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jueves, 23 de abril de 1981
Tribuna:

Monarquía nacional

La actitud del Rey y su conducta en dos momentos recientes, uno delicado (Guernica) y otro gravísimo (el secuestro del Congreso y el Gobierno el 23 de febrero), han aumentado increíblemente su prestigio. Como el prestigio es aquel irreal poder que más conviene a los reyes, creo que los españoles debemos felicitarnos. El que más y el que menos piensa que si no fuera por el Rey a estas horas no tendríamos en España democracia, libertad política ni derechos ciudadanos. Algunos ciertamente lo deploran, pero creo que la mayoría ha visto pasar por delante un fantasma amenazador que le ha producido un estremecimiento.De esa convicción se sacan algunas consecuencias; pero me pregunto si son las adecuadas. ¿Se trata del Rey o de Juan Carlos I? Algunos dirán que se trata del rey Juan Carlos I, único concreto y efectivo. Evidentemente es así, pero mi pregunta no es superflua ni retórica. No son pocos los que, después de haber retaceado todo lo posible las funciones y poderes del Rey, hasta intentar reducirlo (ya que no habían podido eliminarlo) a tina figura decorativa, están ahora encantados de que nos haya sacado las castañas del fuego, y cuentan con ello en el futuro. Los que no han querido que el Rey sea cabeza de la nación esperan que sea jefe de bomberos del reino.

El prestigio de Juan Carlos I se funda -aparte de sus admirables condiciones personales- en que ha sabido ajustarse con rigor a su condición de Rey de España. Hasta tal punto que ni siquiera a los senadores reales hizo la menor presión, la menor indicación de cuáles eran sus preferencias o sus deseos. Puso en marcha la transformación política de España, la confió a quien le parecía capaz de realizarla, y dejó que la legalidad vigente engendrase tina legitimidad total, a la cual se sometió escrupulosamente, por lo cual quedó absoluta, irreprochablemente legitimado. Y desde entonces, desde que la Constitución completó la arquitectura del Estado, el Rey ha sido estrictamente un rey constitucional, al servicio de la nación entera y, recíprocamente, sostenido por ella (salvo los sediciosos de cualquier color).

* * *

¿Qué significa esto? ¿Es una novedad? Si se piensa en el régimen anterior, por supuesto. Si se recuerda la República establecida hace cincuenta años, hay que hacer algunas restricciones. El presidente era hombre de partido; ciertamente debía olvidar esta condición, y el origen de su mandato, una vez alcanzada la presidencia; pero esto no es fácil. Las Cortes del Frente Popular destituyeron a Alcalá Zamora sin dejarle terminar su mandato presidencial, por haber seguido sus consejos y disuelto las Cortes de 1933. En cuanto a Azaña, su concepción de la República estaba ligada al partidismo (puede verse en el número 2 de Cuenta y Razón lo que decía el 7 de junio de 1931, y los que no habían leído su Velada en Benicarló tienen ocasión de escuchar en adecuada versión teatral lo que opinaba de los dos beligerantes de la guerra civil, desde 1937, a pesar de lo cual siguió presidiendo uno de los dos bandos hasta casi el final).

Pero -se dirá- ¿y más allá, durante los largos años de la Monarquía? Quiero recordar la actitud ante ella de Ortega, en tres momentos significativos: 1914, 1921 y 1930. Hay que ver cuál es el nervio de su interpretación de la Monarquía y lo que para él era lo decisivo, la exigencia primaria de la cual dependía la posición que frente a ella se debiera tomar.

En su conferencia Vieja y nueva política (23 de marzo de 1914), Ortega trata extensamente de las formas de gobierno. Ve con simpatía «un movimiento que ha puesto a muchos republicanos españoles en ruta hacia la Monarquía»; cree que «lo único que queda como inmutable e imprescindible son los ideales genéricos, eternos, de la democracia», y concluye: «Somos monárquicos, no tanto porque hagamos hincapié en serlo, sino porque ella -España- lo es». Y aclara: «Esperamos de la Monarquía, en lo sucesivo, no sólo que haga posible el derecho y que se recluya dentro de la Constitución, sino mucho más: que haga posible el aumento de la vitalidad nacional». «La Monarquía tiene que justificar cada día su legitimidad no sólo negativamente, cuidando de no faltar al derecho, sino positivamente, impulsando la vida nacional». Y después de criticar el «lealismo» de Cánovas, que reaparece en Maura, llega a la fórmula decisiva: «Sobre la Monarquía hay por lo menos dos cosas: la justicia y España. Necesario es nacionalizar la Monarquía».

