Diez donantes a la fundación de CDC, involucrados en casos de corrupción
El perfil de los donantes revela estrechas relaciones con la familia del expresidente Pujol
Una decena de los donantes de CatDem, la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya bajo investigación judicial, están involucrados en las causas judiciales que afectan a CDC — como los casos Palau, ITV, Clotilde o Pujol—, aunque también en otras que atañen a otros partidos. El perfil de los donantes revela, además, las estrechas relaciones de algunos de ellos con los miembros de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol —también investigados por la justicia— y con algunos ex altos cargos de la formación soberanista.
Teyco y el 3%. La constructora de Jordi Sumarroca —hijo de uno de los fundadores de CDC— aportó, junto con una filial, 335.000 euros a CatDem. Teyco está en el epicentro de la investigación que, hace dos semanas, llevó a un juzgado de El Vendrell (Tarragona) a ordenar el registro de CatDem y de la sede central del partido. Los investigadores creen que la constructora pagó comisiones ilegales del 3% a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública en, al menos, cinco ayuntamientos de CiU.
NewLetter y las comisiones a CDC. El expolio del Palau de la Música destapó la presunta financiación irregular de CDC. El partido recibió 6,6 millones en comisiones de Ferrovial que se camuflaban como donaciones a la institución musical. Una de las vías de entrada del dinero al partido fue la “facturación falsa” de empresas de buzoneo y marketing electoral. Una de ellas es NewLetter, que en 2009 donó 50.000 euros a CatDem. Esa y otras empresas de la misma matriz cobraron al Palau un millón por servicios inexistentes o trabajos que realizaban para CDC. Esas empresas hicieron donaciones por 775.000 euros al partido de Mas antes del estallido del caso Palau, en julio de 2009.
El Orfeó y el ‘caso Palau’. La institución, entonces presidida por Fèlix Millet, aportó a CatDem 90.151 euros en 2008. Al año siguiente los mossos irrumpieron en el coliseo por el saqueo, cifrado en más de 26 millones. El Palau ha rechazado acusar a CDC pese a los indicios de financiación irregular. La instrucción ya ha finalizado. Uno de los acusados es Daniel Osácar, extesorero de CDC. Afronta una petición de siete años y medio por cobrar comisiones de Ferrovial para entregarlas al partido.
Cirsa y el ‘caso ITV’. Cirsa donó 100.000 euros al año a la CatDem en 2011, 2012 y 2013. El inicio de esos pagos coincide con las gestiones que el exsecretario general de CDC, Oriol Pujol, hizo con Manel Lao, propietario de la firma, y que salieron a la luz en el caso ITV. Pujol está imputado por cobrar comisiones de su amigo Sergi Alsina por ayudarle a hacer de intermediario en deslocalizaciones, entre ellas la de Sharp. Tras las negociaciones, Cirsa adquirió los activos de la multinacional japonesa y Alsina se embolsó 3,2 millones. El exdiputado le ayudó, según el sumario, a contactar con Lao.
Nova Lloret y el ‘caso Clotilde’. Nova Lloret, que aportó 100.000 euros en 2008, se vio beneficiada por una recalificación urbanística del entonces alcalde de Lloret, Xavier Crespo (CiU) para que Nova Lloret construyera 130 casas. Crespo fue imputado por dar trato de favor a una empresa vinculada a la mafia rusa a cambio de regalos y viajes a Moscú y ahora está a la espera de que se dicte sentencia.
GBI Serveis y Jordi Pujol Ferrusola. La constructora con las siglas de Gustavo Buesa aportó a CatDem 100.000 euros en 2009. GBI aparece vinculada a la presunta corrupción en Lloret y a los pagos a Jordi Pujol Ferrusola. Un informe de Hacienda señala que el empresario financió a CatDem tras recibir concesiones millonarias en Lloret. Según Hacienda, entre 2007 y 2010 las aportaciones a CatDem (y a otras fundaciones de CDC) ascienden a 550.000 euros. Jordi Pujol Ferrusola fue, además, socio de Buesa en GBI y cobró 243.360 euros por una supuesta “asesoría” en México.
El ‘clan de los asfalteros’ y las adjudicaciones de GISA. En 2011 estalló un escándalo que afectó a la constructora de la Generalitat GISA. Jordi Vergé, su gerente de carreteras en Girona, fue detenido por favorecer a empresas en obras de asfaltado en la provincia. La investigación descubrió que un grupo de empresas funcionó como una suerte de cartel para adjudicarse concursos. Parte de las empresas que aparecen relacionadas en la causa han hecho aportaciones a CatDem entre 2008 y 2013: Aglomerats Girona (50.000 euros), Xavier Alsina SA (67.000 euros) o Agustí i Masoliver (12.000 euros).
Fundació Fòrum Barcelona y cargos de CDC. La Fundació Fòrum Barcelona (FFB), liquidada en 2014, se creó para preparar el asalto de Xavier Trias (CDC) a la alcaldía de Barcelona. Según el Tribunal de Cuentas, CDC cobró entre 2007 y 2013 más de 1,3 millones de euros de FFB por trabajos injustificados. En 2008, FFB donó 70.000 euros a CatDem; en 2012, otros 120.000. La revista Anàlisi, ligada al partido, pagó otros 8.500 euros. Además, hay aportaciones por 37.000 euros de la consultora Andreu Cruañas i Acosta. David Madí, estrecho colaborador de Artur Mas hasta 2010, trabajó en esa consultora.
La sombra de Bárcenas y la investigación al consejero Vila
Bruesa Construcciones aparece ligada a la corrupción del PP en Baleares. Su presidente, Antonio Pinal, fue llamado a declarar como imputado por el juez Pablo Ruz en el caso Bárcenas por ser, presuntamente, uno de los empresarios que hicieron donaciones en negro al PP. Esas donaciones están vinculadas, según la investigación, a adjudicaciones en Palma. La donación a la fundación de CDC se hizo en 2008. Un informe del caso Palau pone la donación de Bruesa como ejemplo de que las donaciones a la fundación iban a parar, en realidad, al partido, ya que ambos comparten un sistema de caja única. Los 60.000 euros que la constructora donó el 14 de octubre de 2008 se ingresaron, ese mismo día, en una cuenta de CDC, según un informe del Cuerpo Nacional de Policía.
Un juzgado de Figueres investiga, desde finales de julio, si el consejero de Territorio, Santi Vila (CiU), cometió un delito de malversación de fondos públicos como alcalde de Figueres. A instancias del juez, la Guardia Civil indaga si está justificado el pago de unos alquileres por el consistorio a una empresa vinculada con Miquel Alimentació. Su fundación aportó 25.000 euros a CatDem.
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