Incidentes en un juicio contra 28 campesinos
Ayer se celebró en Mula (Murcia) juicio a puerta cerrada contra veintiocho agricultores de Molina de Segura acusados de injuriar a un funcionario público en el cumplimiento de sus funciones. La vista se celebró en medio de numerosos incidentes. La querella contra los agricultores fue puesta por la Delegación de Agricultura de Murcia contra la Asamblea de Agricultores, de Casa del Rey y Cañadas de las Eras, de Molina, que desde 1975 lucha por la propiedad de las tierras que cultivan las trescientas familias que la integran desde hace más de doscientos años.
En febrero de 1979, la Asamblea firmó un panfleto en el que calificaba al entonces delegado de Agricultura de Murcia, Adolfo Virgili, y a Iñigo Cotoner y Martos, funcionario del Servicio Nacional del Trigo e hijo del marqués de Mondéjar, antiguo propietario de las tierras en litigio, como corrompidos. El fiscal pide para los veintiocho acusados dos meses de arresto mayor y 50.000 pesetas de multa.Los acusados, acompañados por cerca de doscientos agricultores asamblearios, se negaron a entrar al juicio y pidieron que la Asamblea de Agricultores declarase en la vista de manera colectiva y anónima. A pesar de ello, el juez, Manuel Rodríguez Gómez, celebró la causa sin la presencia de los acusados, que permanecieron en la puerta de la sala durante varias horas, mientras gritaban, de cuando en cuando, «Justicia popular». A las dos de la tarde, el juez consintió en recibir a los asamblearios, que le exigieron un justificante de que la Asamblea se había presentado al juicio, mientras preguntaban: «¿Por qué se juzga a unos pocos si la culpa es de todos?».
Ante la negativa del juez a extender un justificante al colectivo, por considerar que no tienen reconocimiento jurídico, los agricultores se negaron a desalojar la sala del juzgado, lo que ocasionaría su posterior expulsión por la Policía Nacional, hacia las tres de la tarde.
El conflicto con las tierras de los parajes llamados Casa del Rey y Cañadas de las Eras, del término municipal de Molina de Segura, se inició en 1975, cuando el marqués de Mondéjar, jefe de la Casa Real, vendió esas tierras de su propiedad -heredadas del conde de Heredia Espínola- a los hermanos Hernández Pérez y a Carlos Gómez. Desde entonces, los 1.200 agricultores de la Asamblea, unas trescientas familias, reclaman la propiedad de esas tierras, que vienen trabajando de generación en generación desde 1777.
En febrero de 1979, el Ministerio de Agricultura, a través del IRYDA, realizó un estudio jurídico y sociológico del terreno en litigio, en el que se comprueba el árbol genealógico de estas familias que ahora reclaman la propiedad de las tierras. En noviembre de 1978 los agricultores de Molina reconocían «el error de información del marqués de Mondéjar para hacerse con la titulación de las tierras», error que atribuían a sus antiguos administradores en Murcia, la familia Virgili, a la que pertenece el antiguo delegado de Agricultura denunciado por los agricultores en el panfleto origen del juicio.
Desde que comenzó el conflicto, los agricultores han protagonizado en varías ocasiones medidas colectivas de protesta, llegando a encerrarse durante varios días en una iglesia.
