Freno a la jornada de 65 horas
La polémica Directiva que autorizaba la realización de jornadas de hasta 65 horas de trabajo ha sido rechazada esta semana por el Parlamento Europeo. En una trascendental votación, la mayoría absoluta de los parlamentarios, no sólo pertenecientes a la izquierda sino también muchos integrantes del grupo popular (entre ellos los españoles), se han opuesto a la posibilidad de ampliar los límites de la jornada de trabajo.
La Comisión propuso en junio que se permitiera alargar la jornada, en virtud de acuerdos individuales empresario-trabajador, hasta las 60 horas semanales, incluso hasta las 65 horas en el caso de guardias médicas. La normativa actual fija la duración máxima de la jornada en 48 horas semanales. Las críticas no se hicieron esperar.
La Directiva se consideró un retroceso en los derechos de los trabajadores. Mostraba además la división de los países europeos entre los partidarios de "flexibilizarla" (encabezados por el Reino Unido) y los que defendían las "conquistas laborales" (entre los que se encontraba España).
En toda Europa ha habido importantes movilizaciones sindicales, especialmente en el sector sanitario, el más afectado por la reforma, puesto que la nueva norma pretendía que el periodo inactivo de las guardias, es decir, el que se pasa sin atender directamente a los pacientes (durmiendo, por ejemplo), no sea considerado como tiempo de trabajo. Igualmente proponía suprimir la obligatoriedad de los descansos después de una guardia.
El Parlamento Europeo la ha rechazado. Pero los parlamentarios han ido más allá, aprobando, además, una serie de enmiendas para exigir que en un plazo máximo de 3 años se supriman todas las excepciones (las denominadas cláusulas opt-out) a la jornada de 48 horas, cláusulas que permiten ampliarla cuando hay consentimiento del trabajador.
El rechazo supone un nuevo enfrentamiento entre el Parlamento y los Gobiernos de los veintisiete y la CE. Se abre ahora un periodo de "conciliación" para intentar llegar a un acuerdo en 90 días. Las negociaciones se revelan difíciles dada la postura inflexible del Reino Unido, apoyado por los países del Este, Francia e Italia. Si no hay pacto, el nuevo texto será desechado, manteniéndose las 48 horas.
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