Todo el sistema procesal penal, 'tocado del ala'
Los estudios previos a la reunión del próximo día 6 de septiembre, realizados por los presidentes de audiencias territoriales, y que proseguirán hoy y el próximo lunes, han llevado ya a algunos de ellos a la conclusión de que todo el sistema procesal penal ha quedado tocado del ala por la sentencia del Tribunal Constitucional. Tal es el caso de Clemente Auger, que considera "hundida la ley orgánica del Poder Judicial y la futura ley de Planta" y estima que al Consejo General del Poder Judicial sólo le queda denunciar la imprevisión u optar por "soluciones chapuceras", mientras que otros, como José Antonio Somalo, apelan a la buena voluntad de los jueces.Somalo ha estudiado la sentencia del alto tribunal y ha comprobado que habla de la posibilidad de recusación del juez que instruyó la causa, pero no de aquel que dictó el auto de procesamiento. Por otra parte, mientras Auger y Juan Bautista Pardo estiman previsibles las abstenciones masivas de jueces, sin necesidad de ser recusados, Carlos Climent cree que la sentencia no provoca la abstención automática del juez que instruyó.
Por otro lado, Auger estima que una vez que el juez que instruyó se encuentra "obligado a abstenerse", la ley obliga a que tal abstención sea estudiada por la sala de gobierno de su audiencia territorial, lo cual impedirá la sustitución automática. Pardo afirma, en cambio, que la solución puede ser el silencio de la sala, con lo que a los cinco días debe estimarse aceptada la abstención, aunque reconoce que debe ser estudiada una a una, por si en algunos casos no es correcta su aplicación.
Todos coinciden en que el problema es más grave en las ciudades pequeñas, en donde los escasos jueces penales han podido sustituirse mutuamente en las distintas diligencias del caso, por lo que están contaminados por la instrucción y no pueden juzgar.
En cuanto a la solución legislativa, Auger considera inevitable en el futuro atribuir la investigación al fiscal, para lo cual hay que suprimir la instrucción de numerosos delitos, ya que para los casos en que permanezca la instrucción, sólo el juez puede realizarla. Claudio Movilla se opone también, "tal como está articulada", a la medida de que el fiscal sustituya al juez en la instrucción.
Pardo estima "por el momento, muy perturbadora" la solución de que el fiscal instruya, dada la unidad de actuación del fiscal y su dependencia gubernamental, y señaló que, "aunque de 100.000 asuntos, en 99.900 aplican los criterios de legalidad, basta que en 100 apliquen el de oportunidad". Añadió que el Ministerio Fiscal carece de infraestructura para asumir esta nueva tarea y en igual línea se pronunció Carlos Climent.
