La juez Alaya envía a prisión al exchófer de Guerrero

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha decretado esta noche prisión incondicional comunicada sin fianza para Juan Francisco Trujillo, exchófer del antiguo director general de Trabajo de la Junta andaluza, Javier Guerrero. Es el segundo acusado del caso que ingresa en la cárcel después de Guerrero, que lleva en prisión 10 días.

La magistrada acusa al exconductor de 11 delitos y, tras la petición de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción, ha justificado su decisión por el riesgo de fuga y para que Trujillo no entorpezca la investigación. Anticorrupción había justificado que el exchófer podría afrontar hasta 12 años de cárcel por el delito continuado de malversación y pidió 2,3 millones de fianza como medida cautelar real por la responsabilidad civil. A la fiscalía se le adhirieron la Junta, el PP y el sindicato ultraderechista Manos Limpias.

Mientras, el PP había pedido la detención inmediata del ex director comercial de la consultora Vitalia, Antonio Albarracín, por el riesgo de fuga que existe tras la acusación realizada por Trujillo de que efectuó un cohecho al ex director general de Trabajo. El PP también pidió la clausura y precinto de la oficina de Vitalia en Madrid.

Horas antes, el antiguo chófer del ex director general de Trabajo ha ratificado ante la juez del caso de los ERE su insólita declaración policial. Trujillo ha puntualizado que durante tres años gastó alrededor de 25.000 euros al mes para comprar cocaína junto a su exjefe, con el que compartió “maratonianas jornadas” en las que llegaron a consumir hasta cinco gramos diarios de cocaína. El dinero que dice que se gastó en droga habría supuesto un consumo de casi 14 gramos al día de media, una cantidad imposible para dos personas.

El conductor recibió en subvenciones 1,3 millones, de los cuales 450.000 euros compartió con el ex alcalde pedáneo socialista de Llanos del Sotillo. Pues bien, excepto algo más de 500.000 euros gastados en dos fincas y un piso, Trujillo asegura que gastó casi un millón, principalmente, en cocaína y una pequeña parte en alcohol, regalos, un piano, teléfonos móviles, bolígrafos y ropa.

El exchófer ha contado que elaboró las “bolsitas” con cocaína para Guerrero, que adquirió la droga en la barriada sevillana de las Tres Mil Viviendas, e incluso ha identificado a su camello, llamado Goyo, hijo del dueño del hotel Posada del Moro en Cazalla de la Sierra (Sevilla), que recibió 900.000 euros y adonde acudía frecuentemente a comer el diputado socialista José Antonio Viera, según declaró Guerrero a la juez.

Trujillo ha estado “temblando, ojeroso y muy bajo de ánimo”, según uno de los letrados presentes en la declaración.

El exchófer realizó dos informes falsos por 6.000 euros a las empresas Dhul y Delphi, cuyos ERE subvencionó la Consejería de Empleo, según su testimonio. El relato ha sido una enumeración de barbaridades realizadas gracias a los fondos públicos durante los años 2003 y 2007 en los que Trujillo compartió tropelías con Guerrero.

Trujillo ha contado cómo en el despacho de su jefe falsificó la firma de su madre, Estrella Blanco, para que esta percibiera una póliza de 122.649 euros, importe que también se gastó en cocaína. La juez ha dado al imputado 10 días para que justifique la venta el pasado noviembre de una de las fincas que adquirió, ante la posibilidad de que haya cometido otro delito añadido.

El antiguo empleado del ex director general ha afirmado que este presumía de su poder al conceder subvenciones, y pasaba la jornada por las tardes en un bar de copas mientras despachaba asuntos con diferentes personas. Estas pasaban por su despacho oficial en los días siguientes a sus encuentros en el pub. El exchófer ha admitido que todos los conceptos de sus firmas fueron falsos y que mintió en cuanto al destino “ficticio” de los 1,47 millones que percibió en fondos públicos.

Durante su declaración, Trujillo ha señalado que recuerda cómo Guerrero mantuvo dos reuniones con el exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y de una de ellas salió contento y de la otra contrariado.

Guerrero, que lleva 10 días en prisión preventiva sin fianza, solo contestó a las preguntas de su defensa y uno de los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción para solicitar su ingreso en prisión fue que no había contestado a sus preguntas y había rechazado colaborar con la justicia.