La rescisión del contrato de la F-1 le cuesta 16 millones a Canal 9

La televisión y la radio públicas valencianas ya no emiten desde hace dos meses, pero los gastos para la Generalitat no cesan. La plantilla de 1.500 empleados está cobrando sus nóminas sin poder ir a trabajar, a la espera del expediente de extinción de empleo de RTVV, lo que supone un desembolso mensual de unos 4,5 millones de euros. Y ayer, los representantes de los trabajadores revelaron que RTVV ha hecho efectivo esta semana el pago de 16 millones de euros por no retransmitir el mundial de Fórmula 1 en 2012 y 2013, como se estipulaba en el contrato por cuatro años firmado con Mediapro, que era poseedora de los derechos para España.

Un juzgado de la localidad valenciana de Paterna sentenció el pasado mayo que RTVV debía afrontar el desembolso a la compañía audiovisual catalana. Se establecieron entonces conversaciones entre Rosa Vidal, exdirectora general de RTVV, y el responsable de Mediapro (ahora integrada en Imagina Media), Jaume Roures. RTVV había ganado en 2011 un juicio a la firma sobre los derechos de emisión del fútbol, por lo que ambas partes contaban con bazas para la negociación. La decisión de cerrar Canal 9 y Ràdio 9 por parte del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, del PP, a raíz de la sentencia de nulidad del ERE, truncó las conversaciones.

Según el comunicado que emitió ayer Mediapro, ésta “había alcanzado un principio de acuerdo con la última dirección de RTVV para compensar las deudas pendientes y retirar las demandas judiciales”. Y añade el escrito: “Después de la declaración de disolución de la sociedad, Mediapro ha solicitado a los tres liquidadores varias reuniones para ratificar ese principio de acuerdo. Dichos liquidadores han rechazado estas reuniones”.

Los liquidadores fueron nombrados por la Generalitat con la misión de extinguir la empresa pública RTVV y despedir a sus 1.660 trabajadores, lo que previsiblemente sucederá el próximo mes. Ellos conforman la dirección de la empresa pública en la actualidad. Ayer trasladaron a este periódico que no tenían nada que decir de los 16 millones de euros pagados (13,5 por los derechos del contrato, más IVA, y el resto en intereses y costes procesales), buena parte de los cuales ya había sido consignada en previsión. En las cifras señaladas no se incluyen los honorarios del despacho de abogados Berwin Leightin Paisner LLP, por la representación legal en Londres, donde está radicada la empresa Formula One Administration.

Por último, el comunicado de la firma audiovisual sostiene que, “ante esta situación y al constatar que por parte de los liquidadores no existía ninguna voluntad de negociación, el Grupo Mediapro solicitó la ejecución de la sentencia”. Fuentes de RTVV indicaron anoche que la sentencia está recurrida pero había que cumplirla si se pedía su ejecución y aseguraron que continuarán reclamando a Mediapro la indemnización por los derechos del fútbol.

El comité de empresa recordó que el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, explicó que la suspensión de las emisiones por Canal 9 era “una medida de ahorro para las arcas públicas”. Y justificó la rescisión unilateral del contrato con Mediapro “por una variación sustancial de las condiciones” tras la fusión por absorción de Antena 3 y La Sexta, que emitía la competición hasta que los derechos de ésta pasaron a la primera. La Generalitat también canceló las dos carreras que debían disputarse en Valencia, según lo acordado por el patrón de la Fórmula 1, Bernnie Ecclestone, y el promotor político en Valencia de la misma, el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. El Gobierno valenciano ha desembolsado más 275 millones para sufragar el canon anual y el coste de la adecuación de las infraestructuras.

Por los derechos de emisión por Canal 9, se ha desembolsado alrededor de un total de 40 millones, más del coste para 2014 de la plantilla, según el comité de empresa. “Es un escándalo que la Generalitat haya decidido cerrar Canal 9 y Ràdio 9 ante una sentencia adversa por haber vulnerado derechos de los trabajadores y, en cambio, no haya tomado ninguna medida contra los directivos que han gestionado la empresa de manera corrupta y han derrochado el dinero de todos los valencianos”, añaden los trabajadores.