Los desahucios caen un 11,6% respecto al tercer trimestre de 2014
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha presentado un informe que analiza los efectos de la crisis en los órganos judiciales
Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre pasados fueron 1.477 las ejecuciones hipotecarias —es decir, el comienzo del proceso que llevará a un desahucio— iniciadas en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid fueron 1.477, lo que supone un 11,6% menos que en el mismo periodo del 2014. Se trata de la cifra más baja de los últimos tres trimestres, según el informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales Que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha publicado este viernes. El documento certifica además que el número de este tipo de ejecuciones se sitúa en un nivel "similar al de 2008".
En Madrid se llevaron cabo el 10% del total de ejecuciones nacionales, pues la Comunidad es la cuarta región en una clasificación encabezada por Andalucía (3.478, el 23,6% del total) seguida por Cataluña (2.760 ejecuciones, el 18,7%) y por la Comunidad Valenciana (2.399, el 16,3%).
También disminuyó el número de lanzamientos —los desahucios efectivamente llevados a cabo— en el mismo periodo del año: fueron 1.291, un 16,8% menos que en el mismo periodo del año anterior. y 49,7% menos respecto al primer trimestre de este año, cuando fueron 2.253.
Madrid, a la cabeza de las demandas por despido
La Comunidad de Madrid encabeza sin embargo otra estadica, la del número de demandas por despido presentadas en el tercer trimestre de 2015. Fueron 4.964, un 9,8% menos en el tercer trimestre de 2014 y muy cerca de la media nacional, que asciende al 9,5%.
Las casi 5.000 demandas que se presentaron en Madrid representan el 19,9% del total nacional. La segunda autonomía en esta clasificación es Cataluña, con 4.234 (el 17% del total en España) y Andalucía, con 4.189 (el 16,8% del total).
En el tercer trimestre de 2015, además, los Juzgados de lo Social registraron 4.931 reclamaciones de cantidad (es decir, la reclamación a una empresa de una cierta cuantía de dinero por parte de un trabajador), lo que supone una disminución del 1,0% respecto al mismo periodo de 2014. Madrid es la autonomía donde se presentaron más demandas de este tipo por delante de Andalucía, con el 16,1% y Cataluña, con el 13,4%.
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