Reguladas las competencias de los claustros de profesores

Siete nuevos artículos del proyecto de ley que regula el Estatuto de Centros Escolares fueron aprobados ayer en la Comisión de Educación del Congreso, que ha entrado ya en la discusión del título tercero de la ley, relativo a los centros privados. El debate sobre el primero de los artículos de este título, en el que se reitera el reconocimiento del derecho a crear y dirigir centros privados, establecido ya en el artículo siete, determinó una nueva derrota de las tesis de la izquierda parlamentaria en torno al carácter de los centros subvencionados.

En muy breve espacio de tiempo se aprobaron los artículos 29, 30 y 3 1, relativos los dos primeros a la definición y competencias del claustro de profesores y de la junta económica, y el tercero, a la posible constitución de «consejos de profesores» en cada curso, así como de seminarios o departamentos didácticos, por materias, áreas o ciclos.El diputado centrista José Luis Moderos defendió el texto del informe de la ponencia sobre estos tres artículos y se opuso a las enmiendas socialista y comunista. La portavoz del PSUC, Eulalia Vintró, pretendía que los citados consejos estuvieran abiertos a la participación de padres y alumnos, y los socialistas, a través de su diputado, Angel Franco, propusieron la inclusión de dos nuevos artículos, que posibilitarían la existencia de unas comisiones «pedagógicas» y «de convivencia ». Las comisiones pedagógicas, según explicó la representante de Socialistas de Cataluña, Marta Mata, facilitarían la participación activa de los padres en la vida pedagógica del centro, que es el ámbito donde tal participación adquiere su mayor sentido.

Las enmiendas fueron rechazadas por estimar el grupo centrista que resultaría muy poco operativa la proliferación de comisiones en los centros.

Por una enmienda in voce del grupo centrista permitió la modificación del artículo 32, aprobado a continuación, con el voto en contra de socialistas y comunistas, en el que se establece que los órganos colegiados se renovarán anualmente y otorga a la potestad reglamentaria de la Administración determinar el tiempo de duración de los nombramientos para el desempeño de las funciones que correspondan a los órganos unipersonales de gobierno de los centros.

Protesta comunista

La nueva redacción de este artículo provocó la enérgica protesta de la diputada comunista Eulalia Vintró, quien interpretó este texto como la consagración del autoritarismo en los centros y la prolongación por tiempo indefinido de la dirección impuesta por la Administración. Ello, ajuicio de la portavoz comunista, empeora sensiblemente el primitivo texto, en el que se contemplaba la posibilidad de controlar cada tres años la idoneidad del director nombrado.

Se aprobó seguidamente el artículo 33 (con la abstención de socialistas y comunistas), por el que se regula la periodicidad de las reuniones de los órganos colegiados de gobierno y, por unanimidad, se aprobó también la supresión del artículo 34, tal y como se había establecido en el informe de la ponencia.

Tras esto, se entró en el debate del artículo 35, primero, como ya quedó dicho, del título de la ley que se ocupa de los centros privados.

Gómez Llorente, portavoz enesta ocasión del Grupo parlamentario Socialista, interpretó la reiteración del artículo siete, cuyo contenido se reproduce casi íntegramente en el 35, como una nueva desvirtuación de los puntos seis y siete del artículo 27 de la Constitución y patentizó, una vez más, el error que, a su juicio, supone el no haber aceptado los argumentos socialistas en pro de la necesaria distinción entre los centros privados y los sostenidos con fondos públicos. Acusó al partido del Gobierno de no haber hecho el más mínimo intento de entendimiento ante una ley de tanta trascendencia, lo que, en su opinión, evidencia la «ausencia de sentido del Estado » y se preguntó que podría pensarse si se hubiera adoptado esta misma postura ante otras leyes orgánicas.

Le replicó, en nombre del grupo centrista, el diputado Miguel Durán, quien dijo que Gómez Llorente había dedicado más tiempo a «interpretar las intenciones de UCD que a defender sus propios argumentos». Dijo el portavoz centrista que el mantenimiento de la libertad de crear, dirigir y gestionar centros es una prueba de que se está contra el criterio de es tatalización y negó rotundamente la acusación socialista de que UCD tenga su propio sistema de control de la enseñanza, porque, «desconfianza por desconfianza», dijo, «entendemos que el PSOE sigue invariablemente en su criterio de tender hacia la escuela única».

El artículo 35 fue aprobado, según el texto de la ponencia, tras ser rechazadas tanto las enmiendas socialistas como la defendida por -la diputada comunista Eulalia Vintró, quien proponía la supresión de la palabra dirigir, del mismo que se desestimó la presentada por este mismo grupo al texto del artículo 36, donde se somete la apertura y funcionamiento de los centros privados a la previa autorización, en atención a las condiciones mínimas que se establezcan con carácter general.

Se aplazó para hoy, finalmente, el debate sobre el artículo 37, al que todos los grupos han presentado enmiendas in voce, empezando por los propios redactores del proyecto, y que trata, entre otros importantes aspectos, del ideario de los centros y de la participación de la comunidad escolar en el control y gestión de los mismos.