El juez imputa a dos trabajadoras de la residencia de Alcorcón
Las empleadas tendrán que declarar el próximo 21 de abril acompañadas de un abogado
Dos empleadas del turno de noche de la residencia de mayores de Alcorcón en la que el sábado desapareció un hombre de 82 años sin que nadie le echara en falta y que fue hallado muerto el domingo, serán investigadas (antes imputadas) por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad, Agustín Carretero. Así lo decidió el magistrado ayer, tras tomar declaración a la directora del centro durante gran parte de la mañana.
La directora de la residencia de Alcorcón estaba citada ayer, junto con las dos empleadas, para testificar y explicar las circunstancias que rodearon la muerte del residente, que fue hallado sin vida la mañana del domingo en un banco del jardín del centro. Este no había acudido ni a cenar ni se encontraba en su habitación, pese a lo cual ninguno de los trabajadores de la residencia avisó a los servicios de seguridad ni a sus familiares. Su compañero de mesa ya alertó a las empleadas que no se había sentado a la mesa. De hecho, algunos compañeros lo vieron fumando un cigarro y dando una vuelta por el jardín antes de cenar, como acostumbraba todos los días tras haber jugado al dominó.
La directora declaró durante toda la mañana ante el juez Carretero, en calidad de testigo, por lo que no estuvo acompañada de un abogado. Durante su interrogatorio explicó cómo se actúa en la residencia en caso de que uno de los internos no acuda a cenar y tampoco esté en su habitación a la hora de dormir.
El magistrado tenía previsto tomar declaración también a la responsable de planta y a la auxiliar del turno de noche, tras interrogar a la dirección. Sin embargo, cambió de opinión sobre la marcha y las notificó que están siendo investigadas por la muerte del residente. Los delitos todavía no se les han comunicado, ya que el juez tan solo tiene un avance del informe de autopsia. Esta se la practicó el forense la tarde del pasado domingo y será la que determine el tiempo que llevaba fallecido el residente. Este era una excepción dentro del centro, ya que se valía por sí mismo. La práctica totalidad de los 218 internos son dependientes, por lo que necesitan atención continua.
Omisión de socorro
Los delitos les serán comunicados el próximo 21 de abril, cuando tienen que declarar ante el juez. Esta vez tienen que ir asistidas de abogado. Fuentes judiciales explicaron que el juez estudia imputarlas como mínimo un delito de omisión del deber de socorro, al dejar morir en soledad al mayor. También se está barajando el de homicidio por imprudencia profesional, pero en este caso habrá que esperar al resultado definitivo de la autopsia. Las fuentes consultadas mantuvieron que el atestado redactado por la Policía Científica y los investigadores de la comisaría de Alcorcón fue muy detallado y dejaba entrever una posible negligencia por parte de los responsables del centro.
La Consejería de Políticas Sociales y Familia ha abierto una información reservada para determinar qué pudo fallar en este caso. El portavoz de la Plataforma de familiares de la Residencia de Mayores de Alcorcón, Luis de Miguel, criticó ayer la actuación de los profesionales que estaban de guardia el pasado fin de semana. En su opinión, estos deben llevar un control estricto de los internos y, en caso de que falte alguno de ellos, debe constar su salida en el libro de registro. Si ni la familia ni el interno han comunicado su ausencia, se debe avisar a la dirección del centro, a la familia e incluso a la policía para localizarlo.
La plataforma remitió un extenso informe a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y al Defensor del Pueblo. En él se detallan 15 deficiencias de la residencia de Alcorcón, entre las que destacan que los internos pasan gran parte del tiempo solos, lo que les ocasiona caídas; que solo se les ducha una vez a la semana, que no se les da tiempo a que terminen la comida de los platos, que se da una pérdida constante de ropa en la lavandería y que hay problemas de limpieza del centro.
La Comunidad ayudará en la instrucción
El portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia, Ángel Garrido, explicó ayer que la Consejería de Políticas Sociales y Familia entregará toda la documentación y la información que les requiera el juez que investiga la muerte de un hombre de 82 años en la residencia de mayores de Alcorcón.
Hasta el momento, el magistrado Agustín Carretero no ha hecho ninguna solicitud al Ejecutivo regional.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.