Alivio en el sector financiero, pero seria preocupación por los efectos en el exterior

Pese a la sensación general de alivio que la expropiación de Rumasa ha provocado en el sector financiero tanto nacional como extranjero, la decisión del Gobierno socialista recibió ayer su principal crítica en la reacción de los mercados exteriores, donde existía el riesgo de que la medida fuera únicamente considerada en su aspecto formal -es decir, la primera nacionalización de un importante grupo privado por un gabinete de izquierdas recientemente estrenado en el poder-, y, menos en cuanto a la necesidad del poder para actuar urgentemente y evitar así el pánico que la quiebra de facto del holding de la abeja hubiera provocado.

Un banquero internacional, de reconocido prestigio en Madrid, declaraba a EL PAIS que, pese a la sorpresa inicial respecto a la dureza formal del Gobierno, "está bastante claro que una medida de nacionalización era la alternativa más coherente" ante la gravedad del problema que las cifras leídas por Boyer ante la televisión muestran. "Ahora bien -añadía- que nadie se llame a engaño: esto va atener un precio contante y sonante en el prestigio español en el exterior". "Si el Gobierno sale poco airoso de la prueba, el crédito a España se va a encarecer notablemente; y eso es grave en un año en que, según la AEB, se van a necesitar por lo menos 7.500 millones de dólares en divisas para equilibrar nuestras cuentas exteriores".Si bien el Gobierno recibía el apoyo incondional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de las organizaciones sindicales, la reacción de la derecha tradicional era bastante mixta. El sector financiero mantenía un silencio que evidenciaba alivio ("el efecto será beneficioso, pues limpia y esclarece el sistema", comentaba en privado un banquero), mientras que el grupo Alianza Popular-PDP pasaba de una duda jurídica sobre la constitucionalidad de la medida (Oscar Alzaga) hasta la solicitud de urgencia de un debate en el Parlamento (Fraga).

Mientras que la principal preocupación era el impacto en el exterior, un representante de un banco extranjero en Madrid mostraba su temor ante la previsible campaña que algunos intereses económicos españoles, no conectados con el sector financiero, pueden lanzar fuera del país sobre la "primera nacionalización socialista". "No se van a quedar en la hojarasca. Hablar de sovietización de la economía española es lo mínimo que se puede esperar en estos momentos".

A esta campaña de desprestigio hay que sumar las medidas cautelares que algunos bancos e instituciones pueden tener de ahora en adelante en su política crediticia en este país. "El fantasma de Chile, donde todo el sector financiero está intervenido para evitar su colapso, o de México, donde la nacionalización de López Portillo fue una medida extrema para proteger los bancos de la quiebra, no es nada descabellado".

La decisión gubernamental era también recibida por otros como un peligroso precedente. "Pese a su exquisito cuidado en sus primeras semanas en el poder, los socialistas recurren a las recetas clásicas de la izquierda para salvar situaciones de este tipo. Esto nos lleva a pensar si estamos o no en un sistema de libre empresa. Porque si no lo estamos, la cola de empresas rogando una nacionalización va a ser de espanto. Al fin y al cabo, hay un grupo de compañías, muy conocidas por todos, que han hinchado mucho antes y mejor que Rumasa sus balances".

Pero lo más curioso de las reacciones internas a la nacionalización de Rumasa era el perfecto alineamiento de las mismas según las banderas ideológicas. Así, el conseller de Economía y Comercio de la Generalitat de Cataluña, Jordi Planasdemunt, declaraba: "Mientras no se demuestre la utilidad social de la medida, ésta ataca los principios de la Constitución", según informa nuestra redacción en Barcelona. Planasdemunt manifestó que, con esta actuación, el Gobierno ha iniciado una vía coherente con los planteamientos del PSOE y ha seguido el mismo camino que el Gobierno socialista francés, una vez llegó al poder.

Apoyo socialista

Desde una óptica contraria, el primer secretario del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), Joan Reventós, que figura en la oposición al Gobierno de Jordi Pujol, calificó de "meditada, justa y oportuna", la medida adoptada por el Gobierno y señaló que el Ejecutivo ha procurado que no peligren los puestos de trabajo de los empleados del grupo.

Alfredo Molinas, presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional, en una línea argumental similar a la del conseller Planasdemunt, manifestó que "de seguir las cosas así, el Estado será el principal competidor de las empresas privadas". Algo parecido declaró en Madrid José Antonio Segurado, presidente de CEIM, la patronal madrileña, que señaló: "La situación de la economía española es muy difícil, enormemente delicada, y tengo que pensar que el Gobierno ha tenido en cuenta la extraordinaria delicadeza de la situación. En espera de escuchar la versión de Rumasa, comprendo que el ministro Boyer ha estado responsable, muy serio".

En el exterior, la expropiación de Rumasa produjo conmoción. En París, donde la experiencia francesa de nacionalizaciones es un fenómeno admitido, la expropiación de Rumasa fue muy ampliamente difundida, según informa Feliciano Fidalgo. El diario independiente Le Monde, intenta comprender por qué los socialistas, con la expropiación de Rumasa, han roto con su "línea de extremada prudencia en materia económica". El mismo periódico estima que la decisión gubernamental ha sorprendido a todos por su "carácter radical y fulgurante, pero no era totalmente inesperada".

El tema de las nacionalizaciones en Francia, ha agotado a todo el país desde que los socialistas llegaron al poder e incluyeron en el sector público cinco grandes grupos industriales y al 92% de la banca. Este lote, sumado al de las nacionalizaciones realizadas por el general Charles de Gaulle después de la última guerra mundial, pone en manos del Estado cerca del 20% del producto francés.

En Bruselas, más por la sorpresa de la noticia que por su contenido, que a primera vista tendrá, según los medios consultados, escasas repercusiones en los países del Benelux y de la CEE, informa Andrés Ortega. Aunque toda nacionalización produce siempre ciertos escalofríos en Bruselas, la CEE no tiene competencia en el campo de la propiedad de las empresas, menos aún en el caso de España, que no es país miembro.

Las opiniones en las bolsas españolas eran de todos los colores, del rojo vivo de la reacción visceral al casi blanco de la más pura lógica. Los que estaban mejor informados de los negocios del holding se sentían menos asombrados, pero aún así les costaba trabajo creérselo. En el fondo, casi nadie esperaba actitudes tan enérgicas en este Gobierno. En su conjunto, se puede decir que a primera hora los asiduos de la Bolsa de Madrid se sentían agraviados y algunos estaban casi en pie de guerra, informa Rafael Vidal.