Veneno para un magnicidio

Sáquenme de aquí inmediatamente", escribió en un pequeño papel que conserva su nieta mayor, con letra temblorosa y casi ilegible, el ex presidente Eduardo Frei Montalva (que gobernó entre 1964 y 1970) mientras yacía en su habitación de la clínica Santa María, una de las más prestigiosas de Chile. Quizá presentía cómo los aparatos de seguridad de la dictadura cerraban el cerco en su contra. Se había operado de una hernia de hiato en noviembre de 1981 y por complicaciones posteriores debió regresar en diciembre a la clínica, de la que sólo salió sin vida, debido a un shock séptico. Allí fue nuevamente operado y a los pocos días de haber escrito sus últimas líneas falleció en enero de 1982.

El Ejército produjo toxinas para "eliminar a quienes se alzaron como un riesgo para el régimen", afirma Varela

La dictadura chilena llegó a planear el uso de sus armas químicas ante un conflicto con Argentina

Los servicios secretos descartaron atentados con bomba por la conmoción internacional que causaban

Berríos, que emigró a los aparatos represivos, dirigió las investigaciones con químicos y productos tóxicos en la DINA

Casi 28 años después de la muerte de Frei, el juez Alejandro Madrid llegó a una conclusión que remeció al país y que muchos sospechaban, pero todavía se resistían a creer: calificó el caso de homicidio. Concluyó el magistrado que el ex presidente, que en 1982 era la principal figura de oposición al ex dictador Augusto Pinochet y estaba bajo la vigilancia de los aparatos de seguridad, fue envenenado con al menos tres dosis de mostaza sulfúrica y talio, inyectadas por vía endovenosa, y por la aplicación de un fármaco no autorizado, Transfer Factor, para debilitar sus defensas. Después, el crimen se intentó encubrir como muerte natural, eliminando las pruebas.

El magistrado llegó a esta convicción tras investigar seis años con dedicación exclusiva. Probablemente, la indagación más completa que se ha realizado sobre casos de violaciones de los derechos humanos, en la que ha acumulado un sumario de 9.000 páginas en 27 tomos y dos cuadernos secretos, donde relata las mil diligencias, entre interrogatorios, exámenes y pericias que ha realizado.

Madrid procesó por el crimen de Frei a seis personas -tres de ellas como autores, una en calidad de cómplice y dos de encubridores-, cuatro de los cuales apelaron. El magistrado debió dar un paso al costado y fue reemplazado por otro juez, mientras la Corte resuelve un recurso que interpuso uno de los defensores para sacarlo del caso. La batalla judicial amenaza con dilatar la aplicación de la justicia, pero el abogado querellante Álvaro Varela recalca que los tribunales han confirmado que "hubo un homicidio", y la discusión es más bien sobre quiénes lo cometieron y cuál fue su grado de participación.

Varela distingue tres etapas en este delito. La inicial, que fue vigilar y obtener información de la víctima; la segunda, que consistió en el envenenamiento de Frei, y la tercera, cuyo objetivo era ocultar o eliminar aquellos factores que permitirían advertir lo que sucedió con el ex presidente. Con los seis procesamientos, Madrid se concentró en la primera y la tercera etapa. Además, existen varios casos relacionados, que también investiga el juez.

Pinochet, que en una ocasión sostuvo que "en Chile no se mueve ni una hoja sin que yo lo sepa", recibía informes a diario de lo que hacía y decía Frei, uno de los fundadores de la Democracia Cristiana (DC). Los aparatos de seguridad de la dictadura habían entrado en la intimidad de Frei, al convertir en informante a su chófer, Luis Becerra, a cambio de una remuneración mensual. Pusieron micrófonos, intervinieron teléfonos y lo siguieron incluso fuera del país. Becerra "se desplazaba al interior del hogar como si fuera un familiar más", cuenta el abogado Varela.

El médico que encabezó su segunda operación, Patricio Silva, ex subsecretario de Salud de Frei, un militar que pasó a situación de retiro en 1985 con grado de coronel, informó de la intervención a la jefatura de la comandancia. "Nosotros los militares, cuando hacemos funciones extrainstitucionales, como es operar a un ex presidente, tenemos que informar. Mi conducto natural era la casa presidencial", afirmó en una entrevista. Silva, procesado por el juez como uno de los autores del crimen, aunque la Corte de Apelaciones acogió después un amparo suyo, aparece relacionado desde el hospital militar donde trabajaba con otras muertes de opositores a Pinochet.