¿Qué quiere decir esto? Siete años después, en España invertebrada, se aclara esta expresión. Para Ortega, la raíz de los males de España, desde hace siglos, es el particularismo, la desintegración, el hecho de que las partes del todo empiecen a vivir como todos aparte. «La esencia del particularismo», escribe, «es que cada grupo deja de sentirse a sí mismo como parte y, en consecuencia, deja de compartir los sentimientos de los demás». Por eso es característica de ese estado social la hipersensibilidad para los propios males. Se pensará en los movimientos separatistas, escisionistas dentro de la nación; así es, y de ellos habla largamente Ortega; pero los considera como ejemplos o manifestaciones de ese particularismo que es su verdadera raíz y que se extiende a todas las «partes» de España, en cualquier `sentido que se tome esta expresión. «Empezando por la Monarquía y siguiendo por la Iglesia, ningún poder nacional ha pensado más que en sí mismo». «Monarquía e Iglesia se han obstinado en hacer adoptar sus destinos propios como los verdaderamente nacionales». «La vida social española ofrece en nuestros días un extremado ejemplo de este atroz particularismo. Hoy es España, más bien que una nación, una serie de compartimientos estancos». Monarquía, Iglesia, políticos, el grupo militar, las clases sociales, las regiones se entregan al particularismo en lugar de sentirse como partes que tienen que contar con las demás: es lo que Ortega llama nacionalización.

Las esperanzas en que la Monarquía supiera y quisiera «nacionalizarse» se han pedido enteramente en 1930. El 15 de noviembre publica Ortega en El Sol su famoso artículo «El error Berenguer». Cree Ortega que la Monarquía tenía el deber de haberse extenuado, hora por hora, en corregir los defectos de los españoles. en vez de especular sobre ellos, «excitando la vitalidad política del español, haciéndole hiperestésico para el derecho y la dignidad civil».

«Supongamos un instante», dice Ortega, «que el advenimiento de la dictadura fue inevitable. Pero esto, ni que decir tiene, no vela lo más mínimo el hecho de que sus actos después de advenir fueron una creciente y monumental iniuria, un crimen de lesa patria, de lesa historia, de lesa dignidad pública y privada. Por tanto, si el régimen la aceptó obligado, razón de más para que al terminar se hubiese, con leal entereza, con natural efusión, abrazado al pueblo y le hubiese dicho: "Hemos padecido una incalculable desdicha. La normalidad que constituía la unión civil de los españoles se ha quebrado. No existe el Estado español. iEspañoles: reconstruid vuestro Estado!"».

El haber querido «salir del paso», realizar la política del «aquí no ha pasado nada», fue el «error Berenguer, de que la historia hablará». Es lo que llevó a Ortega a concluir su artículo con la frase famosa: Delenda est Monarchia.

* * *

¿Cuál es la situación actual, medio siglo después? No hay que «nacionalizar» la Monarquía, porque ha nacido nacionalizada. Se ha puesto desde el primer día -desde antes de su legitimación dinástica y democrática- al servicio de España en su integridad; ha buscado su figura no mirando a la conveniencia particular, ni siquiera a la memoria del pasado, sino a las exigencias españolas en el último cuarto de siglo. En lugar de tomar sus destinos propios como si fueran los nacionales, ha visto que los destinos de la nación son los que justifican y legitiman a la Monarquía. Ha impulsado la vida nacional, ha excitado la sensibilidad de los españoles para la dignidad civil, ha ejercido en nombre de ella -es decir, del Gobierno constitucional- el mando de las Fuerzas Armadas; ha mantenido, con entereza, con evidente riesgo, «la unión civil de los españoles».

Tenemos una Monarquía nacional, sin particularismo, sin egoísmo, sin vanidad, sin temor. Su fuerza le viene de su absoluto respeto a la comunidad nacional de que es cabeza, de su aceptación íntegra de su estructura política, de su función de servicio desde la cúspide. No es lícito pedirle que ejerza funciones que no tiene; no es decente esperar que lo haga en beneficio de nadie que no sea España en su totalidad políticamente organizada; es quimérico pensar que pudiera hacerlo a las órdenes de nadie.

Es claro que el Rey ha intensificado gradualmente su poder; se entiende, su poder espiritual, hecho de estimación, respeto, prestigio; es el que le corresponde, el que llevo pidiendo cinco años completos. Pero ¿quién cree que el poder espiritual no es poder?

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