El juicio del Palau complica a CDC la primavera de la “desconexión”

El caso Palau, que destapó el expolio del Palau de la Música y el pago de comisiones irregulares a Convergència, se juzgará a partir del próximo 1 de marzo. La vista, que durará cuatro meses, supone un nuevo lastre para el Partit Demòcrata Europeu Català. El partido heredero de Convergència deberá lidiar con el fantasma de la corrupción en pleno intento por retomar su proyecto político. El juicio, además, puede desestabilizar al Gobierno catalán durante la preparación de las llamadas "estructuras de Estado" y de las "leyes de desconexión".

Las fechas de un juicio largamente esperado (de marzo a junio de 2017) ponen las cosas aún más difíciles a un Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) en plena consolidación. Tres meses después de su refundación, el partido ha cerrado la elección de sus dirigentes y ahora debe ponerse a trabajar para intentar recuperar la confianza de los votantes que ha perdido, en parte, por los casos de corrupción y también por su deriva independentista.

La exposición mediática de un caso de corrupción tan sonado como el del Palau puede acentuar, además, la situación de inestabilidad que ya vive el Gobierno catalán por las diferencias dentro de Junts pel Sí y por la desconfianza de la CUP. La coalición de Gobierno podría salir más debilitada. El Ejecutivo, además, entra en un año clave de su mandato, tal como anunció el presidente, Carles Puigdemont, durante la cuestión de confianza de la semana pasada. Durante los próximos meses debe desarrollar las estructuras de Estado y las tres leyes de desconexión (entre las que se encuentra un esencial, la de transitoriedad jurídica), que tienen que estar concluidas, según las previsiones de Puigdemont, a finales del mes de junio. Una vez cumplidos esos trámites, el Gobierno debe preparar la convocatoria de un referéndum independentista cuya celebración está prevista para la segunda quincena de septiembre. El juicio amenaza con desacreditar cualquier intento de Puigdemont de buscar una consulta pactada con el Estado.

El juicio llega, en cualquier caso, siete años y ocho meses después de que los Mossos d’Esquadra registraran la emblemática institución cultural. El saqueador confeso, Fèlix Millet, y otras 15 personas se sentarán en el banquillo. La vista oral también dirimirá si el partido de Artur Mas cobró comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de adjudicar obras públicas durante el último gobierno de Jordi Pujol.

Comisiones por obras

La investigación judicial, a partir de 2009, sacó a la luz los tejemanejes de Millet y su mano derecha, Jordi Montull, al frente del Palau. Ambos se apropiaron presuntamente de unos 30 millones de euros de la institución musical, entre fondos públicos y privados. Ninguno de ellos ingresó en prisión provisional, pese a que confesaron (parcialmente) sus delitos. La Fiscalía reclama para cada uno de ellos una pena de 27 años y medio de cárcel.

Las anotaciones sobre unos pagos a "Daniel" hallados más tarde llevaron hasta Convergència: su extesorero, Daniel Osácar, afronta una petición de siete años y medio de cárcel por el cobro de comisiones. Las diligencias revelaron que Ferrovial camuflaba como supuestas donaciones altruistas al Palau lo que en realidad eran comisiones encubiertas a Convergència. A cambio, según la Fiscalía, el Gobierno catalán adjudicó a la constructora obras de gran envergadura, como la línea 9 del metro o la flamante Ciudad de la Justicia donde, precisamente, se celebrará la vista.

Las partes implicadas en el proceso (38) se reunieron ayer para fijar las fechas definitivas de las 55 sesiones de un juicio cuyas cifras son monstruosas: 60.784 folios de causa, 16 acusados, seis acusaciones y cinco responsables civiles por lucrarse de los delitos; entre ellos, Convergència.