Precios agrarios

Representante de la COAG en la negociación de precios 1979

De nuevo nos encontramos ante una negociación de precios agrarios que marcará en buena medida las rentas de los agricultores en esta campaña. Aproximadamente el 20% de la población activa de nuestro país está afectada por sus resultados. Este año la negociación está profundamente afectada por el calendario político, que condiciona desde quién se sienta a la mesa hasta los resultados, pasando por la celeridad que cada uno desea imprimir a los trabajos.

Las reuniones se iniciaron hace ya más de dos meses, el día 6 de febrero, en el FORPPA, coincidiendo con la manifestación de agricultores que convocó en Madrid la COAG, con el fin de recabar la solución a los ya históricos problemas de la seguridad social agraria y el cumplimiento de los numerosos compromisos todavía pendientes. En aquella ocasión los agricultores respondieron masivamente a la llamada de la COAG y de las uniones, demostraron al país su voluntad de unirse al margen de los intereses concretos de cualquier partido y, por supuesto, del Gobierno. En efecto, la COAG consiguió traer a Madrid entre 5 y 7000 delegados comarcales, cosa que jamás pudo hacer, a pesar de las dietas, el sindicato vertical ni ninguno de los montajes que para sustituirlo se han intentado levantar. Aquella manifestación, frente a la que el FORPPA tuvo una actitud propia de tiempos pasados, sirvió, además, para sentar las bases, cara a las actuales negociaciones, de quién es quién en el campo.

Los que están negociando

En estas negociaciones son cinco las organizaciones que dicen representar al campo; dos de ellas, la COAG y la CNAG han demostrado en numerosas ocasiones (desde las elecciones a Cámaras hasta las luchas llevadas a cabo) su presencial real entre los agricultores y ganaderos, la primera, y entre los grandes propietarios la segunda. El CNJA ya estuvo presente en las negociaciones del año anterior, pero las posturas defendidas este año son claramente diferentes al haber permitir llegar a una política de triunfado en él la línea más conservadora.

La UFADE, creada para participar en las actuales negociaciones, agrupa a las organizaciones situadas más a la derecha de las que en la pasada primavera intentaron formar la FISA; además a ella están directamente vinculados algunos sectores del CNJA (Centro Nacional de Jóvenes Agricultores). La UFADE representa en esta negociación los intereses caciquiles más puros; en ella hay numerosos presidentes de Cámara que ya lo fueron en tiempos del sindicato vertical, pero tiene escasa representación entre los agricultores. En la UFADE están igualmente cobijados los restos de ARA (organización creada por Ballarín Marcial). Con la UFADE están acudiendo a la negociación las organizaciones sectoriales, como, por ejemplo, la Federación de Arroceros.

La actitud de la UFADE en las negociaciones, boicoteando lo ya negociado y cambiando continuamente sus posturas, es el resultado lógico de las tremendas contradicciones de su composición. En efecto, esta organización es un conglomerado de intereses caciquiles y sectoriales, algunos fuertemente vinculados a la extrema derecha y a la industria agroalimentaria, incapaces de ponerse de acuerdo para presentar una alternativa única de política agraria, lo que es requisito imprescindible para sentarse a negociar los precios de forma coherente.

La otra organización presente por primera vez en las negociaciones es la FTT, rama agraria de la UGT.

Hace ya muchos años que en nuestro país la política agraria ha sido sobre todo una política de precios que se fijaban según los intereses de los diferentes grupos de presión, entre los que han tenido un peso específico los de los grandes propietarios cerealistas; así, los cereales absorben tradicionalmente elevados porcentajes, tanto de las subvenciones como de los créditos con cargo a los presupuestos del FORPPA. Esta política se ha justificado por el «apoyo» a las zonas más pobres de Castilla, mientras las intervenciones en los productos propios de la explotación familiar han sido mínimas.

Por otro lado, al ser el sector agrario residual dentro del modelo de desarrollo de la economía española, la relación de precios con los sectores industrial y servicios ha ido deteriorándose paulatinamente, sobre todo desde la crisis energética, siendo en la actualidad claramente desfavorable para la agricultura. Por último, el sistema de subvenciones a la agricultura vía precios, incrementa las diferencias existentes en el sector, ya que, debido a las economías de escala, la mayor parte de las subvenciones van a unas pocas grandes explotaciones, mientras que para la explotación pequeña y mediana, que aporta la mayor parte de la producción final, el ingreso proveniente de éstas es mínimo.

