La Guardia Urbana multa desde el lunes a prostitutas y clientes en Barcelona

“No paran de multarnos”, explica una mujer, sentada junto a otras tres chicas de Europa del Este en la calle barcelonesa de Robadors. “Son unos papeles amarillitos, y pone la cifra”, tercia otra joven. Es la madrugada de un jueves y en la calle no abundan los clientes. Desde el pasado lunes, la Guardia Urbana aplica la modificación a la ordenanza de civismo que prohíbe la prostitución callejera y que, además de endurecer las multas, quita el preaviso tanto a trabajadoras sexuales como a clientes. “Hasta el 26 se avisaba y se eligió el 27 como fecha para empezar a multar”, señalan fuentes policiales.

El Ayuntamiento de Barcelona declinó ayer confirmar este extremo y aseguró que, aunque hay un periodo informativo, se ha multado en casos “evidentes” de infracción. El Consistorio tampoco entró en detalles sobre las sanciones impuestas desde la entrada en vigor de la norma, el pasado 18 de agosto. El alcalde explicó hace dos semanas que se comenzaría a multar “en septiembre”.

La presión, sin embargo, no sirve para que las chicas desaparezcan como por “arte de magia”, en palabras de esas mismas fuentes. Aunque sí hace extremar las precauciones a la hora de buscar clientes. “Yo contigo no puedo hablar”, espetó una de las prostitutas mientras se alejaba de uno de los periodistas, de sexo masculino, y buscaba refugio en un portal de la parte baja de La Rambla. Otras han optado por jugar al despiste y susurrar al oído de los turistas al pasar por su lado “Good fucking, fucking [buen sexo]”.

Las trabajadoras sexuales rehúsan hablar con hombres para evitar multas

También la calle de Sant Ramon, zona histórica de prostitución en Barcelona, continuaba repleta de mujeres apostadas en la acera, bajo la mirada a unos cuantos metros de una furgoneta de la Guardia Urbana. De los clientes, por otro lado, no había ni rastro.

El equipo de Gobierno de Xavier Trias, en una alianza con el Partido Popular, ha optado por endurecer la ordenanza con el objetivo de alejar a las mujeres de la calle. Una medida en sintonía con el Departamento de Interior, que también ha elegido la multa como fórmula para evitar la imagen de mujeres vendiendo su cuerpo en las carreteras, eludiendo abordar la verdadera polémica que gira en torno a la prostitución: ¿regulación o abolición? Trias espera poder vetar también la venta de sexo en los burdeles.

La nueva norma, que la oposición cree que beneficia a las mafias, elimina un apartado del anterior texto que establecía que la negociación entre cliente y prostituta se podía realizar si no reñía con “los diferentes usos del espacio público”. El texto pactado por CiU y PP endurece las penas. Para las trabajadoras sexuales oscilan entre los 100 y los 350, pero pueden ser cambiadas por cursos formativos que imparte la Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual. Para los “clientes potenciales” —está prohibido “solicitar, demandar o negociar”— las multas van desde los 1.000 hasta los 1.500 euros (la cercanía a un centro educativo es agravante). Practicar sexo en la calle está multado con hasta 3.000 euros.

No pocas prostitutas son víctimas de explotación sexual, como demuestran las numerosas operaciones de la Guardia Urbana y del Cuerpo Nacional de Policía contra el clan de los Rizea que lleva años vendiendo a mujeres por horas en las calles de la capital catalana. El 17 de septiembre empieza precisamente un macrojuicio en el que están encausados buena parte de los presuntos proxenetas de la calle de Sant Ramon.