Para la dictadura, Frei era una piedra en el zapato. El ex presidente había encabezado el primer acto masivo opositor a Pinochet para rechazar la Constitución de 1980, aprobada en un plebiscito sin registro electoral y que, con reformas, rige hasta el presente. En este rechazo a la Constitución y las críticas a las violaciones a los derechos humanos coincidía con la izquierda, un sector que empezaba a renovarse. Las distancias entre la DC, que encabezó la oposición al Gobierno socialista de Salvador Allende, derrocado por los militares en 1973, y la izquierda se reducían. El ex presidente Frei estaba también tendiendo puentes hacia el movimiento sindical y era un aliado de Estados Unidos.

Frei era el hombre ideal para una transición. ¿Cómo podía la dictadura desembarazarse de un opositor influyente? En los procesamientos, el juez Madrid sostiene que el camino del envenenamiento era coherente con que se pudiera "proporcionar una explicación médica verosímil para explicar el fallecimiento (de Frei)". La vía de un atentado, como las bombas bajo los coches con las que fueron asesinados el ex jefe del Ejército, general Carlos Prats, y el ex ministro Orlando Letelier, y los disparos que dejaron gravemente herido al ex vicepresidente Bernardo Leighton, "provocaron tal conmoción internacional y a nivel interno" que se "hacía imposible la realización de un atentado de esa naturaleza en contra de la figura del ex mandatario", señala el magistrado.

Un ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, el aparato represivo de la dictadura), el norteamericano Michael Townley, sostiene en el proceso judicial que dentro de la inteligencia militar se llegó a la conclusión de que se debían utilizar otros métodos para evitar los problemas internacionales que esto suponía para el Gobierno, según cuenta el abogado Varela. El ex agente vive en Estados Unidos bajo el sistema de protección de testigos tras confesar el crimen de Letelier y su asistente, cometido por orden de la DINA en Washington en 1976.

La oportunidad para el régimen de Pinochet se presentó cuando Frei, que no tenía escoltas ni contaba con protección policial, resolvió operarse en la clínica Santa María de Santiago. Poco antes de que fuera internado, la clínica contrató un grupo de militares retirados. Trabajaban en ese lugar al menos tres médicos de los aparatos de seguridad, y uno de ellos, Juan Carlos Valdivia, entró en la habitación de Frei sin dejar registro en la ficha del paciente el mismo día en que éste perdió sangre por un error en una sonda nasogástrica. Valdivia, procesado por el juez, trabajaba en una clínica de los aparatos represivos donde ejecutaron con gas sarín a un ex agente de la DINA, el cabo Manuel Leyton.

Al morir el ex presidente, comenzó de inmediato la tercera etapa del plan: el encubrimiento. Según el juez, no había pasado una hora del fallecimiento de Frei cuando, sin permiso de la familia, y escoltados por agentes, dos médicos de otra clínica, Helmar Rosenberg y Sergio González, fueron a practicar una autopsia al cadáver, cuyos resultados permanecieron ocultos durante 20 años. El procedimiento fue por completo irregular, realizado en la camilla de la habitación de Frei y no en un lugar especial: su cuerpo fue colgado para vaciarlo y los órganos no fueron conservados.

La sospecha de intervención de terceros quedó latente en algunos miembros de la familia Frei y en muchos otros. Pero no hubo pruebas hasta que el juez Madrid exhumó el cadáver y se encontraron rastros de mostaza sulfúrica y talio en los restos examinados.

Muchas de las hebras del caso apuntan al químico de la DINA Eugenio Berríos, enviado al exterior por Pinochet cuando regresó la democracia, que fue secuestrado y asesinado en 1995 en Uruguay por la inteligencia chilena, con apoyo de la uruguaya, porque sabía demasiado. Berríos, que emigró desde la ultraderecha a los aparatos represivos de la dictadura, dirigió las investigaciones con químicos, venenos y tóxicos en la DINA. Su primer laboratorio lo instaló en el domicilio de Townley en el elegante barrio de Lo Curro, el mismo lugar donde fue asesinado el funcionario español de la ONU Carmelo Soria. Después de usar gas sarín, Berríos probó con una toxina en el caso de los envenenados de la cárcel.

