De hinojos

EL GOBIERNO ha cedido a las exigencias de los obispos y de otros ciudadanos respecto a la fiesta de la Inmaculada. La portavoz del Ejecutivo, Rosa Conde, explicó ayer, en la misma línea del vicepresidente Guerra, que la decisión es consecuencia de la opinión de los empresarios, que estiman que no se deriva perjuicio alguno para la economía nacional con el mantenimiento del 8 de diciembre como día feriado. Pero lo cierto es que la decisión fue adoptada tras una reunión de la comisión mixta Gobierno-Conferencia Episcopal, lo que invita a pensar que la patronal ha actuado en este caso como lobby externo de los obispos. Vale la pena preguntarse si el Gobierno hubiese renunciado a su posición inicial en defensa de la economía si la petición hubiera sido tramitada, por ejemplo, por los sindicatos, en lugar de la CEOE y Conferencia Episcopal. Porque contrasta la enorme facilidad con la que el Gobierno cede a las presiones de la jerarquía católica, los empresarios y los sectores más conservadores con la férrea intransigencia mostrada en el diálogo con otros agentes sociales.El Ministerio de Trabajo comunicó hace meses a las autoridades eclesiásticas la conveniencia de trasladar la fiesta de la Inmaculada, que este año cae en jueves, al lunes anterior, 5 de diciembre. Se pretendía así reunir tres fiestas laborales: domingo 4, lunes 5 y martes 6, fiesta de la Constitución. El objetivo era evitar, en palabras del vicepresidente del Gobierno, "la paralización del aparato productivo" durante toda una semana, ofreciendo un puente legal a cambio del previsible acueducto espontáneo que se iba a producir. Este argumento economicista no convenció a los obispos, que han demostrado una vez más estar dispuestos a sostener, ante todo, los residuos confesionales del Estado. Ello ha ofrecido de nuevo la ocasión de estimular los prejuicios y sectarismo de los sectores católicos más tradicionalistas.

El temor de resucitar viejos enfrentamientos ha determinado, desde 1977, una actitud concesiva por parte de los sucesivos Gobiernos democráticos, que en general han contado con la comprensión de una sociedad mayoritariamente laica. La experiencia ha demostrado que las concesiones han sido interpretadas por algunos obispos conservadores como una especie de bula, y el tiempo ha ido haciéndolos progresivamente exigentes en sus demandas. Pero sería deseable que se ahorrase a los ciudadanos la humillación adicional de un razonamiento que ofende la inteligencia; el presidente de la CEOE, José María Cuevas, apoya la decisión de feriar el 8 de diciembre en la afirmación de que la mayoría de los empresarios son católicos. Y Alfonso Guerra se pone a su altura diciendo que nada hay que oponer, puesto que los "destinatarios de la medida" -al parecer sólo los empresarios de la CEOE- consideran que paralizar el aparato productivo durante una semana no es perjudicial. Los altos intereses de la economía nacional, invocados sin freno cuando se trata de aumentar la productividad, limitar los aumentos salariales o reducir partidas presupuestarias de contenido social, nada importan cuando son confrontados con la demagógica argumentación de algunos representantes patronales. Y si resulta evidente que la CEOE se contradice cuando hace compatible esa posición, irresponsable desde el punto de vista económico, con sus protestas contra las huelgas y el absentismo laboral, la resignación del vicepresidente ante una organización a la que el Gobierno ha cuestionado en diversas ocasiones su representatividad comienza a ser alarmante.

Por lo demás, la vuelta atrás del Gobierno hace un flaco favor a los millones de trabajadores que contaban ya con los tres días feriados del puente previsto. A menudo se olvida que, en España, los puentes no oficiales son privilegio de los menos. Con la nueva disposición, trabajadores, comerciantes y enseñantes pierden la posibilidad de disfrutar de una vacación legal y son incitados, en cambio, a una gigantesca ceremonia de absentismo laboral.

No se solucionan los conflictos latentes entre el Gobierno y la Iglesia trasladándolos a la sociedad. La religiosidad de los empresarios españoles podría demostrarse más eficazmente, por ejemplo, en la práctica de la contratación laboral y el uso más justo de los excedentes a los que acaba de referirse el propio Alfonso Guerra. Que los católicos tengan libertad para seguir expresando su devoción a la Inmaculada es legítimo y les honra. Pero a tan alto precio resulta un verdadero disparate.