Irregularidades en la gestión de la Generalitat valenciana en 1987, según un informe oficial
La Generalitat cometió múltiples irregularidades en las contrataciones de bienes y servicios realizadas durante 1987, según el informe preliminar de fiscalización realizado por la Sindicatura de Cuentas, cuya redacción definitiva se presentó en el Parlamento autónomo el pasado día 30. La auditoría, que reconoce mejoras en el funcionamiento del Consell, señala un grado de ejecución "muy bajo" en tres programas de Obras Públicas, entre otras anomalías.
El informe de fiscalización de las cuentas de la Generalitat correspondientes a 1987, fue presentado en su redacción final en el Parlamento autónomo las Cortes el pasado día 30 por el síndico mayor, Manuel Girona, y no será debatido presumiblemente antes de tres meses por las Cortes.El informe reconoce mejoras en el funcionamiento ordinario del Consell, pero pone de relieve múltiples irregularidades e incumplimientos. Entre otras anomalías en las contrataciones, la Sindicatura cita: "Insuficiente publicidad de la licitación; insuficiente justificación en la no concurrencia; falta de aprobación de los expedientes de contratación por el Consell, cuando ésta es necesaria por su importe". La contratación directa fue la más utilizada por la Generalitat en sus contrataciones durante 1987.
Pero, además, en algunos contratos la ejecución "es anterior a la contratación, lo que supone la contratación verbal". También se detecta "incumplimiento de los plazos de ejecución y falta de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de la adjudicación de los expedientes".
En el capítulo que informa de la ejecución del presupuesto de gastos, la Sindicatura critica el bajo grado de ejecución de programas típicamente de Obras Públicas, entre otros Arquitectura y Vivienda (57,8%), "que se considera excesivamente bajo"; Infraestructura Urbana (39,3%); Infraestructura en Carreteras, (70,5%), lo que, según la Sindicatura, "no se puede considerar enteramente satisfactorio". La Sindicatura también valora como "muy bajo" el grado de ejecución de las transferencias de capital.
El informe, que advierte de nuevo al Consell de la necesidad de cumplir la ley, cita también la no cotización por la Generalitat al Fondo de Garantía Salarial por un importe de 176,9 millones de pesetas, así como la no actualización de retenciones a cuenta del Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Físicas (IRPF).
