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Pleno del Congreso

Aprobadas las normas para el estudio de los estatutos de autonomía

El Pleno del Congreso concluyó ayer la aprobación de las normas reglamentarias sobre la elaboración de los estatutos de autonomía. De acuerdo con el pacto político establecido en la sesión anterior, el debate de los últimos artículos fue muy rápido, tras la retirada por parte de socialistas, comunistas y Minoría Catalana del voto particular sobre el punto más conflictivo relativo al plazo de iniciación del trabajo de la ponencia.Según la propuesta conjunta de los grupos citados al día siguiente de finalizar el plazo de presentación de motivos de desacuerdo al proyecto de estatuto, la Comisión Constitucional debería designar una ponencia con representación de todos los grupos parlamentarios.

Retirado el citado voto particular, el texto aprobado por unanimidad establece que tal designación de ponencia se producirá «el mismo día en que deba iniciarse el cómputo del plazo de dos meses» establecido en la Constitución. En definitiva, el texto aprobado retrasa más el estudio final de los estatutos de autonomía, pero fue aceptado por la izquierda y la Minoría Catalana en función de las concesiones centristas contenidas en el pacto global.

El único voto particular debatido fue el formulado por el Partido Nacionalista Vasco y defendido por Marcos Vizcaya, según el cual el plazo de dos meses debe considerarse como de caducidad y, por tanto, ser improrrogable. Este voto particular fue rechazado con 144 votos a favor, 170 en contra y dos abstenciones.

En la explicación de voto, el centrista Joaquín Molins se felicitó del acuerdo al que se había llegado, tanto porque respeta la Constitución en su letra y en su espíritu como porque abre el camino al trabajo eficaz dirigido a constituir un Estado regionalizado que profundice la democracia y respete la peculiaridad de las nacionalidades y regiones.

El socialista vasco José Antonio Maturana también se congratuló del acuerdo encontrado para el debate de los estatutos, que en su opinión contiene una solución satisfactoria, sin preterición del vasco ni del catalán, presentados ambos -según recordó- hace cinco meses y para cuya tramitación pidió al Gobierno que presentara un calendario claro y concreto.

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