Las 23 demandas de Mas a Rajoy: financiación, competencias y lengua

Financiación: Es el principal capítulo de demandas. Más allá de la reforma del sistema, la Generalitat pide al Gobierno que incremente los ingresos para Cataluña para poder alcanzar el 0,7% del déficit marcado para el año que viene. El documento de Mas propone que le sean transferidos 2.000 millones de euros adicionales (a través de una revisión de las liquidaciones y anticipos, una compensación por la supresión de la tasa autonómica a los depósitos bancarios y la compensación dela Disposición Adicional Tercera, de inversiones en infraestructuras) o un aumento de un punto de la barrera del déficit, del 0,7% al 1,7%. Entre las demandas económicas también se incluye la falta de inversiones en salud y en la ley de dependencias

Competencias: La Generalitat viene denunciando la recentralización del Estado desde que Rajoy llegó al Gobierno. Un supuesto ataque a las competencias catalanas que el Ejecutivo catalán detalla en el documento: denuncia el ataque que supone la Ley de Garantía de Unidad de Mercado o la reforma de entes locales del Gobierno.

Infraestructuras: El tren lanzadera entre la nueva terminal del aeropuerto de El Prat y el centro de Barcelona es la principal demanda del Gobierno catalán, que plantea una propuesta alternativa al proyecto actual que reduce en 92 millones de euros el coste y acelera las obras un año. Además de esta demanda, la Generalitat exige una recuperación de la inversión en Cataluña. La caída de las aportaciones a la comunidad es del 50% en los últimos diez años, mientras que en el resto de autonomías han sido del 25%, según el documento. La Generalitat insiste en exigir la Disposición Adicional Tercera del Estatuto (una aportación que busca equilibrar la inversión en infraestructuras con el peso de la economía catalana), pese a que el Constitucional subrayó que su aplicación era voluntaria. El montante supera los 3.000 millones de euros.

Lengua y cultura: La ley Wert es la que mayores iras ha despertado en la Generalitat, porque cuestiona el sistema de inmersión lingüística en catalán que impera en las escuelas de la comunidad. El Gobierno catalán defiende con cifras que la salud del castellano es más boyante que la del catalán y concluye que es necesario mantener el modelo lingüístico. Además, requiere la anulación del Real Decreto que obliga a la Generalitat a financiar el coste de escolarización en castellano en un centro privado, con 6.057 euros por alumno. En esta lista también se reclama la devolución definitiva de los papeles de Salamanca o el mantenimiento de todos los canales de TV-3.