Cuando sin soborno, no hay negocio

Ocho supervisores chinos de los centros del gigante francés de la distribución Carrefour en Pekín han sido condenados este mes a penas de entre uno y cinco años de cárcel tras ser declarados culpables de aceptar sobornos de sus proveedores, según ha decidido un tribunal del distrito de Chaoyang, en la capital china. Carrefour abre un hipermercado cada 15 días en el país, donde lleva una década. Suma 112 hipermercados y 275 tiendas de la enseña Dia.

Destapar casos de soborno y de corrupción es uno de los episodios, por no decir pesadillas, con las que algunas veces deben lidiar las empresas cuando desembarcan en un país que desconocen. Y cada vez abundan más este tipo de pesadillas, o el temor a soñarlas: las investigaciones sobre soborno o corrupción aumentaron un 45% en 2007 en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que hace una década se comprometieron en una convención a prohibir los sobornos en el extranjero. Entre 2005 y 2007, se pasó de 51 investigaciones a 270.

Las investigaciones anticorrupción se disparan en los países de la OCDE

"Hay más volumen de trabajo en investigación de casos destapados que en prevención, quizá porque las empresas empiezan a reaccionar sólo cuando sufren el problema en sus carnes", constata Ricardo Noreña, socio responsable de la unidad Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) de Ernst & Young en España.

Una encuesta internacional de esta firma a altos ejecutivos de grandes empresas radicadas en 33 países, entre ellos España, arroja un 70% de respuestas que confirman que los controles anticorrupción y antisobornos se han reforzado en sus respectivos países en los últimos cinco años. Aunque esta sensación no es tan acusada en los directivos españoles.

La norma de referencia en la materia es la ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, en sus siglas en inglés). Cualquier empresa española cotizada en Nueva York se ve concernida por sus imperativos. Este tipo de pesquisas es algo relativamente nuevo en España, donde, sin embargo, la misma encuesta apunta que un 32% de directivos asegura haber perdido oportunidades de negocio por no haber pagado un soborno frente a un competidor que sí cree que lo hizo. Este resultado es muy elevado comparado con el 8% de media en Europa.

España también sobresale cuando la pregunta formulada inquiere si la empresa ha sufrido un caso de soborno o corrupción (responde que sí un 24% frente a una media europea del 10%). "Cuando se investiga más corrupción, se detecta más. Pero eso no significa que haya cada vez más", añade Noreña.

La experiencia dice que, mayoritariamente, el peligro se hace realidad cuando el desembarco se realiza mediante la compra de un socio local que no ha sido suficientemente investigado. La encuesta de E&Y apunta que en la mitad de los casos las firmas realizaron una auditoría a fondo sobre la existencia de posibles prácticas anticorrupción en procesos de fusión o adquisición. "Es cierto que aún existe la idea de que para poder implantarse en un determinado lugar debe pagarse algún soborno, pero en general las empresas son conscientes de que la consecuencia de las prácticas corruptas pueden incapacitarlas para seguir expandiéndose", dice el directivo. Otras consecuencias que citan las compañías es el pago de multas o incluso de ver cómo sus empleados van a la cárcel o afrontar potenciales litigios de competidores y accionistas.

La organización Transparencia Internacional investiga cada año los casos de corrupción en los distintos países (ver apoyo). Pero a la hora de relacionar corrupción y geografía no hay tópico que valga. Basta con recordar tramas como la que hubo en la cúpula de la multinacional europea Siemens, que le han costado gastos de 1.500 millones de euros en abogados, multas y devolución de impuestos.