La Fiscalía del Superior quiere tres ‘ertzainas’ adscritos a anticorrupción

La futura fiscalía anticorrupción tiene un considerable trabajo por delante. Primero, en la definición de la propia oficina, y después en dar cauce a las denuncias de los ciudadanos e impulsar algunos de los casos que todavía colean en el País Vasco.

La demanda coincidente de los fiscales vascos para ahondar en la especialización y dotar al ministerio público de un núcleo formado para combatir un tipo de delincuencia que va en aumento, se basa en la constatación de que muchos de esos expedientes se llenan de polvo en las mesas de los juzgados sin el impulso suficiente como para resolverse o archivarse en un tiempo razonable que no invite a pensar en la impunidad con la que quedan ese tipo de delitos.

La nueva fiscalía tendrá el cometido de cambiar esa sensación con datos que permitan demostrar la inmediatez entre denuncia y el inicio de las correspondientes diligencias.

De hecho, la memoria de la fiscalía de 2013, que Juan Calparsoro entrega hoy a la presidenta del Parlamento vasco antes de mantener un encuentro de trabajo, permitió detectar un incremento de las denuncias de los ciudadanos en presuntos delitos El impulso que se dio a la investigación y a la lucha contra la droga en Euskadi cuando Javier Huete se puso al frente de la Fiscalía Antidroga, o el empuje que ha dado a los casos de corrupción en Mallorca el fiscal, Pedro Horrach, que ha destapado e investigados numerosos asuntos, el más mediático el caso Urdangarín, son solo dos ejemplos.

La instrucción en Vitoria del 'caso de Miguel' cumple ya cinco años

Fuentes de la fiscalía vasca creen urgente la creación de la unidad delegada de anticorrupción y, aunque son conscientes de que todavía habrá que esperar al menos hasta el primer trimestre del próximo año, empiezan ya a planificar los medios materiales y humanos con los que estará dotada. Más allá del propio fiscal titular que ha de ser nombrado por la Fiscalía General del Estado, y de un fiscal sustituto para cubrirle durante sus periodos de descanso y eventuales bajas, el Gobierno vasco se comprometió a dotar, en el momento que sea necesario, de los medios materiales y humanos.

El futuro equipo vasco anticorrupción estará compuesto por esos dos fiscales, el delegado y el sustituto, dos o tres peritos especializados en temas económicos y fiscales y tres agentes, al menos, adscritos a la fiscalía como policía judicial.

Este puede ser el principal punto de fricción con el Gobierno vasco ya que supondría cambiar el actual concepto de las investigaciones judiciales. Hasta ahora, el departamento de Seguridad asigna a los ertzainas a la fiscalía o juzgado que lo demande, mientras que a la fiscalía le daría mucha más tranquilidad y estabilidad tener dos o tres agentes bajo su jurisdicción y no del Gobierno vasco. “Las investigaciones serían más rápidas y certeras con agentes adscritos a la fiscalía”, sostienen fuentes del ministerio público.

“Crear la fiscalía va a producir un efecto llamada en los propios ciudadanos que se van a ver más libres para denunciar presuntas conductas delictivas en relación con el sector público, con adjudicaciones o con otro tipo de figuras que hasta ahora es más difícil dar curso”, aseguran estas fuentes. Aunque es cierto que Euskadi es considerada por los propios jueces y fiscales como una comunidad con potenciales menos casos de corrupción que otras zonas como el levante, Madrid, Galicia o Andalucía, también hay numerosos casos atascados en los juzgados.

Más allá del caso De Miguel con sus 25 imputados del PNV o de su órbita, que lleva ya cinco años de instrucción a buen ritmo, en Vitoria, están pendientes de resolver el caso Antton Zubiaurre (PNV), más en concreto la vertiente del pinchazo a los ordenadores del departamento de Industria en el primer Gobierno socialista. Lleva cuatro años.

A su vez, la vertiente penal de la desaparición de la firma comercial Epsilon Euskadi que dirige Instrucción número 1 de Vitoria y que quienes lo conocen lo consideran un catálogo de prácticas corruptas en el reparto de fondos públicos durante el último Gobierno de Juan José Ibarretxe, en beneficio de personas, asociaciones y partidos, está sobre la mesa. Tampoco avanza después de cinco años el asunto del ex senador del PNV, Víctor Bravo, hermano del jefe de la Hacienda de Irún, —ya condenado José María Bravo—, que está siendo investigado por su relación con la sociedad Glass Costa Este.

Otros cinco años han pasado desde el inicio del caso Margüello y pese al archivo provisional del caso Elorriaga una pequeña parte del expediente, el juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao sigue adelante con las investigaciones para ver si hubo delito de tráfico de influencias, fraude y abuso en el ejercicio de su función en la forma de actuar del ex jefe de calidad del hospital de Cruces, José Carlos Margüello.

Pero además se han dado casos históricos de corrupción en Euskadi como el pinchazo telefónico al exlehendakari Carlos Garaikoetxea, o el proceso judicial de las máquinas tragaperras en Bizkaia, las denominadas máquinas tipo B que funcionaban sin licencia, o el cambiazo de los exámenes en la OPE de Osakidetza que afectó, sobre todo a cargos de UGT y a dirigentes del PSE-EE.