, se muestra preocupado por la imagen que se ha trasladado por los medios de comunicación a España e incluso al extranjero. Opina que ya no hay jornaleros desharrapados que se arrastran por caminos polvorientos reclamando justicia. Es más, afirma tajantemente que en Andalucía "no hay hambre ni miseria colectiva, sino personas con problemas individuales que se deben solucionar mediante la negociación".

Desidia y desinterés

"Aún hay jornaleros que dependen de pensiones sociales, pero ése no es el único problema de Andalucía. Nos estamos preparando para Europa porque es nuestro gran problema de futuro y es lo que debe producir el debate social", dice Leocadio Marín. Lo cierto es que en los últimos conflictos agrarios andaluces ha pesado la desidia y el desinterés de unos y de otros. En febrero de 1989, UGT y CC OO acordaron remodelar el sistema del PER y del subsidio. Se estableció la creación de los consejos comarcales para depurar el censo de subsidiados. Sin embargo, ambos sindicatos, que apenas tenían representación en el sector, se despreocuparon durante muchos meses de poner en marcha lo pactado e incluso no cuestionaron si era conveniente reducir el número de peonadas para percibir el subsidio.Francisco Casero, ex secretario general del SOC y en laactualidad dedicado más al movimiento pacifista que al sindical, afirma que los sindicatos "no han defendido la pureza del colectivo jornalero".

"Hace un año, en Villamartín (Cádiz), la Agencia de Medio Ambiente hizo una oferta para contratar a 90 personas, pero el Instituto Nacional de Empleo tuvo que llegar hasta el que hacía el número 210 de la lista porque muchos se resistían a trabajar. Sin embargo, no hay mecanismos de eliminación inmediata de todos aquellos que no se presentan al trabajo, que es la única forma de depurar el censo", señala Casero.

El antiguo dirigente del SOC asegura: "Todos hemos sido cómplices". También critica a los sindicalistas por ofrecer datos falseados sobre la huelga en Sevilla. "No es posible que paren 90 de los 103 pueblos de Sevilla, porque los agrícolas no son tantos y porque hay otros 20 que jamás han secundado las protestas".

Casero pone en duda que resurja el movimiento jornalero si continúa con las mismas personas al frente. "El movimiento es hoy marginal", sentencia. En Pinos Puente, Juan Agudo, concejal de Izquierda Unida, admite que los sindicatos que firmaron la reforma del sistema del subsidio no consultaron con las bases. La eventualidad de la mayoría de los trabajos agrícolas impide que haya elecciones y que los jornaleros elijan a sus representantes.