Unos 24.000 objetores serán liberados del servicio sustitutorio y 1.000 serán llamados este mes

CARLOS YÁRNOZ Más de 24.000 objetores de conciencia de los 26.656 registrados, se verán de hecho liberados de realizar la prestación social sustitutoria prevista en la legislación vigente, según afirmaron ayer fuentes del Ministerio de Justicia. El Gobierno aprobará este mismo mes una normativa para, de entrada, liberar definitivamente de tal obligación a los 2.663 objetores de más de 34 años. Este mes, y para realizar la prestación social sustitutoria por primera vez, serán convocados sólo 1.000 jóvenes, todos ellos pertenecientes al último reemplazo.

De los 26.656 objetores, 1.674 tienen 17 años o 18 recién cumplidos, por los que: todavía no han alcanzado la edad mínima necesaria para cumplir la prestación social sustitutoria (sólo puede hacerse a partir de enero del año en que los jóvenes cumplen los 19 años). Otros 17.991 tienen edades comprendidas entre los 19 y los 27 años (edades en que puede cumplirse la prestación sustitutoria durante los 18 meses que prevé la ley). De este grupo, cerca de 2.500 pertenecen al último llamamiento a filas -19 años o a punto de cumplir esa edad-, pero cerca de 1.500 han solicitado prórrogas por diversos motivos, por lo que el grupo de "útiles" lo integran alrededor de 1.000 jóvenes.Otros 4.468 son objetores con edades comprendidas entre los 28 y los 33 años, es decir, personas que tienen derecho, siempre según la ley, a una reducción del 50% del período de prestación. El resto son objetores con más de 34 años de edad y, por tanto, ya han superado la edad límite para la prestación. La norma que prepara el Gobierno, y que previsiblemente será aprobada en el próximo Consejo de Ministros, afectará directamente a a este último grupo y también, seguramente en términos diferentes, a los objetores que llevan varios años a la espera de una solución definitiva a su situación.

A partir de la aprobación de esta norma por el Gobierno, la Oficina para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia enviará cartas a los citados mil objetores, en las que les informará que han sido declarados útiles para realizar la prestación social sustitutoria y que disponen de un plazo de 15 días para remitir a esa oficina sus preferencias para elegir algunos de los puestos incluidos en una "bolsa de actividad" integrada por 2.677 puestos o destinos.

Según informó ayer José Miguel de la Oliva, director de la citada oficina, 1.521 puestos corresponden a entidades del sector público y 1.056 al sector privado. Al respecto se han firmado o se firmarán conciertos con Cruz Roja (523 puestos), Generalitat de Valencia (868 puestos), Universidad Autónoma de Barcelona (100), Protección Civil (181), Asociación Gitana (90), ayuntamientos diversos, sociedades protectoras de animales y otras. No todos los puestos quedarán cubiertos, porque existen casi tres destinos por cada joven que será convocado.

Una vez que los jóvenes hayan elegido el lugar para la prestación del servicio social, recibirán otra comunicación de la citada oficina en la que se les señalará el lugar y día para su incorporación, a la vez que se les recordará las responsabilidades penales en las que pueden incurrir si no cumplen lo previsto en la ley.

De la Oliva aseguró ayer que su oficina comunicará a los jueces los casos que puedan producirse entre jóvenes que se nieguen a realizar la prestación social sustitutoria y recordó que, de acuerdo con la ley, pueden ser condenados a penas comprendidas desde los dos años, cuatro meses un día de prisión hasta los seis años de cárcel. El director de la oficina insistió en que la realización de la prestación social sustitutoria "es totalmente obligatoria".

Las primeras incorporaciones se producirán el mes próximo y el resto, hasta el millar, durante noviembre y diciembre. Según De la Oliva, a partir del año próximo se pretende que el número de incorporaciones anuales esté entre 2.000 y 3.000 jóvenes. Tras la entrada en vigor de la ley y el reglamento sobre la objeción de conciencia, la competencia sobre esta materia corresponde al Ministerio de Justicia, cuyo titular, Enrique Múgica, tendrá que presentar al Consejo de Ministros las iniciativas para solucionar la situación de los objetores que esperan desde hace años -algunos hasta 15 años- aclarar su situación jurídica.

No son trabajadores

Según la ley, los objetores que estén realizando la prestación social sustitutoria tienen los mismos derechos que los soldados: manutención, alojamiento, vestuario y haberes idénticos. Desde el punto de vista legal, según dijo De la Oliva, no se trata de trabajadores "porque no están trabajando" y, de hecho, los objetores no mantendrán ninguna relación jurídico-laboral con las entidades en las que realicen la prestación.

Con respecto a la posible polémica que puede originarse por el hecho de que sólo los objetores más jóvenes puedan ser llamados para realizar la prestación sustitutoria mientras el resto sea liberado de hecho de tal obligación, José Miguel de la Oliva respondió que los más jóvenes "no pueden alegar que han estado discriminados", en referencia a que no han tenido que estar esperando una aclaración jurídica a su situación.