Alaya acusa a la Junta de dar “sin justificar” 950 millones en formación
La juez imputa al exconsejero de Empleo Antonio Fernández por malversación y prevaricación
La juez Mercedes Alaya ha dado forma a una nueva causa contra la gestión de la Junta de Andalucía. Después de un año de pesquisas sobre la concesión de los fondos de la formación para desempleados, la magistrada ha acusado al Gobierno autónomo de otorgar 950 millones en subvenciones a la formación entre 2008 y 2011, que el año pasado permanecían “sin justificar” gracias a las exoneraciones que concedió la Consejería de Empleo.
Alaya ha deslizado su tesis en un auto de cuatro páginas, avanzado por la cadena SER, por el que imputa al exconsejero de Empleo Antonio Fernández (2006-2010) como primer acusado de esta causa por malversación y prevaricación continuados, y le señala como máximo responsable de estas exoneraciones, a pesar de que en los dos últimos ejercicios ya había abandonado el Ejecutivo.
La acusación de la magistrada, cuya gravedad está tasada por la altísima cifra de 950 millones en fondos públicos, reabre el debate sobre la frontera entre la irregularidad administrativa y la infracción penal. Según Alaya, multitud de acciones de la Junta franquearon esa barrera pese a que otras Administraciones utilizan mecanismos similares y no son sancionadas.
La juez detalla cómo las resoluciones de exoneración de la Consejería de Empleo eximieron durante cuatro años a empresas, Diputaciones y Ayuntamientos andaluces que percibieron esos fondos de la Unión Europea y el Gobierno central de justificar las subvenciones. En esa época, estas entidades pedían en cada ejercicio fondos para impartir nuevos cursos, y a pesar de que los funcionarios de la Junta no habían comprobado el gasto de los ya impartidos antes, se les concedían para no perder esa nueva subvención. La razón esgrimida para actuar así, sin antes haber justificado las subvenciones pasadas, se basaba en que el cuerpo de funcionarios era insuficiente.
Para redactar su auto, Alaya se ha basado en un informe de la Dirección de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo, y otro de la Guardia Civil sobre los fondos de formación. De entrada, la instructora defiende que las exoneraciones dictadas por Empleo contravenían la Ley de Subvenciones, a pesar de que el Gobierno ha defendido su legalidad. Hace solo un mes que la Junta ha virado en su política y ha decidido “no exonerar como instrumento habitual, aunque sea un procedimiento legalmente establecido”.
En su resolución, Alaya acusa a Fernández de conceder “con ausencia de procedimiento” subvenciones a la multinacional Delphi en Cádiz “sin convocatoria ni bases reguladoras” en contra de la Ley General de Subvenciones. Ello a pesar de que Delphi no pudo recibir dichas ayudas porque estaba en liquidación. Además, Alaya cuestiona la resolución del Gobierno andaluz para aprobar las ayudas a los extrabajadores tras el cierre de la firma. Alaya censura la subcontratación de actividades formativas relacionadas con Delphi “sin estar autorizadas”, becas por asistencia a cursos “por encima del máximo legalmente permitido” y la concesión de subvenciones para acciones formativas por 70 millones para que los exempleados accedieran a la prestación de desempleo, “sabiendo que la relación laboral sería inexistente”.
La Cámara de Cuentas de Andalucía ya había censurado la concesión administrativa de los fondos de formación, y la Fiscalía Superior apuntó recientemente en un decreto que las irregularidades contables detectadas se traducirían previsiblemente en ilícitos penales tras el informe preliminar de la policía. La fiscalía resaltaba asimismo cómo la fundación pública Faffe acumuló subvenciones por 50 millones poco antes de desaparecer, una suma que no justificó. Ahora Alaya da cuerpo a la censura contra la gestión de estos fondos, aunque la batalla jurídica de fondo se prevé densa, dado que las defensas de los implicados plantearán tesis opuestas, y aún está por ver el posicionamiento de la fiscalía.
Nueva ‘macrocausa’ en otro momento clave
La juez Mercedes Alaya está a punto de enviar al Tribunal Supremo el caso EREantes de comenzar, previsiblemente, sus vacaciones la próxima semana. Mientras, formaliza una nueva causa: la de los fondos de formación, cuyas cifras globales superan las de los expedientes fraudulentos, iniciada en 2011. Ello a pesar de que esta última causa abarca 721 millones concedidos en 10 años. Los fondos de formación para parados fueron de 950 millones en solo cuatro ejercicios (2008-2011), pero como la Guardia Civil investiga desde 2004, la cifra aumentará de manera considerable.
El auto judicial conocido ayer se produce a solo dos días del congreso extraordinario del PSOE. El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, censuró el pasado lunes que ha habido “demasiadas coincidencias” entre las decisiones de Alaya y los “hitos institucionales y orgánicos del partido. Espero que sean simples coincidencias”, añadió.
La toma de posesión del primer Gobierno de la socialista Susana Díaz, el pasado septiembre, coincidió con el auto que señalaba a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de a cinco exconsejeros, todos ellos aforados. Justo en el momento en que la consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, prometía su cargo, llegó a los móviles la alerta con el auto.
Como comunidad con altas tasas de desempleo, Andalucía dispuso durante años de cientos de millones de euros para la formación, unos fondos que provenían de Bruselas, Madrid y Sevilla, pero que gestionaba la Junta principalmente a través de los sindicatos y la patronal, pero también de empresas, Diputaciones y Ayuntamientos.
En el último año, la concesión y gestión de todos esos fondos millonarios se ha examinado con lupa, especialmente tras el informe de la Cámara de Cuentas, que subrayaba irregularidades, aunque sin entrar en el terreno penal. Sin embargo, tras diversas denuncias e investigaciones policiales y judiciales en paralelo, los indicios penales han aflorado por cursos que nunca se dieron, usos inconvenientes y alumnos inexistentes en varios casos extremos detectados.
Estas diferentes operaciones policiales se han traducido en decenas de detenidos en el último mes por los delitos de fraude en las subvenciones y falsedad. Mientras que el Juzgado de Instrucción 8 de Málaga investiga el caso Edu por 1,72 millones a través de 17 entidades beneficiadas, el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla analiza el caso de las facturas falsas, por el que UGT imputó gastos de formación a otros conceptos para así financiarse, según la tesis policial. En paralelo, el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla también ha abierto otras diligencias por fondos de formación. En esta multiplicidad de causas, Alaya instruye la concesión de dichos fondos desde la Junta de Andalucía. Es decir, si los responsables políticos incurrieron en delitos cuando concedieron estos fondos públicos, al margen de que el uso dado por los empresarios o instituciones fuera ajeno al objeto de la subvención.
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