La decadencia económica andaluza

La economía andaluza se encuentra sumida en un proceso de regresión que arranca de lejos y adquiere señas de identidad desde que se inicia la industrialización española con una dinámica propia, en especial a partir de la segunda mitad del siglo XIX. La historia de la decadencia andaluza coincide, precisamente, con el desarrollo del_capitalismo español, en cuanto que, hasta entonces, la economía andaluza ocupa un primerísimo lugar -generalmente desconocido- entre las diferentes regiones y nacionalidades españolas. Todavía en 1800, según estimaciones de J. Plaza Prieto (véase el cuadro número l), el producto bruto de Andalucía ascendía al 24,75% del total español, en tanto que, por ejemplo, Cataluña sólo sumaba el 8,28% -una tercera parte del producto bruto andaluz- y el País Vasco el 2,02%, datos todos ellos que, a pesar de su limitada fiabilidad, revelan una considerable distancia entre Andalucía y el resto de las regiones españolas. Sólo Sevilla, que ocupaba el primer lugar entre todas las provincias españolas, absorbía un 14% del producto bruto total, superando con creces a toda Cataluña y País Vasco juntas.Incluso en los comienzos del proceso de industrialización, Andalucía consigue todavía éxitos importantes con las primeras factorías metalúrgicas de las provincias de Málaga y Sevilla, que fuerzan -en la primera mitad del siglo XIX- lo que Jordi Nadal, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha denominado la « industrialización del Sureste». Pero tanta fortuna se desvanece en poco tiempo, justamente cuando el proceso de industrialización arranca definitivamente. A partir de entonces -y ya sin solución de continuidad durante más de cien años- la suerte se vuelve de espaldas para Andalucía. Al final de esa etapa, según las más recientes estimaciones del servicio de estudios del Banco de Bilbao, el producto bruto de Andalucía había descendido al 12% del total, mientras que la provincia de Barcelona se había situado en el 16%, y la de Vizcaya por encima del 4%. Sólo la provincia de Madrid cuenta con un producto bruto -casi el 17 % del total- que supera ya al de toda Andalucía. Por su parte, la evolución de la población es un dato más que significativo de los desequilibrios espaciales y la concentración de la producción: mientras que Madrid, Barcelona o Vizcaya han visto multiplicada su población por más de siete desde los comienzos de la industrialización española, la de Andalucía -a pesar de su más elevada tasa de natalidad- sólo se ha duplicado en el mismo periodo.

El resultado es que, en 1975, la renta per cápita de Andalucía se sitúa en 103.103 pesetas, muy por debajo de la media nacional -144.731 pesetas- e incluso por debajo de la media de otras dos regiones, Castilla la Vieja-León y Castilla-La Mancha, que han atravesado también una progresiva y acentuada decadencia.

Especialización productiva y dependencia comercial

Andalucía se halla, pues, inserta en un proceso de regresión estructural que no puede explicarse al margen del otro proceso que sigue la economía española a partir de la segunda mitad del siglo XIX. No se trata aquí de abordar un análisis detenido de esos factores, pero no se puede omitir la simple mención de algunos de ellos. Así, es obligada la referencia a la explotación colonial de la excepcional riqueza minera de Huelva, Jaén, Córdoba, Sevilla, Granada, etcétera, en cuanto que la economía andaluza se convierte en el principal abastecedor de materias primas minerales que van a facilitar el despegue industrial de determinadas metrópolis. Todo ello, tras el triunfo revolucionario -curiosa «paradoja» para Andalucía- de 1868. No menos importancia tiene en la explicación del subdesarrollo andaluz la gran propiedad latifundista que diversos autores, como Martínez Alier, Malefakis, Antonio Bernal, Manuel Artola o las obras ya clásicas de Pascual Carrión han valorado con precisión. Y, finalmente, tampoco puede olvidarse la progresiva articulación de un sistema proteccionista, propiciado por los intereses sectoriales que dominan el proceso de industrialización (metalúrgicos, siderúrgicos, textiles, etcétera), que asegura ventajas comparativas a los intereses industriales frente a los agrarios andaluces. A este respecto, conviene recordar que el reiterado pacto de la restauración, entre agrarios e industriales, fue siempre menos ventajoso para los primeros, que se ven obligados, en diversas ocasiones, a aceptar acuerdos netamente favorables a los segundos. Bastaría una referencia a los numerosos debates que suscitan los aranceles de 1891 , 1906 y 1922, o a la simple composición de la junta de aranceles y valoraciones, o al examen de sus 4cuerdos, para comprobar hasta qué punto salieron perjudicados los intereses de la burguesía andaluza.

