El oro de los Duvalier

Según como se mire, 5,7 millones de dólares es una cifra astronómica, o puede ser modesta. En el caso de la destrozada Haití, esos 4 millones de euros permitirían dar de comer a más de un millón de haitianos durante dos semanas. Pero hay un inconveniente: esta suma de dinero se encuentra hoy bloqueada en Suiza. Y aunque legítimamente pertenece al pueblo de Haití, todavía la reclaman como suya los herederos del clan Duvalier, los antiguos verdugos de ese país caribeño.

Conocido como Papa Doc, el mulato presidente y dictador vitalicio, François Duvalier, ejerció el poder absoluto desde 1964 hasta su muerte en 1971. Tras su fallecimiento, lo que esperaba a la miserable isla era casi peor: su hijo Jean Claude Baby Doc Duvalier, quien asumió el poder absoluto con 19 años, convirtiéndose así en el más joven jefe de Estado de su época. Ambos dictadores, padre e hijo, ejercieron una autoridad incontestada gracias a los tristemente célebres tonton macoutes, grupos paramilitares de torturadores y asesinos al servicio del régimen. Ellos hicieron posible que la familia Duvalier amasara una gran fortuna, estimada por el Gobierno que le sucedió en cien millones de dólares, depositados en diversos países. Una pequeña parte de ellos se encuentra en Suiza.

El Tribunal Federal de Suiza reconoce el origen sucio del dinero de los Duvalier, pero cree "prescritos" sus crímenes

La Confederación Helvética favorece ahora la restitución de fondos depositados por los dictadores

Desde 1986, año del fin del régimen de Baby Doc Duvalier y de su posterior huida a Francia, estos fondos fueron denunciados como fruto de desvíos masivos y de estafa. Habrían sido transferidos al extranjero bajo cobertura de asociaciones benéficas y fundaciones. El ya conocido como caso Duvalier comenzó en 1986, cuando las autoridades de Haití presentaron al Gobierno helvético una demanda de ayuda judicial para bloquear los fondos depositados en Suiza por Baby Doc Duvalier. Desde entonces, esos fondos permanecen oficialmente congelados. El 11 de febrero de 2009, la Oficina Federal (ministerio) de Justicia decidió que los fondos de Duvalier depositados en Suiza debían ser restituidos a la población de Haití, decisión confirmada por el Tribunal Penal Federal. Las autoridades helvéticas argumentaron que la estructura montada por el clan Duvalier "constituye de forma manifiesta una organización criminal", y por ello todos sus bienes pueden ser considerados igualmente de origen criminal y debían ser restituidos al Estado como legítimo propietario.

Pero el 12 de agosto de 2009, los abogados de la familia Duvalier presentaron un recurso ante el Tribunal Federal, que ha invalidado la decisión del Ministerio de Justicia de devolver los fondos a Haití. El argumento central de este nuevo veredicto es que habrían prescrito los crímenes que están en el origen de la fortuna Duvalier. Y el Gobierno federal ha acudido de nuevo al forcejeo, pronunciándose, a su vez, contra esa decisión judicial.

"Suiza parte del principio de que los fondos en disputa no pertenecen a los Duvalier", ha declarado la consejera federal (equivalente de ministra) de Justicia y Policía, Evelyne Widmer-Schlumpf. Todos los observadores y analistas coinciden en que llevar adelante la decisión favorable del Tribunal Federal hacia la familia Duvalier habría tenido consecuencias catastróficas para la imagen internacional de Suiza, un país con fama de proteger fortunas sin preguntar por su origen. ¿Devolver a los Duvalier el dinero que reclaman, en medio del dantesco panorama de amputados, muertos, heridos y destrucción que ofrece Puerto Príncipe? Impensable.

Un dato curioso es que en ningún momento el Tribunal Federal suizo niega el origen criminal de la fortuna de los Duvalier. La máxima autoridad judicial helvética se basa en que los hechos denunciados habrían prescrito y por eso da la razón a los supervivientes del siniestro clan. De no intervenir el Ejecutivo por el procedimiento de urgencia, esos 5,7 millones de dólares habrían vuelto a los herederos de Baby Doc. Este recurso al "derecho de urgencia" en nombre del "interés superior de la nación" es muy raramente utilizado, ya que en la práctica "puede decirse que bordean la legalidad", según afirman distintos observadores de la realidad suiza. Su último precedente se remonta a la reciente y desesperada operación de salvamento del coloso bancario UBS en plena tormenta financiera.

Lo cierto es que la decisión tomada por el Ejecutivo suizo no es un caso aislado. A pesar de que la opinión pública en general sigue percibiendo a Suiza como un refugio del dinero sucio de los cinco continentes, en los últimos años la Confederación Helvética ha hecho suya la política de congelar y restituir fondos depositados en Suiza por dictadores y Gobiernos corruptos. Por más que la pequeña nación alpina siga siendo el destino de un tercio de todos los capitales offshore del mundo.

Hasta el momento, Suiza ha devuelto a sus legítimos propietarios más de mil millones de euros. Entre los desposeídos se cuentan Sani Abacha de Nigeria, Vladimiro Montesinos de Perú o Ferdinand Marcos de Filipinas. Otros muchos se encuentran en lista de espera. Esta política de restitución de fondos ilegítimos es uno de los objetivos de la actual ministra de Asuntos Exteriores suiza, la socialista Micheline Calmy-Rey.

"No cabe ninguna duda de que el Parlamento suizo votará muy rápidamente a favor de la restitución de estos fondos a Haití", comenta a este diario el analista político de la televisión suiza Alain Rebetez. "Lo positivo del caso es que esta resolución sentará jurisprudencia y facilitará futuras resoluciones en el mismo tipo de situaciones".

Según algunas fuentes, los cuatro millones de euros en disputa podrían ser destinados a los servicios suizos de cooperación técnica en Haití, o ser entregados directamente al Gobierno de la isla. El Ejecutivo suizo se ha comprometido a encontrar una solución al embrollo legal antes de que termine este mes.