El PP catalán evalúa con Montoro impugnar los Presupuestos de Mas

Frenar la consulta por todos los medios legales. Y todos son todos, incluso los que tengan pocas posibilidades de prosperar. Con esta máxima, el PP estudió a lo largo de este lunes poner trabas a la acción de Gobierno de Artur Mas, y por extensión a la consulta, impugnando los Presupuestos que este martes deben votarse en el Parlamento catalán. El argumento es que los Presupuestos, pactados entre CiU y ERC, contienen una partida de cinco millones destinada a procesos electorales y consultas populares. Fuentes del partido reconocieron que difícilmente servirá de algo impugnar las cuentas ante el Consejo de Garantías Estatutarias, pues el dictamen que emita este organismo de la Generalitat no es de obligado cumplimiento y solo retrasaría la entrada en vigor de las cuentas unas semanas. Además, la base legal de la impugnación es complicada de sostener, puesto que la Generalitat puede argumentar que en los Presupuestos no consta ninguna partida explícita para la consulta de autodeterminación de Cataluña.

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, intentó calibrar bien su lenguaje a la espera de decidir hoy si finalmente impugna los Presupuestos. Tras la reunión semanal de la dirección del partido aseguró que estaba evaluando junto al Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, la idoneidad de impugnar las cuentas. Sin embargo, Hacienda se desvinculó de cualquier pacto. Un portavoz aseguró que la tarea del PP es “hacer política” y la del departamento que dirige Cristóbal Montoro “gestionar”.

El PP catalán tampoco quiere quedar ante la opinión pública como un elemento desestabilizador de las ya precarias finanzas de la Generalitat, y mucho menos corresponsabilizarse con una eventual desviación en el objetivo de déficit porque los Presupuestos y la Ley de Acompañamiento, que incluye nuevas tasas, no puedan entrar en vigor el 1 de enero como estaba previsto. Sánchez-Camacho ha sido la dirigente política catalana que más veces ha exigido al Gobierno de CiU que aprobara los Presupuestos y ahora sería difícil justificar lo contrario, admiten fuentes del partido.

Fuentes de la Generalitat consideran que retrasar unas semanas la entrada en vigor de los Presupuestos tendría un escaso impacto sobre la recaudación, aunque admiten que el cobro de algunas nuevas tasas tendría que esperar.

El dirigente de Unió Democràtica y consejero de Interior catalán, Ramon Espadaler, reclamó ayer al PP que evite maniobras desestabilizadoras y se aferró al editorial publicado este lunes por el rotativo Financial Times sobre la situación política de Cataluña para pedir al Gobierno que mueva ficha y haga una propuesta a Artur Mas. El diario británico defendía en su edición de ayer que la situación catalana “es un problema político que requiere una solución negociada”. El periódico recomienda una salida en clave federal y considera que la pregunta pactada por los partidos catalanes “tiene los ingredientes para una solución”.

Este clima beligerante del partido de Rajoy contra CiU, sin embargo, se modera hasta el extremo en otros foros donde el Gobierno necesita pactos amplios para sacar adelante reformas de calado. Ocurrió ayer en el Senado, donde se debatía la aprobación de la nueva ley que va a regular las competencias de los Ayuntamientos. Después de siete horas de debate, los populares, que ya habían sumado en el Congreso el respaldo del PNV y UPN a cambio del respeto a sus respectivos regímenes forales, consiguieron aplazar la votación a hoy por la mañana para intentar llegar a un acuerdo con la formación de Artur Mas.

CiU, que había advertido que la norma es lo suficientemente ambigua como para interpretarse de manera lesiva para los intereses catalanes, amenazó el pasado 28 de noviembre con un recurso de inconstitucionalidad si el texto veía la luz tal y como había entrado en el Senado. Su principal exigencia pasa porque se respete la ley que el Parlament autonómico tramita para regular en la comunidad autónoma a los municipios de forma paralela a la estatal.

Los populares también se mostraron dispuestos ayer a respetar las peculiaridades de los regímenes Aragón, así como de cabildos y consejos insulares, lo que llevó al portavoz convergente, Ferrán Bel, a exigir para su comunidad un trato similar: “Va a ser difícil de entender que esto no sea así”. PSOE, Izquierda Plural, UPyD, ERC, BNG, Geroa Bai, Compromís-Equo y Amaiur se oponen frontalmente a la ley.