Uno de los sobrevivientes de este episodio, Ricardo Aguilera, entonces de 28 años, tras sufrir náuseas, vómitos, diarrea y decaimiento, tuvo visión doble y después sólo divisó sombras. Los mismos síntomas tenían sus siete compañeros de celda. Era diciembre de 1981, es decir, más de un mes antes de la muerte de Frei. Junto con otros tres prisioneros políticos, estaba en un módulo de alta seguridad de la cárcel de Santiago, en una celda con cuatro presos comunes. Lo habían trasladado desde un cuartel policial donde lo torturaron 10 días y, como después supo y hoy investiga la justicia, era víctima de una nueva forma de eliminar opositores que ensayaba la dictadura, dando un mensaje a quienes resistían: ni siquiera en la cárcel estaban a salvo.

Aguilera achaca su envenenamiento a un plato de tallarines con salsa que trajeron del exterior a la cárcel y al que inocularon una toxina al ingresar. "Perdí el control muscular, pero no la conciencia. Era como una inmensa fatiga. No podía moverme. Si me ponían en una posición en la camilla, ahí me quedaba. Pero me daba cuenta de todo. Un médico dijo: 'Éste no pasa de la noche'. Yo era como un muerto viviente", relata Aguilera, técnico en instalaciones de gas.

Cuando Víctor Corvalán, uno de los presos comunes, murió asfixiado en medio de convulsiones, los otros envenenados fueron trasladados al hospital de Gendarmería. "Los médicos decían que si hubiese sido pájaro verde (alcohol destilado de barniz), habríamos estado sobreexcitados y no con fatiga. Un médico de la Cruz Roja Internacional dio con la pista: botulismo", recuerda Aguilera. En ese momento, cuando requerían asistencia para respirar y estaban afiebrados, los trasladaron a la Posta Central, donde falleció por insuficiencia cardiaca la segunda víctima, Héctor Pacheco, otro reo común.

El antídoto para la toxina botulínica fue traído desde el exterior y seis salvaron sus vidas. Como estableció el juez Madrid en su investigación, la toxina llegó al país bajo la forma de la bacteria clostridium botulinum, en un letal paquete enviado por valija diplomática desde Brasil al estatal Instituto Bacteriológico, cuyo director, Joaquín Larraín, lo entregó al entonces coronel Eduardo Arriagada, jefe del secreto Laboratorio de Guerra Bacteriológica, dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Aguilera, a quien el juez Madrid interrogó más de tres horas, cree que les introdujeron la toxina en la comida que compartieron con los presos comunes. "Es el crimen perfecto porque puede quedar en la impunidad total. Es muy difícil de investigar y más todavía de probar. El informe médico dice que el fallecimiento es por insuficiencia respiratoria", sostiene.

El Ejército experimentó y produjo químicos y toxinas para "eliminar a quienes se alzaron como un riesgo para el régimen de la época", afirma Varela, y recuerda que "en algún minuto también se pensó en la posibilidad de utilizar estos elementos como medio de defensa o ataque en caso de un conflicto internacional". En sus escenarios de conflicto, la inteligencia militar chilena creía factible un conflicto bélico con Argentina, que en 1978 estuvo a punto de estallar. Pero como esto no ocurrió, "su uso estuvo reducido a la eliminación de opositores", sostiene Varela, un abogado que desde el comienzo de la dictadura se especializó en derechos humanos.

Quien aparece como el principal responsable intelectual, Pinochet, falleció hace tres años, muchas pruebas son circunstanciales y los procesamientos se basan en presunciones. Pero la familia Frei tiene esperanzas de que la investigación prosiga. Varela atribuye la lentitud de la investigación a que, tal como ha ocurrido en muchos otros casos de víctimas de la dictadura pinochetista, los responsables mantienen un férreo pacto de silencio.

"Una de las grandes dificultades ha sido que no hemos encontrado colaboración", sostiene Varela. La excepción es "una revelación bajo secreto profesional que recibimos en el sentido de que aquí se había realizado una autopsia" (al ex presidente Frei). Si no hubiese sido por esa confidencia, "a lo mejor hasta el día de hoy nada sabríamos de la actividad realizada por los médicos que están procesados", agrega el letrado que representa a los Frei.