Las consecuencias de todo ello son ampliamente conocidas: a) La balanza comercial de Andalucía con el exterior es fuertemente dependiente en bienes de alto valor y productos manufacturados, además de bienes de capital, pero también en productos elaborados del propio sector agrario. b) La balanza de dependencia sectorial es fuertemente excedentaria, lo que significa que son mucho más importantes y numerosas las exportaciones de inputs -que son elaborados y transformados en otras regiones- que las importaciones de esos mismos productos.

Finalmente, el análisis de las relaciones intersectoriales a través de las tablas input-output -recientemente elaboradas por el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Sevilla y el Departamento de Política Económica de la Universidad de Málaga- revela la escasa articulación existente en la economía andaluza, que se comporta en la práctica como una estructura productiva típica de un área subdesarrollada.

También los flujos financieros han contribuido en el caso de Andalucía -como en las restantes regiones atrasadas- a acentuar la dependencia económica respecto a los centros industriales que protagonizan el crecimiento económico de las últimas décadas. Gran parte del ahorro de la región se ha canalizado hacia inversiones en los centros industriales que han concentrado el capital y la mano de obra. Así, los datos relativos a la distribución provincial del crédito -utilizados con las debidas salvedades, pues no siempre los créditos concedidos o dispuestos se invierten en las provincias que se conceden- y las cifras correspondientes de depósitos confirman esta hipótesis. Como puede observarse en el cuadro número 2, Madrid, Barcelona y Bilbao están recibiendo, a través de la banca privada, importantes recursos financieros que son en gran parte captados en espacios económicos subdesarrollados. Concretamente en Andalucía -véase el cuadro número 2-, de cada cien pesetas depositadas en la banca, sólo se invierten 74,7 pesetas, correspondiendo los mayores desfases a Almería -de cien pesetas depositadas sólo 24,4 pesetas se invierten en créditos en la provincia-, a Granada (50,5 pesetas), a Jaén (64,5 pesetas), y a Málaga (57,4 pesetas). En el extremo opuesto, Madrid absorbe 143,3 pesetas en créditos por cada cien pesetas en depósitos; Barcelona, 121,3 pesetas por cada cien pesetas, y Bilbao, 180,5 pesetas por cada cien pesetas. En total, los citados centros aportan el 46,1 % de los depósitos bancarios, mientras que reciben en créditos el 63,9 %.

Estos trasvases de flujos financieros se acentúan a través de las Cajas de Ahorros. En especial, a causa del coeficiente de inversión obligatoria en valores computables de grandes empresas que, en las últimas décadas, han canalizado gran parte de los recursos de estas instituciones financieras: más de un 40 % hasta 1977, y en torno al 30 % en la actualidad, como consecuencia de las reducciones previstas por un decreto de agosto de 1977. Como es bien conocido, las empresas cuyos títulos han figurado tradicionalmente como valores computables para la inversión de las Cajas son grandes sociedades (Altos Hornos de Vizcaya, Iberduero, Hidroeléctrica Española, etcétera) la mayor parte de ellas localizadas, o con actividades predominantes, fuera de la región. No en vano, de las 1.200 grandes empresas industriales, sólo 59 tienen su domicilio social en Andalucía; sólo 31, en Galicia; 35, en Castilla la Vieja y León; en tanto que, en Madrid, están domiciliadas 448; en Barcelona, 317, y en Bilbao, 83.

Los trasvases de flujos financieros también se acentúan a través del plan de inversiones -si es que así puedel denominarse- del INI, o las transferencias de rentas que generan las cuantiosas pérdidas de las empresas públicas (Hunosa, Ensidesa, etcétera), pocas de ellas localizadas en Andalucía. En efecto, el inmovilizado acumulado por el INI en Andalucía, a 31 de diciembre de 1976, sólo representaba el 4,2 % del total, cifra muy inferior a cualquier otro indicador regional, como la distribución de la población o la producción neta. Así, el inmovilizado acumulado por habitante -3.899 pesetas- se sitúa en uno de los últimos lugares, rebasando sólo al de Extremadura y País Valenciano. El resto del sector público compensa, en parte, estos trasvases a través de las transferencias de la Seguridad Social -dado el carácter de subvención con que funciona el régimen agrario- y las entidades oficiales de crédito que tienen efectos redistributivos de signo contrario. Por último, el sistema fiscal arroja también un saldo de flujos favorables que se reduce drásticamente si se tiene en cuenta los recientes trabajos sobre imputación de los ingresos y gastos públicos. La cuestión más polémica se centra en la discutible identificación de la recaudación provincial de los impuestos con los pagos impositivos realmente efectuados en cada una de las provincias. En el caso de Andalucía, la Dirección General de Tributos ha demostrado que las recaudaciones provinciales de los impuestos que registran las delegaciones de Hacienda son muy inferiores a los ingresos fiscales efectivamente satisfechos por sus ciudadanos.

En definitiva, la economía andaluza se encuentra sumida en un proceso de regresión estructural que coincide -y se inicia- con el desarrollo del capitalismo español y la industrialización de los siglos XIX y XX