Puigdemont, el prisionero de la CUP

El más pequeño de los partidos independentistas, la CUP, dispone de la llave de la mayoría parlamentaria soberanista, diez preciosos escaños sobre 135, y ahora mismo amenaza con dejar sin presupuestos al Gobierno de Junts pel Sí que dirige Carles Puigdemont. Si eso sucediera, significaría también la caída del programa de este gobierno, cuyo elemento principal es la denominada hoja de ruta para la creación de un Estado catalán, de forma que Puigdemont y la coalición de Junts pel Sí están muy obligadas a resolver sus diferencias con su aliado parlamentario.

Pero la CUP es una formación de trato difícil, muy difícil. Lo que ha enrarecido su relación con Junts pel Sí y el Gobierno Puigdemont en los últimos meses es la exigencia de llevar a cabo un acto de ruptura política con el Estado español. Pasar de las palabras a los hechos. Ahora mismo, el debate parece centrado en la propuesta de la CUP, apoyada por una buena parte del movimiento independentista organizado, de que el Gobierno Puigdemont convoque un referéndum sobre la creación de un Estado catalán, ignorando el rechazo a una consulta de este tipo expresado por las instituciones del Estado español competentes para ello: el Congreso, el Gobierno y el Tribunal Constitucional. Es lo que se ha denominado como referéndum unilateral de independencia (RUI).

Lo que hay bajo esta fórmula, tanto o más que el referéndum en sí mismo, es la pretensión de que Puigdemont y Junts pel Sí se decidan a cruzar el Rubicón. Es decir, es un intento de forzarles a que se dejen de rodeos, e ignoren o dejen de lado el marco jurídico español que les constriñe y abran el camino a una legitimidad nueva a partir de la cual se abriría un proceso constituyente para la república catalana.

Naturalmente, cualquier Gobierno medianamente sensato se negará a una pretensión de este tipo, salvo en el caso, que no se da, de tener la certeza absoluta de que dispone de medios para mantener la apuesta frente a la previsible reacción del Estado español en su contra, de que su aventura obtendrá el apoyo unánime, o casi, de la población y de que recibirá un gran apoyo de la comunidad internacional. Como que no se da ninguna de estas condiciones, es seguro que no habrá RUI.

Sobre el papel, puede parecer, quizá, que no sería algo formalmente muy distinto a la consulta del 9 de noviembre de 2014, que se llevó a cabo pese al rechazo manifiesto del Gobierno español y el Tribunal Constitucional. En la práctica, sin embargo, el caso no es mismo y el Gobierno catalán lo sabe. En primer lugar, porque ahora ya no cogería por sorpresa al Gobierno español y sería ingenuo pensar que esta vez no recurriría a los medios coercitivos de que dispone. Sin ir más lejos, cabe recordar en este punto que el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy se ha dotado de medios legales para tratar como delitos penales determinados actos políticos llevados a cabo en el contexto del movimiento catalán para la independencia. Eso es lo que en la actualidad tiene ya como imputados ante los tribunales de justicia al ex presidente Artur Mas y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Estas imputaciones tienen una significación política muy precisa. Antes que ser la aplicación de la ley, son la demostración práctica de que el PP y su Gobierno elaborarán y aprobarán cuantas leyes sean necesarias para tratar como meros delitos penales los desafíos políticos que les lance el movimiento secesionista catalán. Jueces, fiscales y tribunales deseosos de aplicar esa legislación no les faltarán. Desde el momento en que se convirtió en el líder del movimiento secesionista, para el PP, Artur Mas pasó a ser, no un rival político sino un sujeto susceptible de convertirse en delincuente penal. En este punto está. Que eso le convenga o no a España a medio o largo plazo, no es lo que cuenta: lo que cuenta es que le conviene al PP, que cabalga sobre la ola del nacionalismo español conservador.

Sobre este telón de fondo, el Gobierno de Puigdemont tiene en este principio de curso una tarea realmente difícil. O consigue que la CUP abandone su apuesta rupturista o no le queda otra opción de cambiar de socio. Si no lo encuentra, le toca abrir una crisis formal. Quién sabe. Parecía imposible que la CUP consiguiera la renuncia de Artur Mas y sin embargo la consiguió. Ahora, una crisis puede terminar con otro presidente, otro gobierno, otra mayoría parlamentaria u otras elecciones.