Por tanto, la COAG considera imprescindible el establecimiento de un marco global de negociación de la política agraria, en el que, además de la imprescindible recuperación de renta por la vía precios, se traten de forma prioritaria las reformas más urgentes del sector, tanto en lo referente a las estructuras comerciales como a las productivas. Ya en la campaña anterior, la negociación de las medidas complementarias, junto al contenido de los pactos de la Moncloa para agricultura, sentaron las bases para una nueva concepción de la política agraria, aunque los graves incumplimientos le han restado mucha eficacia. El enfoque de las presentes negociaciones debe rentas frente a una política exclusivamente de precios.

En primer lugar, deben fijarse las condiciones para hacer real¡dad la ordenación de cultivos en el sentido que ya se negoció, es decir, contemplando la problemática de la agricultura no sólo desde la dinámica del mercado, óptica por otro lado imprescindible, sino también desde el necesario desarrollo integral de las comarcas, las regiones y las nacionalidades.

En esta negociación debe igualmente quedar aclarada la postura de la Administración frente a los compromisos adquiridos con el sector agrario: solución a los problemas de la Seguridad Social agraria, nueva ley de Reforma y Desarrollo Agrario y Estatuto de la Explotación Familiar principalmente.

Una vez sentadas estas bases en la propuesta de cara a los nuevos precios agrarios, la COAG defiende el establecimiento de una política agraria específica para la explotación familiar, lo que conlleva la prioridad de las medidas complementarias dirigidas a reformar las estructuras comerciales en el sentido de una participación mayor de los agricultores y consumidores, así como de las productivas en los casos de la leche, aceite, arroz, etcétera, frente a los propios precios.

La COAG, en las presentes negociaciones y ante la demagogia de otras organizaciones, intental, asegurar la renta de la explotación familiar, evitando provocar una inflación excesiva que, de sobra sabemos, nos afecta muy, negativamente al repercutir sobre todo en las capas más desfavorecidas de la sociedad. Para, que esto sea posible es necesaria una limitación real de los incrementos de los precios de los inputs y una política crediticia adecuada, así como la puesta en práctica urgente de la ley de Seguros Agrarios, elementos todos ellos imprescindibles para la estabilidad de la renta de la pequeña explotación.

Con los mismos objetivos, la COAG pretende que en esta negociación se aborde seriamente el problema que la próxima integración de España en la CEE va a suponer para algunos cultivos y, por tanto, para extensas zonas del país. Así será necesario que la Administración adquiera compromisos serios frente al futuro de producciones como el aceite, leche, arroz, vino, remolacha, posible expansión del tabaco, etcétera, en el mismo sentido que se ha hecho recientemente con el algodón.

Por último, la COAG no admitirá que se traten por la vía de precios los graves problemas estructurales como sistemáticamente se hace todos los años, con lo que sólo se consigue alargar un poco más la miseria de los campesinos de extensas zonas del país. De esta manera, en la propuesta presentada por la COAG se diferencia claramente entre aquellos productos para los que sólo es necesario actualizar la renta y mejorar las estructuras comerciales de los que tienen problemas de estructura productiva y, por tanto, precios tremendamente distantes de los costes; para éstos planteamos un tratamiento específico en el que se incluye una reforma de las estructuras productivas negociadas desde las propias zonas afectadas.

Sin embargo, somos conscientes de que sobre el actual Gobierno, máxime si se tienen en cuenta los últimos acontecimientos políticos, puede ejercer una influencia decisiva el ala «rural» de la propía UCD, situada muy a la derecha dentro de este partido, como ya ha sucedido en anteriores ocasiones, especialmente en la elaboración del proyecto de ley de fincas manifiestamente mejorables, esto pondría fuertes trabas al cumplimiento de lo negociado. Por tanto, la COAG considera necesaria la formación de una Comisión Mixta de los Agricultores con la Administración para el seguimiento de los acuerdos. Esta Comisión, en alguna medida, sería responsable, junto con el Gobierno, del cumplimiento de lo negociado.